SALTILLO, Coah. (Proceso).- Debido a que ya se va, el magistrado Edgar Humberto Muñoz Grajales no quiso esperar a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer el caso y dar carpetazo. De esa manera, un tribunal colegiado rechazó por mayoría los amparos interpuestos por el periódico Vanguardia y aprobar el embargo de bienes por un supuesto adeudo mercantil.
De acuerdo con el medio de comunicación, el embargo favorece a los intereses del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien hasta ahora no se ha pronunciado.
En la sesión del jueves 14 de agosto del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito se abordaron los cuatro expedientes en los cuales el periódico Vanguardia de Saltillo, además de afectados por estar como garantes, buscaba el amparo contra la sentencia dictada por la Sala en Materia Civil del Poder Judicial de Coahuila en diciembre de 2024 dentro de la toca penal 222/2024, tras 15 años de que inició el proceso, ya que fue en 2008 cuando inició el caso en las instancias locales por el supuesto adeudo contraído en 1994.
La Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios han cuestionado las irregularidades en el proceso que ha detallado el diario Vanguardia como acoso judicial por la cobertura que anteriormente se hizo sobre el también exlíder nacional del PRI.
“Este caso refleja un patrón preocupante en la región; el uso de mecanismos legales para intimidar, desgastar y censurar a los medios”, y puntualizó que las resoluciones del Tribunal Colegiado que discutió el tema ayer “no es un asunto mercantil aislado, sino una controversia que incide directamente en el derecho fundamental de libertad de expresión, señala la postura de la Alianza de Medios.
Desahogo en tribunal colegiado
Al inicio de la sesión, el presidente del Tribunal Colegido Federal, Héctor Alejandro Treviño de la Garza, señaló que se recibieron dos notificaciones, una de las cuales establecía la petición de postergar la discusión de los expedientes debido a la petición del medio de comunicación para que la SCJN atrajera el caso y en lo cual él estaba de acuerdo, porque “un poco más que se tarde el asunto no le veo algo tan trascendente”.
Sin embargo, Muñoz Grajales señaló que se trata de argucias legales y con eso “se pretende afectar la impartición de justicia”, ya que los casos de la vía mercantil la SCJN no los atrae porque es un tema entre particulares.
“Han pasado años y ya se resolvió todo; ya estamos en la parte final y como es de su conocimiento yo ya no voy a estar. Este asunto ya lo estudié y todo, pues ya que se resuelva y se está resolviendo conforme a las constancias, conforme a la jurisprudencia y conforme a todo. No puedo yo adelantar los sentidos, pero se va a resolver como es, no hay algo más que en la mente de las personas que están inmiscuidas”, señaló en relación a los señalamientos que el periódico ha hecho en torno a la parcialidad de su actuación y responder a los intereses de la contraparte. El magistrado dejará el cargo a finales de agosto.
La otra notificación estaba dirigida a que García de la Fuente no participe en la discusión al haber afectación también en la imparcialidad, pero la magistrada consideró que no era procedente y no había un argumento objetivo. En la votación Muñoz Grajales y la funcionaria se pronunciaron porque se desechara por improcedente y Treviño de la Garza porque se le diera trámite.
Al mayoritear ambas peticiones se inició la discusión de los cuatro expedientes, uno de los cuales (el 62/2025), correspondiente el aviso que se debió hacer en torno a los recursos entregados, generó uno de los principales argumentos de que la sentencia adolece de fundamentos.
Treviño de la Garza hizo hincapié en que tendría un voto concurrente porque está fundado el concepto de violación y sería de mayor beneficio para el amparo, ya que por sí mismo el título ejecutivo “no da la liquidez y la certeza sobre el adeudo, sino que es la vinculación con un estado de cuenta” y en el cual también se señalan deficiencias.
Sin embargo Muñoz Grajales señaló que fue un crédito tramitado para una remodelación y García de la Fuente complementó que también fue para una reestructura “que sí se hizo” y que no se trata de una institución bancaria y se entregó un certificado de la liberación de los recursos, pero Treviño de la Garza reiteró su postura de que sí se están violando los derechos de los promoventes del amparo.
“Me llama la atención que la parte quejosa señala que la Sala Civil tuvo que presumir cuándo se entregó, según esto, cómo se dispuso de las cantidades que fue el 7 u 8 de diciembre de 1994, pero se tenía que dar el aviso por parte del banco. No bastaba la inscripción en el Registro Público de la escritura pública; ése era un requisito, pero había otro independiente conforme al clausulado del contrato y que era el aviso y este aviso se está presumiendo, no está demostrado, y por ello es que reitero que con hay una ejecutividad por parte del título ni en sus anexos, los cuales tienen contradicciones en cuanto a fecha de disposición y otros que se manejen por concepto de violación”.
El viernes 15, el periódico Vanguardia señaló en su ejemplar impreso y espacios digitales insiste que el caso fue fabricado para favorecer a Moreira Valdés.
“Hoy en Vanguardia atravesamos por uno de esos momentos en los cuales el ejercicio del periodismo crítico pasa factura. Un tribunal federal, colocado de espadas al ideal de justicia que debiera animar su actividad, pero comprometido con los intereses personales de un exgobernador de Coahuila, dictó en nuestra contra la sentencia de última instancia, en un caso mercantil construido de forma artificial con el único propósito de golpearnos económicamente y, de forma ulterior, silenciarnos”.
También reitera que fue una sesión vergonzante para el sistema judicial, porque se avaló un criterio deformado para construir la demanda mercantil y en eso participó el Poder Judicial de Coahuila. La derrota judicial los lleva a perder bienes materiales, pero no el compromiso de hacer periodismo, publicó el diario en su postura.