Con un perfil más discreto que las grandes empresas que fabrican armas, la Planta de Municiones de Lake City, una factoría operada por la empresa Olin Winchester e instalada en una base del ejército de Estados Unidos en las afueras de Kansas City, en el estado de Missouri, está lucrando a cuesta de la violencia en México: produce balas que son utilizadas tanto por los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como por los cárteles que se disputan el control del país.
De su planta salen, entre otros, algunos de los cartuchos más letales que existen en el mercado: municiones de calibre 50, unos cilindros cercanos a los 14 centímetros y 150 gramos, que una vez expulsados del arma de guerra, a más de 900 metros por segundo, pueden “derribar helicópteros y atravesar blindajes ligeros o vidrios antibalas” a una distancia de mil 800 metros, de acuerdo con información del fabricante.
Los rifles y sus balas calibre 50 han sido usados en cerca de 100 enfrentamientos en México, de acuerdo con un recuento realizado en el contexto de esta investigación periodística en la que Procesoparticipó, y que fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Los tiroteos con armas calibre 50 incluyeron algunos de los capítulos más sonados de la guerra contra el narcotráfico en México, como el derrumbe de un helicóptero federal en 2015 durante un fallido operativo para capturar a Rubén Oseguera Cervantes (alias Nemesio Oseguera Cervantes o el Mencho), líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Un armamento similar también fue utilizado en el estallido de violencia que marcó el primer “Culiacanazo”, donde se frustró la detención de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del ChapoGuzmán, en octubre de 2019 o en el atentado de 2020 contra Omar García Harfuch en la Ciudad de México.
Entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2019 más de un centenar de sicarios del Cartel del Noreste atacaron el municipio de Villa Unión, en Coahuila, con camionetas equipadas con ametralladoras de alto calibre. Concentraron su fuego sobre el palacio municipal y el cuartel de la policía estatal hasta que las fuerzas militares contraatacaron. En la refriega fallecieron 23 personas incluyendo cuatro policías.
Después de la matanza la fiscalía estatal encontró 45 casquillos calibre 50 en distintos escenarios donde tuvieron lugar los enfrentamientos. En la parte trasera de los casquillos estaban grabadas las letras “LC”, que corresponden a su lugar de fabricación: la planta de Lake City.
Cuatro casquillos marcados con “LC” también fueron encontrados en otra escena de crimen, el 14 de octubre de 2019. Los peritos los recogieron en la Avenida Rafael Sánc la colonia Centro del municipio de Aguililla, en Michoacán, donde horas antes un grupo de sicarios del CJNG emboscó a un convoy de cinco unidades de la policía estatal con armamento pesado, incluyendo dos rifles calibre 50. El saldo fue brutal: 14 agentes fueron asesinados y dos camionetas quedaron calcinadas.
“Mi hijo mayor me preguntó: ‘¿Es cierto? Dime que no es cierto, dime que lo dicen en la tele no es cierto’. Me quedé congelada”, recuerda Brenda Aparicio Villegas, viuda de Edder Paúl Negrete Trejo, uno de los policías que murió en el atentado.
“Agarré a mis hijos, los abracé, y lo mejor que pude hacer fue decirles que el trabajo de su padre era muy inseguro y que él sabía que esto podía suceder en cualquier momento”, agrega la mujer de 38 años en entrevista para esta publicación.
Al preguntarle sobre el uso de armas calibre 50 en la emboscada que le costó la vida a su esposo, Aparicio resalta que “las armas que dan a los policías no se acercan para nada a los de este poder, y ¡algunas incluso no sirven!”; después deplora que los oficiales “tenían que comprar sus propias balas” por el caso de que se les agoten sus municiones en un tiroteo.
Proveedor de la Sedena
En febrero de 2024 Luis Cresencio Sandoval, entonces titular de la Sedena, se quejó, en una conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, que el 10 de enero anterior una bala calibre 50 logró penetrar el blindaje posterior de un vehículo militar y matar a uno de los tripulantes, mientras que otros tres resultaron heridos.
“Nos dijeron que esta fábrica Lake City no sólo le produce este tipo de municiones al ejército de Estados Unidos, sino también las puede vender a los ciudadanos”, deploró el general.
Abierta durante la Segunda Guerra Mundial para surtir municiones al ejército estadunidense, la fábrica de Lake City tiene capacidad para producir dos mil millones de balas al año y cuenta con cerca de mil 800 empleados. Se encuentra bajo control de la contratista Olin Winchester, que recibió una adjudicación de ocho mil millones de dólares del Pentágono, en octubre de 2020, para trabajar la fábrica que anteriormente era operada por Northrop Grumman.
