Barcelona (EFE).- El meta alemán Marc André ter Stegen, a quien el Barcelona le ha retirado la capitanía tras negarse a firmar su consentimiento para que el club envíe un informe médico a LaLiga tras su intervención quirúrgica, se aviene ahora a firmar el documento con su consentimiento personal para acercar posturas con el club catalán.
Mediante un comunicado en sus diferentes redes sociales, el portero ha comentado que se encuentra a «disposición de colaborar» en el citado asunto y «facilitar la autorización requerida».
El Barcelona retira la capitanía a Ter Stegen
El excapitán barcelonista ha comentado que los últimos meses han sido «especialmente difíciles» para él, tanto física como personalmente.
«Como cualquier jugador, tras sufrir una lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer lo que más amo: competir», asegura.
Stegen: Se han dicho algunas cosas «totalmente infundadas»
Ter Stegen después de comentar que «en las últimas semanas», se han dicho «muchas cosas» sobre él, «algunas de ellas totalmente infundadas» ha querido ofrecer su versión de lo ocurrido con la máxima claridad posible.
«La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el Club, siempre con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con los del FC Barcelona, con el fin de estar disponibles en las mejores condiciones para ayudar al equipo», asegura en el comunicado.
Además el meta insiste en que publicó el plazo de recuperación mínimo que necesitaría -unos tres meses-, después de que el mismo le fuera comunicado «por los expertos tras revisadas y discutir todas las opciones» con el FC Barcelona.
«También me gustaría dejar claro —a raíz de ciertas especulaciones— que todas las decisiones que he tomado desde mi lesión en el Club se hicieron de mutuo acuerdo, incluyendo quirúrgicas, por lo que no hay lugar para interpretaciones distintas», ha aclarado.
Además Ter Stegen insiste en que «no se han hecho nunca tratamientos sin consentimiento previo», ni tampoco se han tomado «decisiones unilaterales, ni mucho menos he dejado de cumplir con los plazos establecidos».
«Respeto profundamente los valores del Club y entiendo la importancia de ser transparente, por eso me duele que mucha gente dude de mi compromiso y profesionalidad basándose en información incompleta o inexacta», insiste el meta.
Stegebn: Mi compromiso con el Barcelona «es incuestionable»
Ter Stegen ha recordado que a lo largo de su carrera «siempre» se he intentado comportar «con profesionalidad, respeto y compromiso» hacia todos sus compañeros de vestuario.
«Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, mis colegas y afición, que siempre me han apoyado en los buenos y malos momentos», ha dicho el portero alemán, por lo que considera que su compromiso con los colores del Barça «es incuestionable».
«Entiendo que todos los procesos de recuperación llevan sus tiempos. Confío en que, a través de mi esfuerzo y dedicación, podré volver a ayudar al máximo, sin atisbo de dolor, en todos los objetivos que tenemos por delante. Además, reitero mi disposición de colaborar en este asunto y facilitar la autorización requerida», ha resumido.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Hombres armados, presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado, asesinaron a balazos a Rudy Aguilar Lucas, presidente del comisariado ejidal de El Sabinalito, y a su hermano Manolo Aguilar Lucas, en hechos ocurridos la noche de ayer jueves en ese municipio, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con testimonios de pobladores, ambos fueron emboscados horas después de que Rudy había presidido una asamblea ejidal para tratar, entre otros, el tema de seguridad en la zona. El ataque se suma a una serie de ejecuciones, secuestros y desapariciones que han sido denunciadas en la región durante las últimas semanas.
Rudy y Manolo, son hermanos de Jorge Antonio Aguilar Lucas, exalcalde priista de ese municipio localizado en la frontera con Guatemala.
En los últimos días, pobladores han reportado el aumento de la presencia de grupos armados en la región, volvieron las desapariciones y los secuestros, y se percibe un clima de inseguridad constante, aseguran. Frontera Comalapa es una zona estratégica para el trasiego de drogas, lo que ha desatado una disputa entre cárteles.
