EFE.- La Agencia Tributaria española, representada por la Abogacía del Estado, se personó —se hizo presente de manera formal—este jueves en la causa que investiga las joyas halladas en una caja fuerte de la oficina del expresidente socialista del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que una tasación judicial valoró en 1.3 millones de euros.
La personación se produce después de que el juez José Luis Calama ofreciera a la hacienda pública hacerse presente en esta investigación, una pieza separada del caso sobre sospechas de tráfico de influencias en la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros (60 millones 649 mil 225 dólares) a la aerolínea Plus Ultra en 2021, en el que Rodríguez Zapatero está imputado.
El juez, magistrado de la Audiencia Nacional, considera a la Agencia Tributaria como «potencial perjudicada» por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la hacienda pública y otro de contrabando en relación con las joyas.
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La naturaleza de los hechos investigados, exponía Calama en un auto, «revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria», lo que la legitima, a su juicio, para «ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes».
Rodríguez Zapatero, que declaró ante el juez el 17 de junio por el caso Plus Ultra, declinó dar explicaciones entonces sobre el origen y la situación tributaria de las 80 joyas encontradas por la policía durante un registro de su oficina, un asunto que ha levantado gran polvareda política y mediática.
El exgobernante español dijo que hablaría sobre las piedras de alto valor en el plazo de una semana o 10 días, si bien aún no se ha producido ningún movimiento por su parte.
Sobre el préstamo público de Plus Ultra, concedido durante la crisis de la pandemia, negó haber ejercido influencia para favorecer a la aerolínea, según indicaron entonces a EFE fuentes jurídicas.
Rodríguez Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, declaró por sospechas de tráfico de influencias, organizacióncriminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El antiguo líder del Partido Socialista español gobernó entre 2004 y finales de 2011.