Ciudad Juárez, Chih.– Un empresario relacionado con establecimientos nocturnos de Ciudad Juárez, identificado como Mario Gabriel P. P., fue señalado como presunto responsable de seis hechos de violación y abuso sexual agravado contra su hija de cinco años, mientras su defensa ha promovido juicios de amparo que hasta ahora han impedido ejecutar una orden de aprehensión.
La madre de la menor identificó públicamente al acusado y aseguró que es socio de El Viejo Oeste y propietario o administrador de Mario’s Bar, ubicado sobre la avenida Gómez Morín.
De acuerdo con los asesores jurídicos de la víctima, la denuncia fue presentada el 4 de agosto de 2026 y dos días después fue librada una orden de aprehensión. Señalaron que ese mismo día el acusado promovió un primer juicio de amparo en la ciudad de Chihuahua.
La madre aseguró que dicha protección judicial contemplaba una suspensión condicionada a que el señalado compareciera ante el juez dentro del plazo establecido. Los abogados sostienen que no se presentó, por lo que solicitaron continuar con el procedimiento para ejecutar la orden de captura. Posteriormente, el hombre habría promovido un segundo amparo, que mantiene suspendida la ejecución de la orden mientras se resuelve el procedimiento.
La audiencia constitucional fue programada para el 25 de septiembre a las 9:30 horas en Chihuahua, donde los representantes legales de la víctima buscarán que quede sin efecto la protección judicial y pueda ejecutarse la orden de aprehensión.
Los abogados también cuestionaron que el primer amparo fuera presentado el mismo día en que se emitió la orden de captura y plantearon la posibilidad de que el acusado hubiera tenido conocimiento previo. Sin embargo, reconocieron que hasta el momento no se ha acreditado ninguna responsabilidad por una eventual filtración de información.
Por su parte, la madre denunció una campaña pública en apoyo al señalado y manifestó temor a posibles represalias. La representación jurídica sostiene que el proceso involucra seis hechos de violación y estimó que, en caso de una eventual sentencia condenatoria, la pena podría superar los 80 años de prisión.