Relatan que la madrugada del miércoles fue levantado por hombres armados, un mecánico del ejido Paso Hondo, ubicado cerca de El Sabinalito.
En redes sociales, la esposa del mecánico, Ediver López Martínez, Nidia Solís Osorio, al suplicar ayuda y la intervención de las autoridades para localizar a su marido, relató que el martes 5 de agosto, a las 9 de la noche, llegaron a su domicilio seis hombres armados en motocicletas, y la encañonaron a ella y a sus tres hijas.
“Nos querían matar ahí en la tienda que yo tengo; secuestraron a mi esposo, se lo llevaron, lo subieron en su camioneta, se robaron la camioneta, se robaron el dinero que tenía en la caja registradora, se robaron mi bolsa, se robaron todos mis documentos”, dijo al pedir la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Solís Osorio agregó: “Esto que estamos sufriendo en Frontera Comalapa ya no debe de estar sucediendo, ya no debe de haber más desapariciones, ya no debe de haber tanta preocupación para poder salir; ¿dónde está la seguridad que dicen?, no hay seguridad aquí ni para poder ir al hospital, porque a cuadra y media del hospital está mi casa y en mi casa, mi tienda, enfrente de un jardín de niños”.
Con la llegada del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el 8 de diciembre pasado, los habitantes relatan que se había controlado relativamente la inseguridad, pero en las semanas recientes ha resurgido la violencia y el miedo.
Los habitantes señalan que muy cerca de El Sabinalito y de Paso Hondo se encuentra un puesto de control con elementos de fuerzas de seguridad federales y agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), el grupo de élite creado para combatir la delincuencia.
Frontera Comalapa se ha convertido en un punto crítico por la disputa de territorios entre grupos criminales que buscan controlar rutas del narcotráfico y otros delitos. La situación ha generado, desde 2021, desplazamientos forzados y un creciente clima de miedo entre la población.
Sobre el asesinato de los hermanos Aguilar Lucas, la FGE, solo informó en un resumido comunicado que inició la carpeta de investigación ante el homicidio de dos personas del sexo masculino en el ejido El Sabinalito, municipio de Frontera Comalapa.
Dijo que un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Homicidio y de la Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal, realiza las indagatorias, a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos federales detuvieron al primer investigado supuestamente vinculado con una célula delictiva del Cártel del Golfo, por el homicidio del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, ocurrido el pasado 4 de agosto.
Se trata de Jaret Roberto “H”, quien ya contaba con una orden de aprehensión y fue localizado en un centro de rehabilitación ubicado en Reynosa, lugar en donde la FGR afirmó que se escondía y en el que fueron encontradas dos armas largas, cargadores, cartuchos y droga.
De acuerdo con la Fiscalía, con ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de las Fuerzas Armadas nacionales, logró identificar un vehículo en el que se transportaron algunos de los perpetradores del homicidio del fiscal Vásquez Reyna, entre los que supuestamente estaba Jaret Roberto “H”.
“Los datos hallados en su celular permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de ‘Los Metros’, facción del denominado ‘Cártel del Golfo’, que es uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona”.
La FGR afirmó que hoy mismo pondrá a disposición de un juez de control al detenido para continuar con sus investigaciones y capturar al resto de los responsables del ataque ocurrido contra el delegado de la institución en Tamaulipas.
El pasado 5 de agosto la FGR atribuyó el crimen a un golpe que las autoridades federales dieron recientemente contra el huachicol en Reynosa tras un cateo en el que fueron asegurados un millón 802 mil 650 litros de combustible.
Vásquez Reyna fue asesinado el lunes 4 de agosto durante un ataque armado en el que fueron utilizadas granadas a plena luz del día en Boulevard Hidalgo de Reynosa, una de las principales avenidas de la ciudad, mientras viajaba en un vehículo acompañado por sus escoltas.
