Baja California.- De acuerdo con la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la investigación federal en contra del ex Gobernador Ernesto Ruffo Appel suma más de un año en desarrollo y la Fiscalía General de la República (FGR) efectúa una labor seria en el caso.
La Mandataria morenista fijó su postura durante su conferencia matutina realizada en el Municipio de Tijuana mientras en un juzgado federal se desarrollaba la audiencia de vinculación a proceso del panista por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal.
Cuestionada sobre los señalamientos de la Oposición que califican la detención como una “cortina de humo” o estrategia para desviar la atención de supuestos audios filtrados de su administración, la titular del Ejecutivo local respaldó las diligencias de la autoridad central.
“Decirte que es una investigación federal como ustedes saben, es una investigación federal que lleva más de un año y es todo lo que sabemos al respecto. Lleva más de un año esta investigación y la Fiscalía está haciendo un trabajo serio pues estamos esperando que se determine”, expuso.
“Es toda la información que tenemos al respecto, es una investigación federal y pues es la Fiscalía General de la República la que debe… ya dio la información”, defendió Ávila Olmeda.
Al ser interrogada sobre las indagatorias por presunto hidrocarburo ilegal que involucran a familiares y a su exesposo, Carlos Torres Torres, tras decomisos en Ensenada, la Gobernadora limitó su respuesta a señalar que mantendrán la espera de la resolución judicial.
“Estamos esperando a que se determine”, respondió.
Posteriormente, la mandataria dio por concluida la rueda de prensa y se retiró del lugar sin profundizar ante las preguntas de los reporteros.
La detención de Ruffo Appel ocurrió el pasado 16 de julio en Ensenada, antes de su traslado a la Ciudad de México para quedar a disposición del juzgado correspondiente en Almoloya de Juárez.
El caso ha desatado opiniones contrarias. Desde la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, acusó que la captura responde a motivos políticos y señaló irregularidades en el otorgamiento de la orden de aprehensión.
López Rabadán refirió que un juez de carrera negó inicialmente las órdenes de captura solicitadas por la FGR al considerar insuficientes las pruebas presentadas, pero la institución acudió un mes después ante una jueza electa por voto popular que autorizó el mandamiento judicial e incluyó al ex Gobernador.
Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó que el procedimiento constituya una persecución o una maniobra mediática para proteger al gobierno estatal.
Montiel Reyes sostuvo que la FGR actuó conforme a las evidencias recopiladas durante un año de trabajo y reiteró que la responsabilidad final sobre la situación legal del imputado recae en el Poder Judicial.