Han pasado seis años desde aquella tarde del 4 de noviembre de 2019, cuando tres vehículos con mujeres y niños de las familias LeBarón y Langford fueron emboscados en una brecha serrana entre Sonora y Chihuahua.
La escena, que conmovió al país y al mundo, dejó un saldo de nueve personas asesinadas —tres mujeres y seis menores de edad, entre ellos bebés— y marcó uno de los episodios más brutales de violencia en la historia reciente de México.
El convoy había salido del rancho “La Mora”, comunidad mormona asentada en el municipio de Bavispe, rumbo a otro poblado de la región.
A mitad del trayecto, hombres armados les cerraron el paso y abrieron fuego sin piedad. Una de las camionetas fue incendiada, y en su interior quedaron los cuerpos calcinados de Rhonita Miller, hija de Adrián LeBarón, y de sus cuatro hijos: Howard, Krystal, Titus y Tiana. Las otras víctimas fueron también integrantes de la misma comunidad, que por generaciones ha vivido en esta zona fronteriza dedicada a la agricultura y ganadería.
Las primeras líneas de investigación apuntaron a que los atacantes, presuntamente miembros del crimen organizado, confundieron los vehículos de las familias con los de un grupo rival que disputaba el control de rutas de trasiego de drogas y armas entre Sonora y Chihuahua.
Sin embargo, con el paso de los años, las versiones se multiplicaron y las certezas fueron escasas. En la zona operan diversos cárteles, y las autoridades federales reconocieron desde el inicio la complejidad del terreno y la falta de presencia institucional.
A lo largo de la investigación se ha descubierto que en el ataque se usaron al menos 31 armas y que los agresores dispararon cerca de mil 900 balas, la mayoría provenientes de fusiles comprados en Estados Unidos. Este dato refuerza el vínculo entre la violencia mexicana y el tráfico transfronterizo de armamento, un fenómeno que ha sido denunciado repetidamente por la familia LeBarón.
En enero de 2025, un juez federal ordenó que el caso sea investigado bajo la figura de terrorismo, una decisión que representa un giro importante en la manera de tipificar este tipo de ataques contra civiles.
Meses después, en julio, fue detenido Jacinto “N”, alias El Monster, un expolicía municipal de Ciudad Juárez acusado de participar en la emboscada y vinculado a proceso por homicidio calificado, feminicidio y terrorismo. Pese a ello, la familia sostiene que la justicia no ha llegado plenamente.
“Han pasado seis años y seguimos buscando respuestas. No se ha castigado a todos los responsables ni se ha reconocido la magnitud del crimen”, dijo Adrián LeBarón, quien desde entonces se ha convertido en una de las voces más activas contra la impunidad.
Cada aniversario, los LeBarón realizan actos conmemorativos y marchas en la Ciudad de México para exigir justicia, recordando que la masacre no fue un hecho aislado, sino parte de un contexto de violencia generalizada que persiste en las zonas rurales del norte del país.