XALAPA, Ver. (apro).- – Un grupo de 17 organizaciones civiles afirmó que el actual derrame de hidrocarburos en el Golfo de México no comenzó en marzo de 2026, cuando se reportó la llegada de residuos a playas de Veracruz y Tabasco, sino desde inicios de febrero, en torno a infraestructura petrolera de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En un pronunciamiento conjunto, señalaron que el vertido “alcanzó una magnitud que vuelve inverosímil cualquier alegato de desconocimiento”, al tiempo que acusaron una falta de información oportuna hacia la población.
De acuerdo con la investigación de las organizaciones firmantes, “desde el 6 de febrero comenzaron a observarse manchas de hidrocarburos” en la zona marina frente a Campeche, específicamente sobre un ducto de 36 pulgadas.
“El 7 de febrero llegó al sitio el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos, operado por Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V., bajo contrato con Pemex Exploración y Producción. Durante los siguientes ocho días permaneció sobre el ducto OLD AK C, una línea activa que transporta crudo entre la plataforma AKAL-C y la Terminal Marítima Dos Bocas”, señalaron las organizaciones.
Las organizaciones indicaron que durante ese periodo “las imágenes satelitales mostraron una mancha de hidrocarburos que para el 19 de febrero alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados”, además de la presencia de embarcaciones realizando maniobras de dispersión.
Sin embargo, subrayaron que “lo que no ocurrió fue una alerta pública inmediata”.
El documento refiere que, semanas después, el hidrocarburo comenzó a llegar a las costas del Golfo. “Para el 21 de marzo ya se documentaban 630 kilómetros de litoral afectados”, con presencia de chapopote en playas, manglares y zonas arrecifales, así como impactos en fauna y actividades productivas.
Las organizaciones sostuvieron que esta secuencia “muestra que hubo conocimiento temprano del vertido, intervención operativa en la zona y, pese a ello, una decisión de no alertar públicamente”.
Añadieron que posteriormente las autoridades federales ubicaron el inicio de la contingencia en marzo y atribuyeron el contaminante a diversas fuentes, lo que, a su juicio, “sembró la idea de que el origen seguía siendo incierto o natural”.
Las organizaciones cuestionaron el pronunciamiento de la Secretaría de Marina, quien señaló que investigaban tres fuentes del derrame: un buque no identificado en inmediaciones de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales, incluida una en la zona de Cantarell.
En el pronunciamiento, las organizaciones afirmaron que la evidencia disponible contradice esa versión, al señalar que “no es creíble sostener que nadie sabía de dónde venía el derrame” ante la presencia de un buque especializado operando durante varios días en la zona.
Indicaron que “no es una simple diferencia de versiones. Es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido”, lo cual, dijeron, tiene implicaciones en la aplicación del Plan Nacional de Contingencia para Derrames.
Explicaron que este protocolo obliga a emitir avisos inmediatos, identificar la fuente y coordinar la respuesta institucional, por lo que “ocultar la fuente y omitir al responsable (…) también diluye o retrasa la obligación de pagar por el daño causado”.
“Nada de eso fue transparentado a tiempo a la población costera. Mientras el hidrocarburo avanzaba en el mar, deliberadamente se omitió alertar a las comunidades sobre la magnitud real del vertido, su origen probable y sus riesgos. Ese ocultamiento tuvo consecuencias directas: impidió la preparación temprana de las comunidades, retrasó la presión pública para contener el derrame en origen y dejó a poblaciones pesqueras y costeras enfrentando el arribo del chapopote sin información suficiente, sin protección adecuada y sin certeza sobre los daños a la salud, a los ecosistemas y a sus medios de vida”, alertaron.
Científicos también hallaron hidrocarburo desde inicios de febrero
La investigación de las organizaciones coincide con los hallazgos del Sistema de Detección y Monitoreo de Hidrocarburos Marinos que conforman varias instituciones científicas, entre ellas, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas, ECOSUR y la Universidad Autónoma de Baja California.
En su informe, señalaron que desde el 8 de febrero se han detectado una serie de anomalías asociadas a la Presencia de Posible Petróleo (PPP) en el sur del Golfo de México. Estas detecciones de PPP se confirman por más de 70 imágenes satelitales de distintos sensores, tanto de Radar de Apertura Sintética (Sentinel1) como multiespectrales (Planet-DOVE, Sentinel 2, Landsat, MODIS y VIIRS). Las primeras detecciones se ubicaron entre 10 y 100 kilómetros fuera de la costa de Tabasco y Campeche.
“Estas detecciones se han mantenido por varias semanas extendiéndose a la costa de Veracruz y amplias áreas marinas. Se incluyen también detecciones de PPP en las inmediaciones de Dos Bocas, aunque con extensiones menores”, señala el informe
Los especialistas también contradicen las versiones de la Marina sobre que el origen del derrame puedan ser chapopoteras naturales y advierten: “la probabilidad de que la PPP detectada en esta serie derive de chapopoteras es baja, debido a su extensión, concentración, forma y duración”
Asimismo, señalaron que “se observó consistentemente PPP de altas concentraciones en el Golfo de México” y que hubo “detecciones de color verdadero de petróleo desde el 13 de febrero en Abkatún, corroboradas por distintos sensores y en varios días consecutivos”.
Organizaciones exigen aclarar
Las organizaciones demandaron al grupo interinstitucional integrado por dependencias federales que informe con claridad sobre lo ocurrido.
Entre sus exigencias, plantearon que las autoridades expliquen “desde cuándo conocían el vertido”, identifiquen a los responsables, transparenten los documentos generados conforme al protocolo y detallen las acciones de contención, restauración e indemnización.
También solicitaron que se informe “si ya se iniciaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República”.
Finalmente, advirtieron que “la población del Golfo de México tiene derecho a saber la verdad” y que las comunidades afectadas deben ser informadas, protegidas y atendidas.
“Lo que ocurrió no puede reducirse a un problema de comunicación. Hay responsabilidades legales y políticas. ¿Quién decidió no informar públicamente desde febrero sobre un vertido de gran magnitud en torno a la infraestructura petrolera de Pemex? ¿Quién decidió desplazar la atención hacia marzo y hacia supuestas causas naturales? ¿Quién responderá por las comunidades que no fueron alertadas a tiempo y por los ecosistemas afectados?”, señalaron.
El pronunciamiento fue respaldado por 17 organizaciones, entre ellas Alianza Mexicana contra el Fracking, Amigos del Río San Rodrigo, CartoCrítica, CEDICAR, CEMDA, Conexiones Climáticas, CORASON Defensa del Territorio, Engenera AC, Espacio DESCA, Geocomunes, Greenpeace México, LINGO, Nuestro Futuro, RG Asesoría Legal, TerraVida, Vo.Bo. Asesores Integrales y Wildlands Network Programa México.