EFE.- Un tribunal de la provincia oriental china de Jiangsu condenó este lunes a pena de muerte a Yang Youlin, ex alto cargo del comité gestor de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing (este), por aceptar sobornos por más de 2 mil 214 millones de yuanes (308.7 millones de dólares), además de otros delitos económicos.

El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou declaró a Yang culpable de soborno, malversación, pago de sobornos, apropiación indebida de fondos públicos, abuso de poder y blanqueo de capitales, según el fallo difundido por la corte, de acuerdo con el diario Legal Daily.

La sentencia incluye la privación de derechos políticos de por vida y la confiscación de todos sus bienes personales.

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La corte ordenó además que los bienes ilícitos recuperados y sus rendimientos sean entregados al Tesoro estatal, mientras que las cantidades pendientes seguirán siendo reclamadas.

Según el fallo, entre 1993 y 2023 Yang utilizó los distintos cargos que ocupó en organismos de desarrollo económico, urbanismo, construcción y turismo de Nanjing, capital de Jiangsu, una de las provincias económicamente más desarrolladas de China, para favorecer a empresas y particulares en adjudicaciones de obras, operaciones empresariales, cesión de terrenos y circulación de fondos.

A cambio, recibió bienes por un valor total superior a 2 mil 214 millones de yuanes (308.7 millones de dólares).

El tribunal calificó la cuantía de los sobornos de «especialmente enorme», señaló que el caso tuvo un «impacto social especialmente negativo» y consideró que los delitos causaron pérdidas particularmente graves a los intereses del Estado y de la ciudadanía.

Aunque Yang aportó información sobre delitos cometidos por otras personas, la corte estimó que esa cooperación no bastaba para justificar una reducción de la pena.

En China son habituales en grandes casos de corrupción las condenas a muerte suspendidas durante dos años, que suelen conmutarse por cadena perpetua si el condenado no comete nuevos delitos durante ese periodo.

Las penas de muerte sin suspensión son menos frecuentes en este tipo de casos y se reservan para supuestos considerados de extrema gravedad.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles y responsables de empresas estatales.

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