A la par de sus contratos con el ejército, la fábrica de Lake City disparó sus ganancias cuando empezó a vender municiones a los millones de usuarios de armas de fuego estadunidenses, un mercado que abarca a uno de cada tres adultos que habitan en el país vecino.
Aunque produce mayoritariamente balas de rifles AR-15 –que han sido utilizadas en más de una docena de masacres en Estados Unidos, según determinó una investigación de The New York Times–, también fabrica proyectiles calibre 50 para el ejército estadunidense, para fuerzas castrenses aliadas y para civiles por un precio que oscila entre los tres y cuatro dólares por unidad en EU.
De hecho, empresas intermediarias como Stahl Hunter Latam han enviado cotizaciones a la Sedena para venderle balas perforantes calibre 50 de Lake City. De acuerdo con correos electrónicos de estas cotizaciones, encontradas por Proceso entre los millones de archivos internos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya, la empresa ofrecía 22 mil 330 balas por 176 mil 853 dólares. Fuentes de la institución castrense indicaron que la Sedena fabrica sus balas y surte de las armas calibre 50 con la empresa belga FN Herstal.
Documentos encontrados para esta investigación en la base de archivos internos de la Sedena muestran que la institución castrense ya ha comprado balas provenientes de la fábrica de Lake City. En 2022, por ejemplo, Defensa Nacional adquirió nueve millones 999 mil municiones de Lake City a Olin Winchester –después de recibir la autorización del Pentágono–, aunque el documento no se precisa el calibre.
Venta a civiles
Originalmente las balas calibre 50 fueron diseñadas para nutrir las primeras ametralladoras Browning, unas armas pesadas que empezaron a circular en 1918 para derribar los primeros aviones militares, desplegados en los campos de batalla durante la Primera Guerra Mundial.
En 1982, después de más de seis décadas de perfeccionamiento de esta herramienta letal, salió el primer rifle calibre 50, que una persona puede portar y utilizar para disparar balas de gran poder a distancias de más de dos kilómetros; a la par del rifle los ingenieros sofisticaron las municiones y crearon variantes de balas “perforantes” de blindajes, “trazadoras”, “incendiarias” o “explosivas”, con un importante potencial de destrucción.
Pese a una ley que regula la venta de este calibre perforante a civiles, aprobada por el Congreso en 1999, las empresas que gravitaban alrededor de la fábrica de Lake City –como la contratista ATK– vendieron a ejércitos de otros países los excedentes de municiones que tenían.
A partir de 2008, empresas revendedoras ofrecieron estas balas al público en general; recibieron la luz verde del Pentágono a cambio de garantizar al ejército estadunidense que le seguiría surtiendo millones de balas cada año; cuando la fábrica de Lake City pasó de Northrop Grunman a Olin Winchester, unas empresas compraron balas incendiarias y perforantes, y las vendieron al público.
Al respecto, Northrop Grumman respondió para este trabajo periodístico que “cumplió totalmente con las obligaciones del contrato con el gobierno en las ventas de las municiones” durante el tiempo en que operó la fábrica de Lake City. En cambio, Olin Winchester, que no ha transparentado su política sobre la venta de municiones de Lake City al público en general, no respondió a una lista de preguntas enviadas por el ICIJ. Sin embargo, en el contexto de esta investigación, se encontraron balas incendiarias y perforantes de Winchester a la venta en sitios de revendedores.
Lake City no es la única fuente que ofrece balas calibre 50 al mercado civil estadunidense; existen otros fabricantes que la Sedena tiene identificados, como la Hornady Manufacturing Company, fundada en Nebraska en 1949, que vende municiones de toda naturaleza –incluyendo para armas de guerra– supuestamente para cazar animales, aunque para atraer a clientes la compañía adoptó un lema morboso: “Atinado, mortal, confiable”.
Armas favoritas
Previo a 2008 existía un mercado muy reducido para las balas calibre 50 en Estados Unidos, donde escasos grupos de fanáticos se reunían para satisfacer sus gustos. Existía incluso un pequeño mercado negro que ingresaba las municiones de contrabando a México.
A partir de los noventa algunos grupos criminales de México han utilizado de manera esporádica rifles de ese calibre fabricados en Estados Unidos. Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas General (GAO) de Estados Unidos (el equivalente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mexicana), elaborado en 1999, expuso que las agencias de seguridad estadunidense identificaron una red de tráfico de calibres 50 a México “para ser utilizadas por los cárteles de la droga”.