La camioneta en la que el delegado se transportaba explotó provocando su muerte y las imágenes del vehículo incendiado y de su cuerpo tirado a un costado, circularon en redes sociales.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las secretarías de Marina (Semar) y de las Mujeres (SeMujeres) firmaron un convenio para capacitar al personal de Armada de México sobre igualdad sustantiva, no discriminación, prevención del hostigamiento y acoso sexual, así como la revisión de los protocolos de atención a víctimas de violencia.
En diciembre de 2019, Proceso documentó el caso de “Claudia”, una profesora de inglés que fue víctima de acoso, violación sexual y revictimización dentro de la Semar, entonces a cargo del almirante Rafael Ojeda.
En noviembre de 2021, el semanario también documentó el caso de Mary, quien fue agredida sexualmente y revictimizada quien denunció el delito y su agresor fue sentenciado. Sin embargo, esos casos no son los único que ha puesto en la mira a la institución de las fuerzas armadas de México por agredir a mujeres.
Este jueves, la secretaría a cargo de Citlalli Hernández Mora informó de la firma del convenio, cuyo propósito es “fortalecer acciones interinstitucionales que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.
Junto al titular de la Semar, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, agregó que la intención también es establecer una ruta de trabajo conjunta que permita incorporar la perspectiva de género en la planeación del ejercicio presupuestario de la primera.
También consiste en promover la difusión de la “Cartilla de Derechos de las Mujeres” mediante el Programa de Atención Médica de Primer Contacto en zonas de difícil acceso.
En su turno, Morales Ángeles destacó que en la dependencia a su cargo se impulsarán acciones de capacitación y formación en igualdad sustantiva, no discriminación, prevención del hostigamiento y acoso sexual, así como la revisión de los protocolos de atención a víctimas de violencia.
El convenio implica que personal de la SeMujeres capacite al de la Semar en materia de prevención del hostigamiento y acoso sexual, igualdad sustantiva y no discriminación.
Además, incluye la revisión y actualización de los protocolos de atención a víctimas de violencia de género en entornos laborales y académicos, la implementación de campañas permanentes de prevención de la violencia de género y la conformación de un grupo de trabajo conjunto entre ambas secretarías.
Con dichas acciones, las secretarías hicieron el compromiso de fortalecer el marco institucional que garantice la participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública.
La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que a partir del lunes 11 de agosto se reanudará el servicio de la ruta UACH de Bowí, en beneficio de las y los estudiantes del Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Esta línea ha sido un apoyo clave para el traslado diario de alumnos a las diferentes facultades del campus.
Por ello, se invita a las y los estudiantes a renovar su tarjeta preferencial para continuar accediendo al servicio con tarifa especial, en cualquiera de los módulos de credencialización.
Los espacios para realizar los trámites están ubicados en las Terminales Norte y Sur, en la Estación Catedral y Estación Juan Escutia.
Los horarios del servicio son de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 8:40 p.m., y sábados de 6:30 a.m. a 2:40 p.m.
Con el regreso de esta ruta, se reafirma el compromiso de Bowí para facilitar una movilidad segura, accesible y eficiente entre la comunidad universitaria.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro participó en una mesa de trabajo con el municipio mexiquense de La Paz, para mitigar el impacto de las precipitaciones pluviales en las estaciones de la Línea A, cuyo servicio se ha visto interrumpido en varias ocasiones durante esta temporada de lluvias.
En su cuenta de X, el titular del Metro, Adrián Rubalcava, informó que la mesa se dio en seguimiento a las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para fortalecer la colaboración con municipios y alcaldías vecinas.
En la misma red social, el gigante naranja precisó que, en coordinación con autoridades del Estado de México, realizarán trabajos de desazolve y prevención para evitar que se genere acumulación de agua en las instalaciones de la Línea que conecta Pantitlán con el municipio de Los Reyes la Paz.
Lo anterior se dio luego de que se reportaron fallas que requirieron en tres días, entre el 29 de julio y el 4 de agosto, la suspensión del servicio en la Línea A.
