GUADALAJARA, Jal., (apro) .- Colectivos, diputadas y autoridades municipales demandan justicia por el homicidio de Katia Daniela Medina Rafael, una mujer trans y directora del Colectivo Trans Zapotlán.
El cuerpo sin vida de Katia fue localizado en la carretera Libre Sayula-Ciudad Guzmán, a la altura del crucero La Catarina, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, el sábado 9 de agosto, a las 14:50 horas.
La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que policías municipales recibieron el reporte de la localización del cuerpo y se trasladaron al lugar, donde encontraron a la víctima inconsciente, por lo que requirieron la presencia de servicios médicos municipales, quienes a su llegada confirmaron el deceso.
Destacaron que el cuerpo de Katia tenía “visibles huellas de violencia” en su economía corporal; fue trasladada al descanso de medicina forense, para la práctica de los dictámenes correspondientes para determinar la causa de muerte.
La investigación del caso está a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Regional, aseguran que las indagatorias primarias se realizan con un enfoque diferencial y especializado bajo el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia en los casos que Involucra la Orientación Sexual o Identidad de Género.
Sin embargo, hasta el momento no han informado que se haya detenido a la persona responsable de este crimen y tampoco que existan resultados de las investigaciones.
Alcaldesa de Zapotlán lamentó homicidio y pidió justicia
La presidenta municipal de Zapotlán El Grande, Magali Casillas Contreras, exigió que la Fiscalía del Estado investigue el caso con prontitud, sensibilidad, respeto, perspectiva de género y como feminicidio.
“El gobierno municipal de Zapotlán el Grande lamenta profundamente los hechos ocurridos en contra de Katia Daniela Medina Rafael, mujer trans, directora del Colectivo Trans Zapotlán y reconocida defensora de los derechos de las personas trans en nuestra región”, manifestó.
A través de sus redes sociales, la alcaldesa también expresó preocupación por las expresiones y denostaciones hacia la víctima, que se refirieron a ella con comentarios como “hombre vestido de mujer”.
“Nos preocupa y nos indigna la forma en que algunos medios de comunicación locales han informado sobre este caso, refiriéndose a Katia Daniela como ‘hombre vestido de mujer’. Estas expresiones no solo son incorrectas, sino que representan una grave falta de respeto a su identidad y dignidad, así como a los principios de derechos humanos que deben regir toda labor informativa. Reiteramos que el nombre correcto es Katia Daniela Medina Rafael y que su identidad es la de mujer trans, misma que debe ser reconocida y respetada en todo momento”, pidió.
El gobierno de Magali Casillas exigió a las autoridades competentes que este caso sea “investigado y tipificado con perspectiva de género y de diversidad sexual, tratándose como lo que es: un feminicidio”.
Casillas Contreras solicitó a las autoridades de procuración de justicia, que actúen con prontitud, sensibilidad y respeto, garantizando que este crimen no quede impune.
A los medios de comunicación, la alcaldesa les solicitó que se conduzcan con ética, utilizando el nombre y la identidad de género correctos, evitando revictimizar y perpetuar estigmas.
“A la sociedad en general, para que reconozcamos y respetemos la diversidad de todas las personas, recordando que el respeto a la identidad es un derecho humano fundamental. La memoria de Katia Daniela y su lucha por los derechos trans nos obliga a redoblar esfuerzos para construir un Zapotlán el Grande libre de discriminación, violencia y discursos de odio”, pidió.
Resaltó que Katia Daniela era una “reconocida defensora de los derechos de las personas trans en la región” Sur de Jalisco.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT, hay registros en Jalisco de 30 asesinatos de odio desde el año 2014 a la fecha, en todo el país la cifra es de 590.
Colectivos LGBT condenaron el transfeminicidio
Por su parte, la asociación Unión Diversa de Jalisco y los organizadores de la Marcha del Orgullo en Guadalajara condenaron enérgicamente el “transfeminicidio” de Katia Medina quien dijeron era una reconocida activista trans del municipio de Zapotlán el Grande y exigieron a las autoridades que el caso sea investigado con perspectiva de género y de diversidad sexual.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas de la diversidad sexual rechazaron la revictimización ejercida por algunos medios de comunicación, quienes dijeron han utilizado lenguaje discriminatorio y han difundido información que vulnera la memoria y dignidad de la activista.
