Ciudad de México.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones económicas y de inhabilitación a dos empresas privadas tras comprobarse que incurrieron en falsedad de declaraciones e incumplimiento de contratos celebrados con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según los acuerdos dados a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con las resoluciones publicadas, las penalizaciones buscan frenar prácticas irregulares en las contrataciones públicas y garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados a los servicios de salud.
Sanción por conflicto de interés oculto
En el primer caso, la compañía Alta Especialidad de Medicina y Capacitación fue castigada con una multa de 138 mil 911 pesos y una inhabilitación por un año y tres meses. La medida se originó tras detectarse que la empresa declaró falsamente que ninguno de sus accionistas formaba parte del servicio público, ocultando que uno de sus socios laboraba activamente en el IMSS.
La irregularidad fue descubierta durante el procedimiento de adjudicación directa AA-050GYR005-E220-2021, enfocado en la contratación del servicio de traslado de pacientes en ambulancias de alta tecnología durante el periodo de septiembre a diciembre de 2021. La notificación oficial de esta sanción se emitió el pasado 10 de julio.
Incumplimiento en suministro médico
Por otro lado, la empresa Protein recibió una sanción económica por la misma cantidad —138 mil 911 pesos—, acompañada de una inhabilitación temporal por tres meses, luego de incumplir con las obligaciones estipuladas en un contrato para la adquisición consolidada de medicamentos y bienes terapéuticos.
La dependencia federal detalló que la compañía omitió la presentación de la garantía de cumplimiento y falló en la entrega de 150 envases de cloroquina de 150 miligramos, compromisos contemplados en el contrato abierto U210105, derivado de la licitación AA-012M7B998-E46-2021. Dicha sanción fue notificada el 9 de julio.
Restricciones para contratar con el Estado
Como parte de las medidas cautelares, ambas empresas quedaron formalmente inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Con ello, se les prohíbe celebrar nuevos contratos con dependencias de la Administración Pública Federal, así como con administraciones estatales, municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México mientras permanezcan vigentes sus respectivos periodos de inhabilitación.