Ese documento destacó que en 1996 el gobierno mexicano pidió al de EU que rastreé un rifle calibre 50 decomisado entre 100 rifles AK47 en la escena del crimen “de un homicidio múltiple que involucró un tiroteo con miembros del narcotráfico en Sinaloa”.
A partir de la declaración de la “guerra contra el narcotráfico”, hecha por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006, los grupos criminales diversificaron su arsenal para competir entre ellos y rivalizar –o en ocasiones superar– al armamento de las autoridades, especialmente locales.
Apenas dos años más tarde la fábrica de Lake City empezó a vender al público sus balas de grueso calibre que llegaron a conseguirse en cadenas comerciales como Walmart. Coincidencia o no, el 22 de enero de 2009 –es decir, meses después–, soldados de la Sedena decomisaron un rifle de guerra calibre 50 de la marca Barrett, en Baja California. Menos de dos meses después la Sedena confiscó cuatro armas similares en Sinaloa, y en las semanas siguientes multiplicó los hallazgos en Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Hidalgo, Sonora, Tamaulipas y en el Estado de México.
El flujo de estas armas de guerra formó un raudal que nunca se secó: entre enero de 2009 y junio de 2024 las Fuerzas Armadas han decomisado mil 132 rifles calibre 50 y más de 113 mil 603 de esas balas en México, según informó la Sedena a una solicitud de información de Proceso. Las autoridades de Estados Unidos, por su parte, han confiscado 40 mil 370 balas de ese poder de fuego en su frontera con México desde 2012; una tercera parte de ellas provenía de la fábrica de Lake City, y estaban destinadas a cruzar la frontera de manera ilegal para nutrir la violencia en suelo mexicano.
En octubre de 2009, por ejemplo, las autoridades estadunidenses decomisaron 100 balas fabricadas en Lake City, tras una solicitud de cooperación del gobierno de México, que acababa de confiscar un centenar de armas –incluyendo al menos un rifle calibre 50– de un grupo criminal.
De acuerdo con la lista de decomisos de la Sedena, 528 rifles calibre 50 fueron confiscados en Tamaulipas, 127 en Michoacán, 111 en Sonora, 102 en Sinaloa, 57 en Jalisco, 38 en Nuevo León y 37 en Chihuahua, estados donde han operado los grupos criminales más poderosos de la última década y media, como los Zetas, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana o el CJNG.
La cantidad de esos rifles y municiones confiscados por el gobierno mexicano parece pequeña si se compara con las 203 mil 43 armas de fuego decomisados por la Sedena en el país desde enero de 2006; la mayor parte de ellas eran pistolas, fusiles y rifles de asalto y escopetas, de acuerdo con otra respuesta a una solicitud de información. Pero los calibres 50 representan un riesgo extra, debido a su potencial de destrucción.
Mar de hierro
En la demanda que presentó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador contra seis empresas manufactureras de armas de Estados Unidos, el gobierno mexicano destacó que la fábrica de Barrett, ubicada en Murfreesboro, Tennessee, produce rifles calibre 50 “apreciados por cárteles de la droga”; el gobierno intentó condenar a las empresas por vender armas a sabiendas que serían traficadas a México, pero la Suprema Corte de Estados Unidos desechó la demanda en junio último.
De acuerdo con la base de datos de armas decomisadas de la Sedena, más de la mitad de los rifles calibre 50 confiscados desde 2009 provenía de esta manufacturera de Barrett, y una parte no menor (28%) no era identificada. Los restantes estaban estampillados por Browning, Bushmaster, Barrel, Remington y de otras marcas.
Si bien el tema de estas armas de guerra lleva años en la agenda pública de México, las municiones han pasado por debajo del radar de los medios y de las autoridades. Antes de presentar su demanda contra las empresas manufactureras de armas de Estados Unidos ante la corte de Boston, el equipo de Marcelo Ebrard Casaubón en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contempló la posibilidad de llevar el tema del tráfico de balas ante la justicia, pero una serie de obstáculos le llevó a abandonar la idea.
Según un integrante del entonces equipo jurídico de la Cancillería, consultado para este trabajo, se determinó que resultaría prácticamente imposible establecer nexos causales entre asesinatos perpetrados en México y las fabricantes de municiones, y sobre todo probar que éstas realizan ventas de manera negligente, es decir, a sabiendas que sus cartuchos están destinados a ser traficados a México.
