TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Luego de un mes de mantener bloqueado el Libramiento Norte, una de las vías más importantes de la capital chiapaneca, la colectiva Madres en Resistencia, conformada por víctimas de feminicidios y desapariciones, levantó el plantón que sostenían frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).
El bloqueo inició el 6 de octubre y durante ese tiempo las madres denunciaron al menos siete intentos de desalojo, presuntamente por parte de policías municipales, transportistas, “grupos de choque” y colonos inconformes.
Días antes de concluir la protesta, un grupo de madres decidió separarse para formar una nueva organización: la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, con el propósito de continuar de manera independiente la búsqueda de sus familiares ausentes.
En el plantón participaron madres provenientes de Cintalapa, Tapachula, Arriaga, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, quienes compartieron testimonios de desapariciones recientes. Entre los casos se encuentran las desapariciones de dos jovencitas, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozabal, y Yuritzi Pérez, desaparecida en Arriaga el 19 de agosto de 2024.
“Se los llevó el Ejército”: el testimonio de Liliana Pérez
Entre las madres presentes se encontraba Liliana Pérez, de Chiapa de Corzo, quien busca a sus hijos Emanuel Nanga Pérez y Marvin Valentín Nanga Pérez, desaparecidos el 28 de febrero de 2024 durante un operativo militar en su domicilio, según su testimonio.
“Eran las cuatro de la mañana cuando escuché que pateaban la puerta”, relata doña Liliana. “Entraron personas con uniformes del Ejército y chalecos de la Fiscalía. Nos tiraron al suelo, esposaron a mi esposo y se llevaron a mis dos hijos”.
El mayor de ellos, Emanuel, tenía 19 años y era policía militar activo del Ejército mexicano, destacado en la Ciudad de México. El menor, Marvin, tenía 15 años y estudiaba en el COBACH 20 de Noviembre.
Liliana asegura que tras la desaparición de sus hijos recibió una llamada de extorsión en la que le exigieron un millón de pesos a cambio de entregarlos. Logró reunir y transferir 600 mil pesos, pero después perdió comunicación con los supuestos captores. “Me hicieron una videollamada, pero cuando se me apagó el teléfono ya no volví a saber nada”.
Intentó denunciar los hechos ante la Fiscalía estatal, pero afirma que fue intimidada por funcionarios, quienes le advirtieron que podría haber represalias. “Me dijeron que mejor no levantara la denuncia, que estaba en riesgo la vida de mis hijos”.
Posteriormente viajó junto con su esposo a la Ciudad de México para buscar apoyo en instalaciones del campo Militar número uno, donde le respondieron que a los tres días si algún elemento no se presentaba, estaba considerado como desertor, o bien su hijo “se había ido con la maña”. Desde entonces, no ha recibido avances en la investigación de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Entonces yo me retiro de ahí llorando y le digo a mi esposo: Vámonos, aquí no vamos a resolver nada.”
“Hasta la fecha no hemos tenido ningún avance. Las fichas de búsqueda de mis hijos desaparecidos no se habían difundido. Cuando entró el gobernador Eduardo Ramírez, por su discurso sobre justicia y humanismo, me dio confianza y le dije a mi esposo: “¿Sabes qué? Hay que hacer la denuncia, este gobernador me da confianza”.
El 3 de enero presenté la denuncia y ese mismo día se emitió la ficha de búsqueda.
Sobre las acciones de la fiscalía, doña Liliana relata que, “desde entonces, solo se ha realizado una búsqueda, pero fue incompleta, una “semibúsqueda”, como le dicen. También difundieron las fichas, pero no más. Cuando se llevaron a mis hijos, mi esposo logró soltarse y me gritó: “Lili, pide ayuda, yo voy por los muchachos.”
“Él tiene un camión de tres toneladas y se fue detrás de las camionetas que se los llevaron. Alcanzó a llegar hasta un rancho cerca del aeropuerto, pero ahí ya no lo dejaron pasar; el lugar estaba cerrado y custodiado. Ahí fue donde pedí que se hiciera la búsqueda. Me la autorizaron, pero solo parcialmente: no me dieron acceso completo al rancho”.
La mujer de 40 años, señala que la fiscalía no le ha informado de ningún hallazgo. “Desde el inicio proporcionamos nuestras muestras para el análisis genético, tanto mi esposo como yo”.
