Ciudad de México.- De último minuto, apenas al inicio de esta semana, la Fiscalía General de la República metió a Ernesto Ruffo, socio y fundador de la empresa Ingemar, en la investigación donde se le imputa ser uno de los líderes de una organización criminal dedicada al “huachicol fiscal”.
Constancias judiciales revelan que hace un mes la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) de la FGR, había pedido 23 órdenes de aprehensión contra los implicados en esta presunta red en la que participa Ingemar, sin embargo el exgobernador de Baja California no estaba en esa lista.
El 22 de junio, el juez de carrera judicial Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, negó todas esas aprehensiones porque estimó que la FGR no fundamentó sus “inferencias probatorias”.
Sin embargo, el pasado lunes la FGR volvió a pedir las mismas órdenes de captura, pero esta vez agregó a dos nuevos imputados a la lista, uno de ellos era Ruffo Appel, a quien esta vez señaló como líder de la organización criminal.
El otro es Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, accionista de Mapror de Hidrocarburos, y Lambrucar, supuestas implicadas en la dispersión de recursos mediante pagos simulados.
En este segundo intento, la Femdo ya no llevó el expediente ante el mismo juez, sino acudió con Alejandra Ramírez de la Vega, una juzgadora de elección popular adscrita al mismo Centro de Justicia, quien al día siguiente giró los mandamientos de captura.
La orden de aprehensión contra Ruffo Appel y los otros 24 imputados fue librada por delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando.
Evasión fiscal
El exgobernador de Baja California fue imputado por la importación de más de 2 mil 137 millones de litros de petrolíferos, de los cuales 18 millones se aseguraron y causaron un daño al fisco de más de 166 millones de pesos.
La FGR lo considera, junto con otros cuatro imputados, liderar una organización criminal que de 2019 a 2026, importó petrolíferos declarando en los pedimentos aduanales el 10% de lo realmente transportado, omitiendo el pago total del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto Valor Agregado (IVA).
La supuesta operación del huachicol fiscal habría sido a través de 11 empresas en distintas entidades del país, entre las cuales tenían un papel central Ingemar –de la que el exgobernador era socio fundador– y Servicios Aduanales JR, cuyo dueño Armando III Riestra Fernández está preso desde enero en el penal del Altiplano.