En particular, señalaron al medio “Reporte Sur Jalisco”, contra el cual anunciaron que interpusieron una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); esperan que este organismo exija al medio capacitar a su personal en diversidad sexual y no discriminación.
Las asociaciones subrayaron que, según datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, la esperanza de vida promedio de una mujer trans en México es de 35 años. Además destacaron que Jalisco se encuentra entre los cuatro estados con mayor número de crímenes de odio a nivel nacional.
“Hacemos un llamado urgente a doblegar esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres trans y también a todos los medios de comunicación a utilizar un lenguaje respetuoso y no discriminatorio, así como a capacitar a sus equipos sobre temas de diversidad sexual y derechos humanos”, exigieron Unión Diversa de Jalisco y Marcha del Orgullo GDL.
Presentaron iniciativa contra crímenes de odio
La diputada Montserrat Pérez Cisneros del partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó el lunes 11 de agosto la iniciativa “Ley Jonathan Santos y Paola Buenrostro”, que busca tipificar como delitos autónomos el crimen de odio y el transfeminicidio en el estado de Jalisco, con el objetivo de hacer frente a la violencia por prejuicio y garantizar justicia para las víctimas. Hoy, en Jalisco no está tipificado ninguna de las dos modalidades de crímenes.
La legisladora explicó que casos como el asesinato Katia Daniela es una de las razones por las que debe actualizarse el marco normativo que protege los derechos de las personas de la diversidad sexual.
“Estamos creando específicamente el transfeminicidio, esto porque México es el segundo país a nivel mundial con más crímenes de odio contra las mujeres trans, entonces, creemos que es un tema que tenemos que atender y abordar y nos parece muy importante. Apenas el sábado se encontró el cuerpo de una mujer trans activista asesinada en Zapotlán y este no es un hecho aislado, esto es parte de la realidad violenta que viven las mujeres trans en nuestro país”, dijo.
La propuesta de la legisladora –quien llegó al cargo como parte de la cuota de la representación de la comunidad LGBT– pretende incluir en la ley penas de hasta 50 años de prisión por lesiones u homicidios cometidos por odio, y hasta 70 años en casos de transfeminicidio.
También exhorta a la Fiscalía de Jalisco a desarrollar protocolos de actuación e investigación especializados, para evitar la revictimización y garantizar un enfoque diferenciado.
Además de incluir la prisión preventiva oficiosa, busca que se reconozca como agravante cuando el delito sea cometido por motivo de odio; se instigue al suicidio o se ejerza violencia sexual, entre otras. Subrayó que el reconocimiento legal no es solo una herramienta, sino una reparación histórica y garantía de no repetición.
“El crimen de odio es a quien prive de la vida a otra persona, en razón de intolerancia o de odio y este tiene una aproximación más amplia porque está incluyendo no solo en contra de las poblaciones de la diversidad sexual, sino otras poblaciones históricamente vulneradas, por ejemplo, que tenga que ver con religión, con raza, con etnias, con el color de la piel. Tiene otras características y tiene que ver con intolerancia y odio”, manifestó.
Montserrat Pérez Cisneros advirtió el aumento de homicidios contra la población LGBTTTIQ+ en distintos estados del país, y destacó la urgencia de reformar el Código Penal del Estado para sancionar de manera clara y diferenciada los crímenes motivados por el odio.
“La ausencia de una tipificación específica de los crímenes de odio y el transfeminicidio invisibiliza la problemática y dificulta la procuración de justicia, perpetuando la impunidad y la revictimización. Este es un mensaje claro: nunca más vamos a tolerar la intolerancia ni el odio”, expresó la legisladora.
La propuesta también pretende que se reconozca que los crímenes de odio pueden dirigirse contra personas por su origen étnico, color de piel, religión, discapacidad, condición de salud, nacionalidad, ideología política, entre otras características.
La iniciativa tuvo el respaldo de Kenia Cuevas, activista por los derechos de la diversidad sexual; Isaac Zacarias Najar, integrante de “Impulso Trans”; Christian Denis, de Diverso UdeG; y Mónica Ahumada, directora de la Red Mexicana de Mujeres Trans.
Durante el acto de presentación de la iniciativa se guardó un minuto de silencio por el asesinato de Katia Medina, activista y luchadora de los derechos de la diversidad sexual en Zapotlán el Grande.