El 3 de enero, con la ficha de búsqueda ya emitida, se integró a la Colectiva Madres en Resistencia y desde entonces participa en las actividades. “Hasta el momento no hemos sabido absolutamente nada. No han vuelto a aparecer hombres armados en mi casa, aunque en la zona hay muchos. En las últimas semanas han desaparecido aproximadamente 18 personas”, comenta.
Sobre las desapariciones, Liliana dice que hay varios grupos armados que reclutan jóvenes a la fuerza, “aunque no tengo información precisa. Solo se escuchan rumores”.
Narra que cuando se llevaron a sus hijos, “ese mismo día huyeron 12 familias de la colonia 20 de noviembre, siete de ellas con jóvenes que eran compañeros de mis hijos —amigos, compañeros de fútbol y de andar en bicicleta. Pedí a la fiscalía que investigara a esas familias, pero no se hizo nada. Ninguna de ellas ha sido llamada a declarar, ni se han acercado a mí”.
Comenta que su esposo le apoya en el activismo, pero no le gusta hablar del tema. “Se siente culpable por no haber podido rescatar a nuestros hijos. Prefiere mantenerse alejado cuando venimos a la fiscalía o a los actos de búsqueda. Desde que puse la denuncia, no hemos recibido ningún tipo de apoyo del gobierno. No nos informan si realmente están investigando. Al contrario, sentimos abandono total”.
“Pedí búsquedas en el rancho cerca del aeropuerto, donde mi esposo perdió el rastro de las camionetas el día que se llevaron a mis hijos. Solo catearon una parte, la Fiscalía me negó acceso a las casas donde había fotos de militares. Después recibí amenazas anónimas para que dejara de buscar ahí”.
Liliana Pérez relata que el 12 de septiembre tuvo una reunión con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien, según su versión, mostró indiferencia ante las madres. “Nos dijo que, si queríamos chingar, viniéramos a chingar a la Fiscalía, y que, si queríamos quemarla, él nos apoyaba con la gasolina”, afirma.
Para ella, fue una reunión decepcionante. “Pensamos que por ser un gobierno que se dice humanista, nos iba a dar esperanza. Pero salimos llorando. No hay búsqueda real, ni apoyo psicológico, ni avances”.
Fosas clandestinas, la otra cara de la crisis
La Fiscalía General del Estado de Chiapas reconoció, a través del folio de transparencia 070136725000062, el hallazgo de 23 fosas clandestinas entre 2021 y 2024, periodo en el que se localizaron más de 50 cuerpos y restos óseos, la mayoría sin identificar.
El documento detalla un incremento constante: tres fosas en 2021, cuatro en 2022 y trece en 2024, siendo este último el año más violento. El hallazgo más grande ocurrió en el municipio de La Concordia, donde se exhumaron 12 cuerpos sin identificar.
Pese a ello, no existen registros públicos que vinculen estos hallazgos con investigaciones activas de desapariciones en curso.
Entre la esperanza y la impunidad
“Yo solo quiero recuperar a mis hijos”, dice Liliana, con la voz quebrada. “No busco culpables, solo saber dónde están. Siento que están vivos”.
Como ella, decenas de madres en Chiapas viven entre la esperanza y la desesperación, mientras las cifras de desapariciones crecen y la búsqueda de justicia se diluye entre la impunidad y el silencio oficial.
Frayba reporta más de 1,200 personas desaparecidas en Chiapas en los últimos años
Pedro Faro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), presentó cifras alarmantes sobre la desaparición de personas en Chiapas este jueves ante la visita de una comisión internacional conformada por eurodiputados y organizaciones europeas en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el obispo Raúl Vera celebrada en las puertas de la sede del poder ejecutivo estatal.
Faro, detalló el número de personas no localizadas en la entidad durante las dosadministraciones recientes. Según el informe del Frayba, la cifra de personas desaparecidas en el gobierno anterior, encabezado por Rutilio Escandón, fue de 1,204 personas.
En la actual administración que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, el Frayba reporta un total de 334 personas desaparecidas, distribuidas en 230 hombres y 109 mujeres. Las principales ciudades en donde se reporta este delito son: Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, La Concordia y Arriaga.
Marco de la Visita Internacional
La presentación de estas cifras se da justo al concluir un viaje de cooperación e intercambio en México de una delegación internacional, que incluyó a: Europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, Agencia Catalana de Cooperación y el Fons Català de Cooperació, Consejo de la Abogacía de Cataluña, Federación Interamericana de la Abogacía, Colegio de Abogados de Bolonia (Italia), entre otras.
La visita de la delegación se desarrolló del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.