Topolobampo, Sinaloa. — Ante las crecientes preocupaciones por el impacto en el ecosistema y la identidad cultural, la Secretaría de Economía (SE) hizo un llamado contundente a respetar las creencias y el sistema normativo del pueblo Mayo-Yoreme durante el desarrollo del proyecto de la planta de amoníaco en Topolobampo, a cargo de la firma Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la suiza Proman.
Mesa de diálogo: perspectivas enfrentadas
Este sábado se llevó a cabo la segunda mesa de diálogo encabezada por la Subsecretaría de Industria y Comercio, en la que convergieron representantes del Gobierno federal, cooperativas pesqueras y directivos de la empresa.
Mientras la compañía subrayó su disposición a colaborar y presentó los beneficios económicos del proyecto, los representantes Mayo-Yoreme insistieron en que la Bahía de Ohuira no es solo un recurso económico, sino el eje de su vida ancestral. Advirtieron que la planta pone en riesgo la pesca, principal fuente de sustento de la región.
Propuestas para la conciliación
Ante la polarización, el Gobierno de México propuso una ruta de acción que busca equilibrar el desarrollo regional con la preservación cultural:
– Alternativas económicas: Se explorarán opciones que salvaguarden las prácticas pesqueras, la comercialización del camarón y la certificación de productos agrícolas y pesqueros del pueblo Mayo-Yoreme.
– Gestión independiente: El gobierno estatal y federal diseñará un programa de desarrollo comunitario específico, excluyendo a la empresa de la administración de los beneficios sociales para garantizar la transparencia.
– Inclusión integral: Se acordó integrar a las comunidades originarias en el análisis del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, asegurando que su voz sea determinante en las decisiones sobre su territorio.
Compromiso bajo la lupa
La Secretaría de Economía enfatizó que las mesas de diálogo son permanentes y que cualquier avance técnico se someterá a un análisis exhaustivo. La administración federal reiteró su compromiso de que las decisiones públicas se edifiquen bajo los principios de transparencia, respeto a los derechos humanos y, fundamentalmente, el reconocimiento a la relación histórica que el pueblo Mayo-Yoreme sostiene con su territorio.
Por ahora, el proyecto se mantiene bajo el escrutinio de un diálogo que busca definir si la modernización industrial puede coexistir con la preservación de una de las culturas originarias más arraigadas del noroeste mexicano.