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XALAPA, Ver (Proceso).– Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, asegura que entregó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, cuando era secretaria de Energía con López Obrador, una carpeta con más de 300 hojas, gráficas, ubicaciones y nombres sobre el robo de hidrocarburo. Pese a ello, el saqueo de combustibles aumentó. 

En entrevista, el general (actualmente en Canadá enfrentando un proceso judicial) responde a los señalamientos de la mandataria estatal, quien calificó como irrelevante la información que él le entregó en 2018.

“Yo no la busqué. Me ofrecieron una reunión para entregarle una carpeta de al menos 300 hojas con gráficas, ubicaciones y nombres. Era información estratégica sobre robo en refinerías, en ductos, todo…”, afirma. 

Detalla que la reunión con Nahle duró menos de 30 minutos y que fue facilitada por empresarios vinculados a proveedores tecnológicos de Pemex.

De acuerdo con León Trauwitz, los datos provenían de sistemas de monitoreo operados por el Ejército y Fuerza Aérea, en los que se evidenciaban la infiltración del crimen organizado en diversas instalaciones. 

Agrega que el objetivo era crear una estructura de seguridad integral, pero la propuesta fue desechada. 

Le dimos información valiosa a Rocío Nahle, pero no se usó para combatir el huachicol. Al contrario, el robo se maximizó. 

El general niega haber afirmado que el robo de combustible aumentó directamente por acción de Rocío Nahle. “Tal vez se malinterpretó. Yo no dije que ella lo haya utilizado para robar; dije que le entregué información con la que pudieron haber solucionado muchas cosas, pero no lo hicieron. Al contrario, mencioné que el robo se maximizó. Ahí fue cuando se tergiversó lo que dije. Eso sí lo quiero aclarar”.

Saqueo institucionalizado 

El general en retiro denuncia que el robo de combustible operó durante años bajo esquemas institucionales, con la participación de funcionarios públicos y protección de autoridades.

Expone que en 2013, tras una explosión en instalaciones de Pemex, comenzó una investigación interna que arrojó evidencia de que el crimen organizado ya operaba dentro de refinerías y terminales. A partir de tecnología operada por el Ejército y Fuerza Aérea identificaron puntos críticos en ductos y detectaron fallas deliberadas en los sistemas de medición.

“Las cámaras estaban rotas, los flujómetros no servían y el registro era manual. Así se justificaba el robo masivo de hidrocarburos”, relata.

También denuncia que varios trabajadores de Pemex fueron asesinados tras denunciar el robo de combustible en estados como Guanajuato, Michoacán y Veracruz.

“Mataron a un gerente en Salamanca, a otro en Veracruz. Nadie quiere denunciar. Hay miedo, hay colusión”, lamenta.

También acusó que algunas tomas clandestinas eran protegidas por agentes infiltrados. Para identificarlos, se les asignó desactivar esas mismas válvulas, y quienes se negaron fueron reubicados. Posteriormente, esos mismos agentes testificaron en su contra.

El exfuncionario explicó que muchas gasolineras operaban como receptoras del combustible robado. Afirma que un análisis de Pemex mostró que estaciones de servicio que no compraban gasolina oficialmente seguían reportando ventas altas, lo que confirmaba el desvío de hidrocarburos

El robo ­–expone el general– dejó de ser de cubetas: se volvió industrial. Con ductos, barcos y trenes operados con cobertura institucional.

Señalamientos sin pruebas

Trauwitz enfrenta un juicio en Canadá tras la solicitud de extradición del gobierno mexicano. Asegura que la acusación original por delincuencia organizada en su contra no se sustentó y que la jueza en ese país sólo autorizó una posible extradición por “pérdida de confianza”, relacionada con un protocolo para desactivar tomas clandestinas.

“Estoy acusado por romper válvulas ilegales para evitar el robo. Esa estrategia funcionó, pero fue usada en mi contra. Tengo pruebas y testigos que demostrarán que no hubo delito”. Dice que el proceso legal se ha usado como represalia política; y recordó que fue señalado directamente por el presidente López Obrador en 2019.

Señaló que no ha tenido acceso a su carpeta de investigación completa y que los cargos en su contra no se sostienen con evidencia. “Aquí la jueza preguntó: ¿dónde está el dinero?, ¿a quién se vendió?, ¿cómo lo transportaban? No hay respuestas”.

En la entrevista con Proceso, el general solicitó públicamente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que atraiga el caso de sus excompañeros militares detenidos, quienes –afirma– también enfrentan procesos sin pruebas sólidas.

“Fueron sentenciados injustamente. El testigo principal no se presentó. Esto ya es un tema humanitario”, dice.

Semanas antes, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada  (FEMDO) obtuvo sentencias condenatorias que van de los 12 a más de 31 años de prisión contra cinco exfuncionarios de la Dirección de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex) y colaboradores León Trauwitz.

La jueza advierte que se incumplieron los protocolos para inhabilitar tomas clandestinas en los poliductos Minatitlán-México y Madero-Cadereyta entre 2015 y 2016, lo que generó el robo masivo. 

Los sentenciados son el general en retiro Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, el coronel de infantería en retiro Emilio Cosgaya Rodríguez, el teniente en retiro Oziel Aldana Portugal y los sargentos en retiro Ramón Márquez Ledezma y José Carlos Sánchez Echavarría.

XALAPA, Ver.– Las dos plantas “clandestinas” en las que autoridades federales aseguraron más de un millón y medio de litros de hidrocarburos en el último mes, ubicadas en Moloacán, sur de Veracruz, y Las Vigas, a una hora de Xalapa, en realidad operaban desde hace años a la vista de todos. Acceder a ambas no tiene ninguna dificultad. 

Los sitios funcionaban bajo la fachada de ser centros de acopio y procesamiento de residuos peligrosos y contaban con permisos ambientales vigentes. Incluso presentaron Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y habían sido inspeccionados por autoridades como la Procuraduría de Protección al Ambiente federal (Profepa), de Protección Civil y hasta por el Ejército, todo esto antes de ser asegurados por ser inmuebles utilizados para el tráfico de hidrocarburos.

Cuentan con instalaciones eléctricas, de agua y gas, plenamente operativas. Las empresas utilizadas como fachada para su operación, Petrosoluciones del Sureste y Energía Ecorenovable, están formalizadas legalmente en el Registro Público de Comercio, según corroboró Proceso. Sus socios tienen otras compañías del mismo giro que operan en entidades como Nuevo León, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. 

Es el caso de la planta asegurada por la Marina y la Guardia Nacional en Las Vigas, donde el 8 de julio último fueron decomisados 933 mil litros de hidrocarburo ilegal y 64 carrotanques. Su ubicación es estratégica: se encuentra a escasos metros de la carretera federal Veracruz–Puebla, a 50 metros de la vía del ferrocarril, a tan sólo 10 minutos del Palacio Municipal y a tres minutos de una gasolinera.

Pese a ello no hubo detenidos durante los aseguramientos. 

El robo de combustible en México no es obra de huachicoleros con cubetas, sino un sistema industrializado que opera durante años con complicidad institucional. Así lo sostiene el general…

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0026 de la revista Proceso, correspondiente a agosto de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.