Balancán, Tabasco.- Desde el pasado 2 de abril, el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, en Balancán, Tabasco, se convirtió en el epicentro de un conflicto que escaló hasta involucrar a toda la comunidad.
Estudiantes y trabajadores del instituto iniciaron protestas exigiendo la destitución del director, Iván Arturo Pérez Martínez, acusado de corrupción, nepotismo, acoso sexual y abuso de poder, además de una auditoría por presuntas irregularidades financieras. La falta de respuesta de las autoridades educativas llevó a la toma del plantel y al bloqueo de la carretera Balancán-Villahermosa, una vía estratégica del municipio.
El 7 de mayo de 2025, un operativo conjunto de la Policía Estatal y la Guardia Nacional disolvió un plantón estudiantil con gas lacrimógeno, dejando 10 heridos y denuncias de abuso de autoridad. Imágenes de estudiantes y padres afectados por los gases, difundidas en redes sociales, indignaron a la población.
Lejos de silenciar las protestas, la represión unió a la sociedad civil de Balancán, que se movilizó en respaldo a los estudiantes. Los habitantes retomaron el bloqueo carretero, quemaron llantas y amenazaron con intensificar las acciones contra la universidad y la presidencia municipal, exigiendo diálogo y justicia.
Gas y Resistencia: cómo la represión en Balancán desató un movimiento comunitario
El gobierno de Tabasco, liderado por el gobernador JavierMay, defendió el desalojo alegando que el bloqueo afectaba a la población, incluyendo el acceso a servicios médicos. Fue mentira, un pretexto para reprimirlos.
Sin embargo, los manifestantes, respaldados por el Sindicato Nacional de Educación Superior, denunciaron la falta de negociación y acusaron al gobierno de proteger al director por motivos políticos.
La Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB) afirmó haber atendido las demandas, pero los inconformes insistieron en que no había avances, reforzando la percepción de un gobierno que desoye a su pueblo. Partidos opositores, como el PRI y el PRD, condenaron la represión y anunciaron acciones legales contra el gobernador.
El conflicto del Tecnológico de los Ríos expone una crisis de gobernanza en Tabasco, marcada por la opacidad y la resistencia al diálogo. La represión del 7 de mayo no solo agravó las tensiones, sino que transformó una protesta estudiantil en un movimiento comunitario, con la sociedad civil como protagonista.
La marcha de Balancán y los bloqueos reflejan una solidaridad que trasciende lo académico, canalizando un malestar colectivo ante un gobierno percibido como autoritario e indiferente.
Con gritos de “el 7 de mayo no se olvida”, habitantes del municipio de Balancán, Tabasco, marcharon en respaldo de los estudiantes del Tecnológico de Los Ríos, que el miércoles fueron desalojados de forma violenta por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal en las inmediaciones del plantel y que derivaron también hasta 10 órdenes de aprehensión contra profesores y administrativos de la institución educativa.
El papel de las redes sociales, especialmente plataformas como X y Facebook fue crucial para visibilizar la represión y movilizar apoyos, evidenciando el poder de la comunicación digital en conflictos locales.
Sin embargo, la ausencia de una mesa de diálogo efectiva y las sospechas de protección a figuras políticas sugieren problemasestructurales en la gestión educativa estatal, donde los intereses políticos parecen anteponerse al bienestar de la comunidad.
El caso de Balancán ilustra cómo la represión estatal puede catalizarlaresistenciacomunitaria. La unión de los habitantes con los estudiantes desafió la narrativa oficial, exigiendo transparencia y justicia en un contexto de aparente cerrazón gubernamental, y marcando un precedente de lucha colectiva en Tabasco.