El Gobierno de México extendió hasta el 30 de noviembre de 2026 el plazo para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, con el argumento de que esta medida contribuye a reducir las brechas de desigualdad entre la población al facilitar el acceso a un medio de transporte digno y seguro.
El decreto, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, y el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.
De acuerdo con el documento, la extensión del programa busca dar continuidad a los beneficios sociales y económicos que ha generado la regularización vehicular desde su inicio en 2022, entre ellos, brindar certeza jurídica a los propietarios de automóviles usados importados de Estados Unidos y Canadá, además de fomentar la seguridad vial y el control administrativo sobre estas unidades.
El anterior decreto, publicado el 4 de noviembre de 2024, tuvo vigencia hasta el 5 de noviembre de 2025 y permitió la importación definitiva de vehículos usados que ingresaron al país sin cumplir los requisitos aduanales.
La nueva ampliación, detalla el DOF, responde a que el proceso de regularización ha demostrado un impacto positivo en la economía de las familias y en las finanzas estatales, ya que los recursos recaudados por el trámite —con un costo de 2,500 pesos por vehículo— se destinan directamente a obras de pavimentación y mejoramiento urbano en los municipios participantes.
Asimismo, el decreto reconoce que en la frontera norte del país existe una dinámica económica particular debido a la cercanía con Estados Unidos, lo que ha hecho necesario mantener condiciones favorables para la importación definitiva de vehículos usados, fortaleciendo la integración económica regional.
Desde su implementación, el programa ha permitido regularizar más de 2 millones de vehículos en distintas entidades del país, principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El Gobierno Federal reiteró que la medida no solo busca formalizar el uso de estos vehículos, sino también prevenir delitos asociados a unidades sin registro y garantizar que los automóviles circulen en condiciones legales y seguras en todo el territorio nacional.