Primero, el 29 de julio, se mantuvieron cerradas por más de 16 horas las estaciones Los Reyes y La Paz, a causa de una falla en la catenaria, que sufrió una sobretensión a causa de las lluvias, por lo que presentó una ruptura y una deformación en los postes de soporte.
Al día siguiente, las precipitaciones en la capital mexicana causaron encharcamientos al interior del Metro y se suspendió el servicio en el tramo que va de la estación Guelatao a Santa Marta.
El 4 de agosto, el Metro volvió a suspender el servicio en las estaciones Los Reyes y La Paz, una vez más por una falla en la catenaria, la cual requirió trabajos que se prolongaron hasta la mañana siguiente, cuando la Línea A retomó su operación habitual.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A once años del derrame de tóxicos en el Río Sonora, ocasionado por una mina de cobre propiedad de Grupo México, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) acusaron al gobierno de Claudia Sheinbaum de replicar la “indolencia”, “cobardía” y “falta de voluntad” para atender a la población afectada por la contaminación del agua y el ambiente que ha provocado daños graves a su salud.
En un pronunciamiento dado a conocer este miércoles, los CCRS lamentaron que durante los últimos tres gobiernos desde que ocurrió el accidente, y lo que ha habido ha sido “continuidad de la simulación” en los sexenios de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum Pardo.
Los afectados emplazaron a la presidenta a conocer de viva voz lo que ocurre con la población afectada por el derrame de tóxicos, ya que, a pesar de que los avances manifestados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada del caso, “sus funcionarios no le están diciendo la verdad”.
Desmintieron la existencia de planes de trabajo y de propuestas reales, y denunciaron que funcionarios de dependencias encargadas de operar el Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, han roto compromisos y negado la urgencia de actuar, ante la evidencia de daños a la salud.
“Es por esto que en su gestión también existe un abandono, e incluso retroceso, que debería preocuparle a su oficina y a todo México”, consideraron los CCRS.
“Desde los Comités de Cuenca Río Sonora les decimos que no vamos a aceptar estas reuniones simuladas, que juegan con nuestro dolor. ¿Por qué? Porque la utilizan para rendir informes de ‘avances’ que nada tienen de realidad. Porque avance no es venir a decirlos lo mismo una y otra vez”, reprocharon.
Tras criticar que gobernador Alfonso Durazo se haya presentado con los CCRS cuatro años después de haber tomado posesión, a petición del gobierno federal, denunciaron que el mandatario sonorense “ha decidido priorizar los contratos con empresas privadas sobre el bienestar e las comunidades”, lo que se advierte en la contratación de empresas privadas para la instalación de plantas potabilizadores, sin tener información de la calidad del agua por lo que es claro “el propósito de evitar la participación ciudadana y la rendición de cuentas a la que tienen derecho las comunidades”.
Al señalar que solo operan seis plantas potabilizadoras privadas para 30 comunidades afectadas, lo CCRS exigieron a la Semarnat y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cumplir con el compromiso de proporcionar agua potable a cada una de las comunidades afectadas y no reducir el número a 22, como se pretende.
“La población merece saber que mientras nos niegan agua limpia por falta de presupuesto y voluntad política, sí hay dinero y tiempo para construir presas”, pues en pocos mees “han planeado, aprobado y asignado presupuestos exorbitantes, de manera opaca, para el proyecto de construcción de presas que impactarían en nuestro territorio sin consenso de las poblaciones afectadas”, acusaron.
El señalamiento se refiere al proyecto aprobado durante el gobierno de López Obrador de construir tres presas, en Sinoquipe, sobre el río Sonora, y en Puerta del Sol y Las Chivas, sobre el río San Miguel de Horcasitas, para suministrar de agua a Hermosillo.
“Construir presas en un río contaminado es absurdo. Esto demostraría que la prioridad del Estado es el interés económico de las corporaciones más que garantizar los derechos fundamentales del pueblo”, consideraron los afectados.
