CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó un país con más personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud, de acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza multidimensional 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En 2018, antes de que López Obrador llegara a Palacio Nacional, en México 20.1 millones de personas padecían esa carencia. Para 2024 la cifra se elevó a 44.5 millones, lo que representa un incremento de 122%. Para dimensionarlo, este número supera incluso los 30 millones de votos que lo llevaron a la Presidencia.
Estas cifras, medidas en términos porcentuales, muestran que 34.2% de la población en México no tuvo acceso a servicios de salud en 2024, frente al 16.2% registrado en 2018; es decir, la proporción de personas en esta condición prácticamente se duplicó en seis años.
En el estudio que presentó ayer miércoles el INEGI se subrayó que la medición del acceso a los servicios de salud es un componente clave para evaluar la pobreza multidimensional, pues no se trata sólo de un indicador estadístico, sino de un parámetro que permite dimensionar el cumplimiento de un derecho fundamental.
“Refleja el elemento esencial del derecho a la salud”, enfatizó el instituto.
Ese recordatorio de que el acceso a la salud es clave en la medición de la pobreza también contrasta con el discurso del gobierno de Claudia Sheinbaum al celebrar la reducción de la pobreza que se generó con López Obrador.
“La Secretaría del Trabajo y Previsión Social celebra la más reciente información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que confirma una reducción histórica en el número de personas en situación de pobreza en México”, señaló esa dependencia, por citar un ejemplo.
En 2024 la pobreza multidimensional cayó a 29.6% de la población, la tasa más baja en la historia de esta medición. Comparada con 2022, la disminución es de 6.8 puntos porcentuales.
Traducido a personas, el gobierno presume haber pasado de 51.9 millones en 2018 a 38.5 millones en 2024. Pero el indicador de acceso a la salud, el mismo que mide un derecho básico, difícilmente encaja en este discurso de aplauso.
Omisiones
El INEGI, dirigido por Graciela Márquez Colín, nombrada a propuesta de López Obrador, no incluyó esta comparación del cierre del sexenio de López Obrador en su boletín oficial de prensa. Sólo informó que de 2016 a 2022 la carencia aumentó de 15.6% a 39.1% de la población.
“No obstante, entre 2022 y 2024 se registró una reducción de 4.9 puntos porcentuales, es decir, 5.9 millones de personas más reportaron estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o privada”, se lee en el comunicado.
Sin embargo, la revisión directa de la base de datos pública del INEGI hecha por Proceso confirma el incremento de personas con esta carencia desde antes de que López Obrador llegara a la Presidencia y hasta 2024, cuando concluyó su gobierno.
La gente del campo, la más afectada
El desglose por ámbito muestra que la población rural fue la más afectada durante el sexenio.
En 2018 había 4.2 millones de personas en zonas rurales con carencia de acceso a la salud; para 2024 la cifra subió a 13.9 millones.
En las zonas urbanas, la cifra pasó de 15.9 millones en 2018 a 30.6 millones en 2024.

Desaparición del Seguro Popular y cambios en la medición
El INEGI explicó que la identificación de la población con carencia de acceso a los servicios de salud entre 2016 y 2024 consideró cambios normativos y su reflejo en la fuente de datos.
“Por ejemplo, la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) implicaron cambios en las preguntas de la ENIGH 2020”, expuso el organismo.
Además, indicó que con la creación del Programa IMSS-Bienestar se puso en marcha un modelo de atención que vincula los servicios de salud con la acción comunitaria para las personas sin seguridad social.
Cabe mencionar que es la primera vez que el INEGI realiza este tipo de medición, pues antes el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se encargaba de ello.