Quince años después, la Puerta del Sol de Madrid (centro neurálgico de España y equivalente al Zócalo de la Ciudad de México) ha vuelto a convertirse en un campamento de indignados. El entonces llamado «Espíritu del 15-M» —la revuelta ciudadana que estalló el 15 de mayo de 2011— nació como resultado del colapso de la burbuja inmobiliaria de 2008, que dejó cientos de miles de viviendas a medio construir tras dispararse el desempleo juvenil por encima del 45 %.
En esta ocasión, el meollo sigue siendo el mismo: la crisis de la vivienda en España, pero por el efecto contrario. No hay oferta suficiente, y las pocas casas que se construyen son de vivienda de lujo o están fuera del alcance de los salarios de quienes quieren acogerse al derecho constitucional a una vivienda digna, ya sea para comprarla o rentarla.
Pero es el desahucio —la expulsión forzada de inquilinos— la imagen más visible de un problema que se agravó en España al converger cuatro factores: el fracaso del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales para liberar suelo para la construcción de vivienda social; la llegada masiva de inmigrantes por la bonanza económica; el boom de los pisos turísticos en el segundo país que recibe más turistas del mundo; y, en el caso concreto de Madrid, la gentrificación brutal tras la llegada de grandes fortunas latinoamericanas para comprar e invertir en inmuebles de lujo. Estos cuatro factores han disparado el precio de la vivienda y del alquiler en Madrid muy por encima del salario medio.
Y si hay un punto de inflexión que ha prendido de nuevo la mecha de la protesta, ha sido el caso de Maricarmen.
El caso Maricarmen
El 23 de septiembre de 2026, la policía sacó en camilla a Maricarmen en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a la inmobiliaria Urbagestión. Al cuarto intento, la empresa logró ejecutarle el lanzamiento judicial de la casa donde había vivido 71 años gracias a que su padre firmó en 1956 un contrato de renta antigua (muy por debajo de su valor comercial). Con el tiempo, la titularidad del contrato de arrendamiento pasó a su madre y posteriormente a Maricarmen, quien nunca dejó de pagar la renta.
Todo cambió cuando Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble, decidió hace siete años subir el alquiler de los 500 euros (10,223 pesos) que pagaba mensualmente Maricarmen a 2,750 euros (56,227 pesos), lo que representaba una subida inasumible para la anciana, que vivía sola y recibía una pensión de jubilación de 1,350 euros al mes (27.5 mil pesos).
La batalla legal la ganó Maricarmen en primera instancia, tras reconocer un tribunal su derecho a seguir en la vivienda de alquiler que nunca dejó de pagar —lo que durante décadas no supuso un problema para los dueños— y por la vulnerabilidad de la demandante al tratarse de una mujer casi nonagenaria.
Sin embargo, el Tribunal Supremo dio la razón a la inmobiliaria alegando que el contrato de renta antigua se había extinguido, al considerar que se trataba de una segunda subrogación del alquiler no permitida por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Además —y este fue uno de los puntos que encendió la indignación ciudadana—, el fallo de la alta corte no aplicó la exención que impide el desahucio en caso de un 65 % de grado de discapacidad, al estimar que la invalidez de Maricarmen —cuyo deterioro físico se agravó por el acoso inmobiliario hasta dejarla en silla de ruedas— era «solo» del 50 %.
De hecho, la imagen de los agentes de policía sacando en camilla de su casa a la anciana desahuciada, con la mirada contrariada, fue la chispa que colmó el vaso de la rabia contenida de miles de personas, activistas y organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas que llevan años denunciando la crisis habitacional y la pasividad de las autoridades.
El ático de lujo de la presidenta de Madrid
El escándalo de Maricarmen estalló, además, cuando aún no se ha apagado otra polémica protagonizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (de nefasto recuerdo en México por sus controvertidas declaraciones sobre la conquista española), vinculada a la adquisición de un ático de lujo en Chamberí de 6.3 millones de euros.
Así estalló la rebelión ciudadana que llevó de nuevo a miles de personas —muchas de ellas jóvenes obligados a vivir con sus padres o a compartir piso— a tomar otra vez la Puerta del Sol. La protesta ha puesto contra las cuerdas al presidente Pedro Sánchez y a sus aliados de izquierda en el Gobierno, quienes exigen poner un freno a la especulación inmobiliaria y a los fondos buitre que están acaparando miles de edificios en Madrid, Barcelona y el resto de las grandes ciudades para convertirlos en viviendas de lujo.
Acuerdo para que regrese a casa
De momento, los manifestantes y el Sindicato de Inquilinas han logrado que los abogados de Maricarmen y de Urbagestión acuerden este lunes el regreso de la anciana a su piso de alquiler. No obstante, se desconocen los detalles del pacto y si la víctima, muy afectada por la situación y bajo observación en un hospital, decidirá finalmente regresar o irse a vivir con un familiar.
En cualquier caso, la magnitud del escándalo ha traspasado fronteras y se sigue con atención en otros países con el mercado inmobiliario tensionado, como es el caso de la Ciudad de México, escenario también de protestas por la gentrificación en la Condesa, Roma y Juárez.
«¿Cómo es posible que esto ocurra?»: León XIV
El último en pronunciarse ha sido el papa León XIV, quien recordó que «el problema de la casa que existe en muchos países hoy es un problema que solo una parroquia, solo una diócesis o la Iglesia misma no podrán solucionar, pero creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso, porque está aumentando evidentemente».
«¿Cuál es el problema en un sistema que permite que en el caso de una anciana, además con discapacidad o con alguna dificultad, se la eche de su casa?», se preguntó el pontífice.