Reprocharon que, si bien se ha reconocido que el derrame de tóxicos es responsabilidad del Grupo México, que se ha mantenido impune por “sus prácticas corporativas y su capacidad tan grande de intervenir en la política”, los integrantes de los CCRS consideraron vergonzoso que los gobiernos estatal y federal evadan sus facultades para atender el problema.
“La vergüenza debería caer sobre el gobierno estatal y federal, que nos han venido a dar montones de discursos sobre su compromiso con las comunidades, para que luego se den la vuelta y tomen decisiones que en nada nos benefician”, señalaron los afectados.
Contaron que entre las justificaciones que las autoridades han sostenido para “no empezar a trabajar” es porque “dicen que no están en sus facultades tomar acciones, o que no tienen presupuesto porque Grupo México no ha pagado”, argumentos que funcionarios de los tres últimos gobiernos han sostenido para no dar respuesta a la población afectada.
“A estas alturas, escudarse en que Grupo México no quiere responder, como ya lo han hecho en cada sexenio, es n acto de cobardía y de falta de voluntad; es no aceptar que ellas y ellos como funcionarios deben garantizar nuestros derechos humanos y deben obligar a la empresa a pagar, porque en este momento Grupo México está por encima del Estado”, acusaron.
Recordaron que durante el gobierno de López Obrador se demostró la corresponsabilidad entre empresa y funcionarios para simular la reparación de los daños y dar carpetazo al caso, y que hace cuatro años se obtuvieron “la evidencia oficial de la presencia de metales pesados en la población el Rio Sonora y hace dos años cuentan con un dictamen oficial de la Semarnat que comprueba la presencia de la contaminación ambiental”.
Los afectados por el derrame exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum hablar de la contaminación del río Sonora y poner en evidencia a Grupo México, para hacerlo pagar por el daño ambiental y acatar las sentencias de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque el consorcio minero “disfruta tener un río Sonora destruido, porque construye su riqueza a costa de nuestras vidas”.
Denunciaron que “el Estado mexicano está incumpliendo su deber de proteger a la población y está permitiendo que una empresa como Grupo México siga operando sin castigo, sin reparación del daño y con el respaldo de su silencio”.
A once años del derrame de tóxicos lo integrantes de los CCRS exigieron la construcción de un hospital de tercer nivel con la capacidad de atender enfermedades provocadas por los desechos tóxicos; la instalación de una unidad permanente de vigilancia epidemiológica y ambiental en el municipio de Ures.
Asimismo, piden que se instalen las 30 plantas potabilizadoras adaptadas con filtros para metales pesados; programa de remediación del río con base científica y con la participación de la sociedad civil, que se asigne presupuesto y a funcionarios institucionales, con un cronograma publico de cumplimiento.
08 de agosto de 2025. -A consulta 27 iniciativas y dos amparos.
El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, ha convocado a representantes, instituciones, autoridades y a pueblos y comunidades indígenas, a ser parte de la consulta previa, libre e informada para obtener las opiniones, propuestas y el consentimiento sobre el análisis de diversas iniciativas en materia de pueblos y comunidades indígenas.
El proceso se realiza con el firme propósito de garantizar que las decisiones que impacten a las comunidades indígenas sean tomadas con el pleno consentimiento, respeto y conocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
Para ello se ha convocado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, interesadas en el tema, a participar como observadores de este proceso, el cual se llevará a cabo en dos etapas: Informativa y Consultiva.
En la Etapa Informativa, se hará llegar a las comunidades indígenas, la información respecto de las medidas legislativas que serán la materia de consulta, explicándose cada una de ellas de manera amplia y detallada, siempre con un lenguaje que sea sencillo de entender, sin tecnicismos o palabras en distintos idiomas.
Dentro de esta primera etapa, hasta este 8 de agosto ya se han visitado Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Chihuahua, Parral y Balleza, sedes que han contado con un nutrido grupo de asistencia y en las cuales se les han detallado los asuntos en materia.
