Los 33 implicados en una red de asignación y explotación ilícita de plazas gubernamentales que operaba mediante los llamados “aviadores” mantenían un estilo de vida con lujos como viajes al extranjero, además de poseer vehículos y bienes de alta gama, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La institución informó el viernes que ejerció acción penal contra 33 servidores y exservidores públicos, 27 de ellos detenidos, y de los cuales 26 ya fueron vinculados a proceso por un juez.
De acuerdo con la fiscalía, esta red operaba desde el 2021 mediante la asignación de plazas a personas que no realizaban las funciones para las que fueron contratadas, o que sin desempeñar el cargo cobraban un salario para sí o para terceros. Estas acciones provocaron un daño al erario del Estado de México superior a los 96 millones de pesos.
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Según el expediente, los gastos de los implicados no correspondían con los sueldos de un servidor público, ya que se identificó que realizaban viajes a destinos como París, Dubái, Las Vegas, Islas del Caribe, China o Egipto.
“Además utilizaban vehículos, prendas y accesorios de alta gama y habitaban inmuebles de alta plusvalía”, dice un comunicado de la FGJEM.
El pasado 4 de mayo, el representante legal de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Secti) denunció los hechos al identificar 459 movimientos de alta de personal en plazas de docentes y que los supuestos servidores públicos no ejercían función alguna.
La investigación estableció que en este esquema supuestamente participaron dos subsecretarios de la administración estatal 2017-2023, así como coordinadores y delegados administrativos, directores de área y subdirectores, tanto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad, así como de la Oficialía Mayor (OM) y la SECTI.
Las autoridades identificaron que varios de los involucrados tenían una relación familiar o de estrecha confianza y que los servidores públicos que dejaban sus cargos continuaban en el esquema.
Según el comunicado, había servidores públicos que fungían como “reclutadores” de personas de confianza. Asimismo, a los titulares de las plazas se les entregaba una mínima parte del sueldo, por ejemplo, 6 mil pesos de 200 mil cobrados, mientras que los cabecillas se quedaban con el resto.