CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebrará una sesión extraordinaria el próximo 19 de agosto para terminar la discusión de temas electorales antes de concluir la entrega de las oficinas a los nuevos ministros que iniciarán funciones el 1 de septiembre próximo.
Este martes estaba previsto que los ministros celebraran su última sesión ordinaria en Pleno.
Sin embargo, debido a que la reforma judicial establece que tienen hasta el 28 de agosto para recibir impugnaciones contra la elección de magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ministra presidenta Norma Piña convocó a sesión extraordinaria para el próximo martes en la que se prevé que la Corte cierre formalmente sus actividades jurisdiccionales.
“Voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19 básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos listada y también en caso de que llegue alguna impugnación porque a más tardar el 28 de agosto que nos fuera enviada alguna impugnación y más que nada para hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia respecto de candidatos de Sala Superior del Tribunal Electoral”, indicó la ministra presidenta.
Durante la sesión de este martes, por primera vez en la historia, los ministros resolvieron en una sesión 138 impugnaciones a la elección de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF.
Todos, excepto uno, fueron desechados porque quienes impugnaron no fueron candidatos a magistrados de Sala Superior, por lo que no podían presentar Juicio de Inconformidad.
El caso que no fue desechado, cuyo proyecto corrió a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, fue el de la asociación civil Poder Ciudadano.
Fuentes federales confirmaron que el ministro requirió información a la asociación para determinar si tenía o no legitimación para poder tramitar la impugnación.
Mientras ello ocurría, la semana pasada el Pleno resolvió las dos primeras inconformidades de este tipo en las que la mayoría coincidió en que sólo los candidatos a magistrados de Sala Superior pueden impugnar esta elección.
Por ello, tomando en consideración el criterio mayoritario, el proyecto de Pérez Dayán estableció también que la asociación civil no puede tramitar Juicio de Inconformidad contra la elección de magistrados de Sala Superior del TEPJF pues la ley no se lo permite, por lo que fue sobreseído.
Minutos después de las 14:00 horas, Pérez Dayán se retiró del Pleno y sus compañeros continuaron con el análisis de una acción de inconstitucionalidad sobre leyes electorales de Coahuila.
Y aunque, conforme a la lista de votación del Pleno los ministros debían continuar con la discusión de una acción de inconstitucionalidad sobre la reforma judicial de Yucatán, la ministra Piña levantó la sesión minutos antes de las 15:00 horas y convocó a la extraordinaria del 19 de agosto.
La lista del Pleno también incluía dos proyectos relacionados con la prisión preventiva.
El primero fue realizado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y se trata de la propuesta en la que se determinaría cómo el Poder Judicial de la Federación (PJF) tendría que participar en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el 25 de enero de 2023 en el caso García Rodríguez y otro VS. México.
En dicha sentencia, la CorteIDH declaró que la prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional y, por tanto, violatoria de derechos humanos, por lo que condenó al Estado mexicano a reformarla para evitar que su aplicación, que actualmente se realiza de manera automática tomando en consideración el delito por el cual una persona es imputada, constituya una condena anticipada.
El segundo fue realizado por la ministra Margarita Ríos Farjat sobre la acción de inconstitucionalidad contra diversas reformas de 2021 a leyes secundarias con las que fue ampliado el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.
La propuesta de la ministra no establecía la invalidez de las reformas sino establecer una reinterpretación de la figura de prisión preventiva oficiosa para que no se imponga de manera automática sino que los jueces analicen caso por caso para determinar si la medida es necesaria para evitar que el imputado se dé a la fuga, proteger a las víctimas o testigos o evitar la obstrucción de las investigaciones.
Fuentes federales indicaron que si después de desahogar los temas electorales el próximo 19 de agosto queda tiempo suficiente, los ministros podrían discutir esos proyectos.
De lo contrario, le corresponderá a la nueva SCJN, conformada por los ministros electos el pasado 1 de junio, discutir ambos casos.
