México.– Las redes de facturación simulada podrían generar una evasión fiscal cercana a 1.45 billones de pesos anuales, equivalente a casi 27% de los ingresos tributarios contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, de acuerdo con estimaciones presentadas por legisladores de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
En vísperas de la presentación del Paquete Económico 2027, el Grupo de Trabajo de Mejoras al Código Fiscal de la Federación, encabezado por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó fortalecer las herramientas legales para combatir las operaciones simuladas y las llamadas empresas fantasma.
Según el documento de conclusiones elaborado por el grupo legislativo, estas redes movilizarían más de 3.1 billones de pesos, mientras que la evasión asociada alcanzaría aproximadamente 1.45 billones de pesos.
Como antecedente, los legisladores señalaron que entre 2014 y 2019 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó 8 mil 204 empresas factureras que habrían emitido 8.8 millones de comprobantes fiscales digitales por alrededor de 1.6 billones de pesos, con una evasión estimada entonces en 354 mil millones.
El análisis también advierte sobre la utilización de proveedores presuntamente fantasma en administraciones estatales y municipales. De acuerdo con información atribuida a la Auditoría Superior de la Federación, este tipo de redes habría sido documentado en al menos 13 estados, con más de 14 mil millones de pesos facturados en servicios públicos y otros 10 mil millones relacionados con obra pública.
Ante este escenario, el grupo propone revisar la posible responsabilidad solidaria de fedatarios públicos que faciliten la constitución de empresas utilizadas para operaciones simuladas, aumentar las sanciones correspondientes y fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
Entre las medidas planteadas también se encuentran crear mecanismos de protección para denunciantes fiscales, regular la colaboración entre el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como establecer controles contra filtraciones de información y reducir espacios de discrecionalidad administrativa.
Ramírez Cuéllar propuso además un “reordenamiento estructural” del Código Fiscal de la Federación, que incluiría eliminar alrededor de 80 artículos derogados y reorganizar aproximadamente 140 disposiciones con subdivisiones consideradas complejas.
La agenda contempla también actualizar las reglas para la economía digital y el uso de inteligencia artificial en la fiscalización. En este último caso, se plantea impedir que las determinaciones fiscales sean completamente automatizadas, exigir revisión humana y garantizar que los contribuyentes conozcan las inconsistencias específicas detectadas mediante algoritmos.
Los legisladores sostuvieron que el combate a la evasión debe fortalecerse sin debilitar las garantías de defensa, seguridad jurídica y proporcionalidad de los contribuyentes.