BAJA CALIFORNIA (apro) .- Con la llamada “Ley Amparito”, en Baja California se busca reformar el Código Penal para castigar hasta con ocho años de cárcel a los propietarios de animales que, por acción directa o descuido, causen lesiones o muerte a las personas.
Es una iniciativa ciudadana promovida por Ana Lidia Soto Romero, abogada de profesión y quien fue agente del Ministerio Público durante 11 años, hija de Amparo Romero, enfermera jubilada de 84 años, asesinada por una jauría de perros el 18 de agosto de 2024.
Los hechos ocurrieron mientras la señora paseaba en el interior del Parque Villas del Rey Tercera Etapa, en Mexicali; fueron siete perros y hubo dos detenidas: Leticia “N” y Bella “N”, señaladas como dueñas y quienes están en prisión preventiva.
Esto, por el delito de homicidio simple con dolo eventual por omisión impropia, al ser las dueñas y cuidadoras; el juez de control indicó que la muerte de Amparito pudo haberse evitado si las responsables hubieran tomado las medidas preventivas, además de que había quejas de vecinos, según documentó la prensa local.
A partir de entonces, Ana Lidia Soto Romero comenzó una campaña de reforma que cumplirá un año y donde constantemente ha señalado abusos por parte del fiscal regional de Mexicali, Efrén Ruiz Romo, a quien incluso denunció penalmente. El funcionario renunció este lunes 11 de agosto.
Por su parte, el Congreso del Estado de Baja California informó el mismo día que la “Ley Amparito” había sido aprobada en comisiones.
Lo anterior, mediante la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, en torno a las reformas al Código Penal para tipificar el homicidio y las lesiones causadas por ataques de animales, cuando la conducta de una persona —ya sea por acción directa o por descuido— derive en daño a terceros.
Incluye casos en los que el animal es azuzado, soltado deliberadamente o por omisión del deber de cuidado, según explicaron en un comunicado.
Como parte del resolutivo del Dictamen, se establece que si un ataque de animal causa la muerte de una persona, se impondrá una pena de 4 a 8 años de prisión al propietario o garante del animal.
El diputado morenista Juan Manuel Molina señaló que esta primera etapa busca establecer el tipo penal con claridad, para evitar impugnaciones y avanzar posteriormente en agravantes y sanciones.
Según la información, el legislador aclaró que la reforma “sanciona directamente las conductas humanas relacionadas con los ataques caninos”.
A la sesión acudió Ana Lidia Soto Romero, reconocida como inicialista ciudadana, quien leyó un posicionamiento donde puntualiza que es “una conducta dolosa” cuando una persona sabe que sus perros son agresivos, que han atacado previamente, y aún así los deja salir.
“Y eso, señoras y señores, es homicidio simple con dolo eventual. El homicidio simple tiene de 8-15 años de prisión. No podemos seguir esperando a que ocurran más tragedias para reaccionar. La ley debe advertirlo con claridad, pero también el Estado debe actuar con contundencia”, remarcó.
Además, exigió implementar campañas masivas de concientización para prevenir y educar; invertir en programas de esterilización accesibles y permanentes; fortalecer y profesionalizar el Centro Municipal de Control Animal (CEMCA) para que sea eficiente, digno y humano; y crear protocolos de supervisión y respuesta inmediata ante reportes de animales peligrosos.
“No más funcionarios indiferentes, negligentes o corruptos. Y no más diputados que esperen a que una mujer de 84 años muera despedazada para tomar acción. La Ley Amparito no es solo una reforma legal: es un mensaje claro y contundente de que en Baja California la vida humana y animal sí importan… Les pido, como legisladores y como representantes del pueblo, que aprueben esta ley sin más dilaciones. Que no permitan que el silencio y la omisión sigan siendo cómplices de la tragedia”, según el texto que, a su vez, compartió en el sitio oficial “Justicia para Amparito”.
