Ciudad de México.- El ingreso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, “Altiplano”, volvió a poner los reflectores sobre una de las cárceles más emblemáticas del país. Ruffo fue detenido el 16 de julio por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos y quedó identificado en el proceso como Ernesto “N”, junto a otros siete implicados.
Ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, este penal de máxima seguridad ha albergado durante décadas a algunos de los principales líderes del crimen organizado, pero también a políticos y exfuncionarios de alto perfil acusados de delitos graves.
De acuerdo con información oficial del sistema penitenciario federal, el Altiplano tiene capacidad para 724 internos, ocupa una superficie aproximada de 260 mil metros cuadrados y cuenta con ocho dormitorios, juzgados, áreas médicas, deportivas y sistemas electrónicos de vigilancia como circuito cerrado de televisión, detectores de metales, drogas y explosivos, además de controles estrictos de acceso.
A propósito del caso de Ruffo, estos son algunos de los personajes de la política mexicana que han pasado por el penal:
Jesús Reyna García, exgobernador interino de Michoacán, fue detenido el 4 de abril de 2014 por la entonces Procuraduría General de la República, acusado de delincuencia organizada. La principal prueba en su contra fue un video en el que aparecía reunido con Servando Gómez Martínez, “La Tuta“, líder de Los Caballeros Templarios. Tras permanecer bajo arraigo, un juez federal ordenó su ingreso al Altiplano en mayo de ese año, aunque posteriormente fue trasladado al penal estatal de Mil Cumbres, en Morelia. Durante su reclusión fue sometido a una cirugía de vesícula biliar y, tras cuatro años y ocho meses privado de la libertad, recuperó su libertad cuando la PGR retiró la acusación por delincuencia organizada.
Mario Marín, exgobernador de Puebla, volvió al Altiplano el 3 de abril de 2025, luego de que un tribunal revocara la prisión domiciliaria que había obtenido meses antes. Marín enfrenta un proceso por la presunta detención ilegal y tortura de la periodista Lydia Cacho, ocurrida en 2005 tras la publicación del libro Los demonios del Edén. La Fiscalía General de la República sostuvo que la prisión domiciliaria no valoró adecuadamente el riesgo de fuga ni la gravedad de los delitos imputados. Antes de ese beneficio, el exgobernador ya había permanecido más de tres años y medio recluido en el penal.
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue deportado a México el 9 de abril de 2025, tras cumplir una condena de nueve años en Estados Unidos por lavado de dinero. Al llegar fue detenido por la Fiscalía General de la República e Interpol México, por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y esa misma noche fue trasladado al Altiplano. En Estados Unidos se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero y reconoció haber recibido más de 3.5 millones de dólares en sobornos para adquirir propiedades.
Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, fue uno de los internos más conocidos del entonces penal de Almoloya. En 1995 fue encarcelado como presunto autor intelectual del asesinato de su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, además de enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito. Permaneció preso hasta 2005, en uno de los mayores escándalos políticos de la década.
Luis Cárdenas Palomino, excoordinador de Inteligencia de la extinta Policía Federal y colaborador cercano de Genaro García Luna, permaneció recluido en el Altiplano hasta finales de julio de 2025. Su salida fue revelada por Israel Vallarta, quien aseguró que había sido trasladado a otro centro penitenciario. El exfuncionario enfrenta procesos por su presunta responsabilidad en el operativo “Rápido y Furioso” y por tortura en el caso Vallarta.
Javier López Zavala, excandidato del PRI al gobierno de Puebla, fue trasladado nuevamente al Altiplano el 3 de febrero de 2026, tras ser sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón. El movimiento ocurrió al concluir el juicio en el penal de San Miguel, en Puebla. Helena Monzón, hermana de la víctima, señaló que el traslado representaba el regreso del exfuncionario al penal federal donde originalmente había estado detenido. Actualmente continúa privado de la libertad mientras se resuelven los recursos legales de su defensa.
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, se encuentra recluido en el Altiplano tras ser detenido en 2025 y vinculado a proceso por el delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
