SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Una grave crisis de violencia, drogadicción, inseguridad y descomposición social azota a los pueblos originarios de la región Altos de Chiapas, alertó la Parroquia de San Pedro Apóstol Mártir del municipio tsotsil de Chenalhó en un enérgico pronunciamiento dirigido a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil.
En el contexto de la Semana Santa, el Consejo Parroquial y el equipo pastoral advirtieron que la violencia se ha normalizado, afectando profundamente la vida cotidiana y la paz de las familias en comunidades indígenas.
Uno de los señalamientos más contundentes es el aumento del consumo excesivo de alcohol y drogas. -afirman- el posh ha dejado de ser una bebida sagrada y tradicional para convertirse en un negocio lucrativo vinculado a intereses políticos y económicos.
Esta situación ha derivado en la proliferación de cantinas donde, denuncian, se explota a mujeres jóvenes e incluso a menores de edad, además de la expansión del narcomenudeo, que ya alcanza espacios tan sensibles como los centros escolares.
“Creemos que existen muchos intereses económicos y políticos que favorecen el abuso de estas bebidas. Tenemos muchos años viéndolo como un problema grave de salud pública, que ha llevado al pueblo a pasar del consumo a la violencia, que actualmente se ve como si fuera normal, sin medidas para contener sus efectos, que en ocasiones han provocado enfermedad y muerte”, señala el documento.
La parroquia también puso especial énfasis en el delito de la usura, al condenar los préstamos con intereses excesivos que están despojando a campesinos de sus tierras y viviendas. Estos actos, subraya, constituyen una grave violación a los derechos humanos, al enriquecer a unos cuantos a costa de la necesidad y vulnerabilidad de los más pobres.
Desplazamiento forzado y crimen organizado
El comunicado expone además el sufrimiento de familias víctimas de desplazamiento forzado, quienes no pueden regresar a sus comunidades debido a la presencia consolidada del crimen organizado.
“Nos duele ver a los desplazados fuera de su comunidad, sin condiciones de retornar a sus casas. Hemos escuchado que el crimen organizado se ha instalado en la comunidad, de donde, como todos sabemos, salieron forzadamente, con la intervención de autoridades municipales. También nos preocupan las detonaciones de armas y la tala de árboles en comunidades ubicadas entre los límites de Chenalhó y Pantelhó”, añade.
Según el reporte, estas actividades ilícitas ocurren sin intervención de las autoridades, lo que sugiere omisión o incluso complicidad.
La Iglesia fue más allá al señalar presuntos vínculos entre funcionarios locales y grupos armados, denunciando un contexto de corrupción que agrava la crisis de seguridad.
“Ustedes están a tiempo, no de lavarse las manos como Pilato, sino de poner los medios para atender la seguridad del pueblo”, señala el documento firmado por representantes parroquiales y el párroco Jacobo Pérez Jiménez.
Ante este panorama, la comunidad eclesial exigió acciones concretas: implementar políticas públicas para prevenir adicciones entre jóvenes; clausurar cantinas que fomentan la explotación sexual; investigar y sancionar a autoridades corruptas; garantizar justicia para las víctimas de usureros, y desarmar de manera inmediata a los grupos armados que operan en la región.
El pronunciamiento concluye con un llamado firme a la verdad y la justicia, al advertir que el silencio ya no es opción frente a una realidad marcada por el sufrimiento de mujeres, hombres y niños en los Altos de Chiapas.