Nueva York (EFE).- Los abogados del joven Luigi Mangione, que espera a ser juzgado por el asesinato de un ejecutivo farmacéutico a tiros en una calle de Nueva York el pasado diciembre, protestaron este miércoles porque el Gobierno de Donald Trump esté «prejuzgando» el caso al vincularlo con «grupos extremistas de izquierda con los que no tiene conexión ni afiliación».
El bufete Agnifilo, que defiende a este joven de 27 años detenido desde hace casi diez meses mientras espera el juicio el próximo 1 de diciembre, ha enviado una carta a la jueza Margaret Garnett en la que piden al Gobierno que ofrezca explicaciones antes del 3 de octubre próximo por estas declaraciones de varios de sus miembros que perjudican a su cliente.
Consideran que esos argumentos «han prejuzgado inevitablemente al señor Mangione al vincularlo a acontecimientos violentos recientes» y «pintarlo como un violento radical de izquierdas», algo que puede resultarle muy perjudicial en un caso en el que Mangione se expone a la pena de muerte por el asesinato de Brian Thompson, CEO de United Healthcare.
El argumento de la defensa de Luigi Mangione
«El señor Mangione de hecho no apoya estas acciones de violencia, ni alaba la violencia política pasada o futura, ni está de ningún modo alineado con los grupos mencionados en un documento de prensa de la Casa Blanca», en referencia al mensaje emitido el pasado lunes en el que el crimen que se atribuyó a Mangione aparecía vinculado a una supuesta oleada de violencia extremista.
En apoyo de sus tesis, el bufete Agnifilo adjunta varias capturas de pantalla de interacciones en las redes sociales de altos funcionarios, algunas posteriormente borradas, en las que apoyaban la pena de muerte para Mangione.
En algún caso, como la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo abiertamente que el joven era «un asesino de extrema izquierda que disparó a Thompson por la espalda».
Para los abogados, el gobierno «sigue prejuzgando su derecho (de Mangione) a un juicio justo en un caso con pena de muerte, en violación de los derechos de la quinta y la octava enmienda».