A diferencia de las armas, resulta más difícil para las autoridades rastrear la cadena de negligencias que vincula una bala con el contrabando, y la cooperación entre México y Estados Unidos para rastrear las balas y compartir información en materia balística es casi nula, pese a las declaraciones conjuntas que suelen publicar las administraciones de ambos países después de reuniones bilaterales en materia de seguridad.
Pese a ello, las balas de Estados Unidos inundan a su vecino del sur. Entre 2014 y octubre de 2024 la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) confiscó un millón 328 mil municiones en los puntos fronterizos del país, según informó la agencia en respuesta a una solicitud de información; las autoridades estadunidenses, por su parte, han confiscado cinco millones 920 mil balas en los estados fronterizos con México entre 2012 y 2024.
En julio de 2020 las autoridades de EU detuvieron a un grupo de traficantes de armas compradas en una tienda de Phoenix, Arizona, y destinadas a ser revendidas al CJNG; el expediente judicial destacó que, entre las balas y las armas decomisadas, se encontraban 10 mil 210 municiones calibre 50 de Lake City, incluyendo perforantes de blindaje e incendiarias.
Helicópteros
De acuerdo con fuentes de la Sedena consultadas para esta investigación, los rifles calibre 50 sirven a los cárteles más para exhibir su poder que para darle una ventaja estratégica real. Un rifle de ese tipo mide un metro 40, pesa más de 13 kilos y requiere que el gatillero reciba un adiestramiento especial para utilizarlo, pues no son armas fáciles de manipular, y alcanzan su máximo potencial con una larga distancia.
Aun así, esas armas son utilizadas cuando grupos criminales buscan rivalizar con las fuerzas de seguridad del Estado.
El 4 de octubre de 2021, en plena guerra entre el CJNG, Cárteles Unidos y el gobierno federal por el control de Michoacán, Miguel Ángel Fernández Valencia, líder de una cédula del Cártel Jalisco en los municipios de Tepalcatepec y Aguililla, en Michoacán, emitió órdenes a sus subordinados para impedir el ingreso de hombres armados de Cárteles Unidos, un grupo al que acusó de estar “apoyado por el gobierno”, según un informe de inteligencia elaborado con base en la intervención de sus comunicaciones.
En previsión del combate venidero, Fernández Valencia exigió que “toda la gente tenga sus cargadores abastecidos” y solicitó “cartuchos de calibre 0.50, que son los que hacen falta, así como un dron grande”.
Información recopilada por el ICIJ para este trabajo periodístico muestra que armas de calibre 50 han sido utilizadas por grupos criminales contra helicópteros del gobierno federal. Así, en mayo de 2011, durante un operativo de la Policía Federal, unos sicarios de la Familia Michoacana dispararon con un rifle calibre 50 contra los cuatro helicópteros de la corporación policiaca desplegados.
Una bala atravesó el blindaje de uno de los vehículos e hirió a dos uniformados a bordo, lo que obligó al piloto a operar un aterrizaje de emergencia. Durante esa operación los federales eliminaron a 11 delincuentes, y encontró 70 rifles, incluyendo uno de calibre 50.
Pero otro caso marcó un hito en la llamada guerra contra el narcotráfico: el 1 de mayo de 2015 soldados de élite de la Fuerza Especial de Reacción participaron en un operativo para capturar a el Mencho, jefe del CJNG; un primer grupo de soldados saltó en paracaídas de un avión para llegar a un punto del tramo carretero Casimiro Castillo–Villa Purificación, donde la Sedena detectó la presencia del capo.
Cuando vieron a los paracaidistas, los delincuentes se subieron a sus camionetas y empezaron a huir; una hora más tarde otro grupo de soldados de la Fuerza Especial de Reacción arribó al lugar en un helicóptero Cougar matrícula 1009. Desde sus vehículos “individuos que portaban armas largas”, incluyendo calibre 50, dispararon contra la aeronave, según un informe confidencial enviado ese día al general Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Sedena.
De acuerdo con ese documento, un proyectil impactó el rotor de cola y causó un incendio; el piloto perdió el control y el helicóptero se precipitó; tres tripulantes fallecieron y ocho fueron lesionados en una escena de caos, que permitió a Oseguera y a sus sicarios darse a la fuga.
*Ben Dooley, Isabella Cota, Emiliano Rodríguez Mega, Paulina Villegas Vargas, Jesús Escudero, Miguel Fiandor Gutiérrez y Delphine Reuter contribuyeron en esta investigación.