Ciudad de México.- La audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete presuntos integrantes de una red dedicada al llamado huachicol fiscal se convirtió en una de las diligencias penales de mayor duración y repercusión política de los últimos meses.
Mientras el Ministerio Público expone decenas de datos de prueba para sostener la acusación, familiares del exmandatario y dirigentes de oposición denunciaron presuntas irregularidades en el proceso, cuestionaron la actuación de la autoridad judicial y acusaron un uso político de la justicia.
Luego de una audiencia que se prolongó hasta las 5 de la madrugada del sábado, la jueza federal decretó un receso de poco más de cuatro horas y reanudó la diligencia a las 09:39 horas en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el penal del Altiplano. La sesión continuó con el desahogo de las pruebas presentadas por la Fiscalía, mientras la defensa respondió a cada uno de los señalamientos formulados por la representación social.
La audiencia había sido programada originalmente para las 13:00 horas del viernes; sin embargo, diversos recesos retrasaron el inicio formal del procedimiento hasta alrededor de las 22:00 horas. El volumen de evidencia aportada por la FGR y los constantes intercambios entre las partes provocaron que la diligencia se extendiera durante toda la madrugada y continuara al día siguiente.
De qué lo acusan
La Fiscalía pretende imputar a Ruffo los delitos de delincuencia organizada, ilícitos en materia de hidrocarburos y contrabando. En caso de que la autoridad judicial considere procedentes las acusaciones, los dos primeros delitos contemplan la aplicación de prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar que ha sido motivo de controversia por su carácter automático.
De acuerdo con la investigación ministerial, Ruffo habría desempeñado un papel de liderazgo dentro de una organización que, entre 2019 y 2026, presuntamente importó combustibles declarando en los pedimentos aduanales sólo una parte del volumen realmente ingresado al país. Según la acusación, ese mecanismo permitió evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), generando un presunto perjuicio para la hacienda pública.
Además del exgobernador comparece entre los otros siete imputados, su socio, Ricardo Thompson Navarro.
Sale hija de Ruffo en su defensa
Mientras la audiencia seguía su curso, la defensa pública de Ruffo tomó un giro político y mediático. Verónica Ruffo, hija del exmandatario, difundió un mensaje en video en el que exigió que el proceso se conduzca con estricto apego a la ley, respeto a la presunción de inocencia y plena transparencia.
La hija del exgobernador denunció que su padre fue detenido en su domicilio de Ensenada y trasladado a más de 2 mil kilómetros de distancia antes de que un juez analizara las pruebas presentadas por la Fiscalía. También afirmó que el exmandatario, de 74 años, recibió un trato indigno y humillante y permanecía sin posibilidad de comunicarse con su familia durante las primeras horas posteriores a su captura.
En su posicionamiento sostuvo que Ruffo nunca intentó sustraerse de la acción de la justicia y recordó que, desde que fue mencionado en las investigaciones de la FGR, acudió voluntariamente a declarar para responder a los señalamientos. Por ello, pidió que el proceso se resuelva con base en pruebas y no mediante una “condena política anticipada”. Asimismo, solicitó a ciudadanos y organizaciones respaldar la exigencia de un juicio justo.
Se suman al apoyo
Las reacciones no tardaron en trasladarse al terreno político. Diversos actores de oposición afirmaron que la integración de Ruffo al expediente y la forma en que se obtuvieron las órdenes de captura despiertan dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial.
El asesor jurídico del PAN, Roberto Gil Zuarth, aseguró que previamente un juez de carrera rechazó 23 órdenes de aprehensión al considerar que la Fiscalía sustentaba sus solicitudes en inferencias sin fundamento. Afirmó que, semanas después, la misma investigación fue presentada nuevamente, ahora con dos imputados adicionales —entre ellos Ruffo— ante una jueza electa mediante voto popular que concedió las órdenes en un lapso de 24 horas.
Para Gil Zuarth, el caso representa un ejemplo de cómo la reforma judicial puede afectar la independencia de los juzgadores. Afirmó que la Fiscalía “no mejoró su prueba, mejoró su juez”, y advirtió que cuando el resultado de un proceso depende del juzgador seleccionado, la imparcialidad de la justicia queda comprometida. También criticó que la audiencia se desarrollara a puerta cerrada, sin acceso para familiares, medios de comunicación ni público, pese al principio constitucional de publicidad de los procesos penales.
Ven justicia selectiva
En la misma línea, el diputado panista Germán Martínez sostuvo que el expediente constituye un ejemplo de justicia selectiva y aseguró que el cambio en la situación jurídica del exgobernador ocurrió de manera inesperada, pese a que anteriormente había comparecido como testigo ante las autoridades. El legislador consideró que el caso evidencia un deterioro institucional del Poder Judicial y advirtió que cualquier ciudadano podría enfrentar circunstancias similares.
Las críticas fueron respaldadas por el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring; el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, y el senador Marko Cortés. Los tres coincidieron en que la aplicación de la ley debe realizarse sin distinciones partidistas y demandaron que el proceso se conduzca con transparencia.
Döring sostuvo que la incorporación de Ruffo al expediente respondió a intereses políticos y recordó otros casos que, a su juicio, reflejan un uso discrecional de la procuración de justicia. Gibrán Ramírez afirmó que la detención confirma las preocupaciones planteadas durante la discusión de la REFORMA JUDICIAL, al considerar que la elección popular de jueces podría derivar en decisiones influenciadas por intereses políticos. Incluso señaló que, si la investigación se profundiza, las autoridades tendrían que indagar posibles vínculos de otros actores relacionados con el negocio del combustible en Baja California.
Por su parte, Marko Cortés insistió en que las investigaciones deben aplicarse con el mismo rigor para cualquier servidor o ex servidor público, independientemente de su filiación política, y cuestionó cuándo serán investigados funcionarios de Morena señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Sigue caso en el aire
Al cierre de la jornada, la audiencia permanecía en desarrollo y la jueza aún no definía si existían elementos suficientes para formular la imputación y resolver la situación jurídica de Ruffo y de los demás acusados.
Mientras la FGR sostiene que cuenta con pruebas para acreditar la existencia de una organización dedicada al contrabando y evasión fiscal mediante la importación irregular de combustibles, la defensa y la oposición insisten en que el proceso debe resolverse exclusivamente con base en evidencia verificable, respeto al debido proceso y plena transparencia judicial.