En la Etapa Consultiva, la autoridad responsable generará el diálogo, con el objeto de recibir y atender las propuestas, sugerencias y opiniones que tengan las comunidades indígenas a consultar por cada reunión, siendo estas opiniones las que conformen el material que se deberá analizar para determinar la viabilidad de cada una de las medidas legislativas planteadas.
Entre los asuntos a consultar (27 iniciativas y dos amparos) están los relativos a reformas constitucionales en materia de derechos humanos; derecho a recibir atención en su idioma; protección, salvaguarda y desarrollo del patrimonio cultural y biocultural; y garantía de derechos y acceso a la justicia.
Las sedes que se recorrerán, son Juárez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Hidalgo del Parral, Balleza, Madera, Carichí, Guerrero, Creel, Maguarichi, Uruachi, Chínipas, Urique, Batopilas, Guachochi, y Chihuahua.
XALAPA, Ver. (apro).– Cinco ciudadanos guatemaltecos murieron y uno más resultó herido durante el motín ocurrido el sábado 2 de agosto en el penal de Tuxpan, al norte de Veracruz.
Las autoridades consulares de Guatemala confirmaron la identidad de las víctimas y trabajan con la Cancillería mexicana para la repatriación de los cuerpos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que, a través de su consulado en Acayucan, se verificó la identidad de los cinco fallecidos. También confirmó que un sexto ciudadano guatemalteco permanece hospitalizado tras resultar herido durante el incidente.
La identificación fue corroborada por funcionarios consulares ante la Fiscalía de Tuxpan. Las autoridades guatemaltecas mantienen contacto con las familias de las víctimas para coordinar el proceso de repatriación.
Además, otros tres ciudadanos de ese país están recluidos en el lugar, pero no fueron heridos.
El motín comenzó la tarde del sábado 2 de agosto en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, a raíz de un enfrentamiento entre internos presuntamente derivado de extorsiones y agresiones atribuidas al grupo delictivo conocido como Sombra.
Durante el disturbio, los internos incendiaron diversas áreas del penal y mantuvieron el control durante más de 12 horas. La situación fue controlada la madrugada del domingo 3 de agosto por fuerzas de seguridad estatales y federales.
Las autoridades locales reportaron que el motín dejó un saldo de ocho Personas Privadas de la Libertad muertas y diez heridas, algunas con quemaduras graves que requirieron traslado a hospitales de la región norte de Veracruz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Veracruz implementar medidas urgentes de seguridad y gobernabilidad en el penal, ante los hechos de violencia y la falta de control que se evidenció durante más de medio día.
La Secretaría de Cultura y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), anunciaron la integración del Teatro Gracia Pasquel ubicado en el Centro Cultural Universitario de la institución, para formar parte del programa Red de Teatros.
Esta adhesión se logró gracias al convenio de colaboración firmado por la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez Gutiérrez y el rector de la institución académica, Daniel Constandse, para impulsar las artes escénicas.
La Red de Teatros tiene como objetivo el poder impulsar las disciplinas escénicas en la entidad, en beneficio del desarrollo de públicos a través de una programación artística de calidad, plural, diversa y permanente en recintos teatrales.
Instituido en 2018, este programa fortalece la labor de la comunidad artística al ofrecer de manera gratuita espacios para sus presentaciones.
Esta es la primera ocasión en la que un recinto perteneciente a una instancia académica fronteriza se suma al programa, lo cual genera una sinergia entre la comunidad universitaria, Gobierno y sociedad.
El Teatro comenzará a recibir las puestas en escena seleccionadas para integrar la programación de la edición 2025 del programa Red de Teatros, a partir del próximo mes de septiembre.
Red de Teatros cuenta con 14 espacios destinados para espectáculos teatrales ubicados en la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Aldama, Cuauhtémoc, Parral y Camargo.
