CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este viernes 31 se realizó la primera reunión entre autoridades del Gobierno capitalino y líderes del transporte concesionado para discutir un posible incremento en la tarifa del pasaje, en medio de una tensión prolongada por la crisis financiera que enfrenta el sector.
Desde el mediodía, representantes del Frente Amplio de Transportistas (FAT), Movilidad de Vanguardia (Mova) y Grupo CISA arribaron al edificio de la Secretaría de Movilidad (Semovi), donde fueron convocados por los titulares de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; de Gobierno, César Cravioto; y de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.
El encuentro ocurre luego de que los transportistas suspendieran los bloqueos masivos que tenían previstos esta semana, tras lograr el compromiso de abrir una mesa de diálogo con la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Los gremios aseguran que las condiciones actuales de operación son “insostenibles” y que muchas rutas se encuentran en “quiebre financiero”.
Homologación o subsidio
A su llegada, Francisco Carrasco, líder del Frente Amplio de Transportistas (FAT), declaró a medios que esperan una tarifa homologada con el Estado de México, donde el pasaje mínimo es de 14 pesos, o en su defecto, un bono de combustible que alivie el costo operativo de las unidades.
“En abril pedíamos un aumento de tres pesos y un subsidio de gasolina de 13 mil pesos por unidad. Las condiciones han cambiado y ahora pedimos que nos homologuen con el Estado de México”, afirmó.
Por su parte, Jesús Padilla Zenteno, presidente de CISA, planteó la necesidad de un ajuste de al menos dos pesos y un apoyo equivalente al que recibe el Metro y el Metrobús.
Un día antes, el 30 de octubre, Padilla difundió un posicionamiento en el que advirtió que la discusión sobre tarifas no debe limitarse a un aumento económico, sino a la necesidad de replantear el modelo empresarial del transporte concesionado.
“Un sistema que se sostiene con tarifas obsoletas no puede garantizar seguridad, mantenimiento ni innovación”, declaró en el documento, al llamar a construir un nuevo pacto por la movilidad que combine sostenibilidad financiera, justicia social y transición tecnológica
Una negociación con implicaciones políticas
La reunión representa el primer acercamiento formal entre los transportistas y el gobierno de Clara Brugada, quien enfrenta el reto de mantener el equilibrio entre las presiones del sector y el impacto social de un aumento en el pasaje. El tema se ha convertido en un punto sensible para la administración capitalina, que busca proyectar una política de movilidad incluyente mientras intenta contener el desgaste económico de los concesionarios.
En los últimos diez años, el gobierno capitalino ha autorizado solo dos incrementos: en 2017 y 2022, ambos de un peso.
El sector argumenta que, sin un esquema de subsidios o tarifas actualizadas, se pondría en riesgo el empleo de miles de operadores y la continuidad del servicio en rutas periféricas.