WASHINGTON (apro) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que “tomó bajo custodia” a 26 criminales expulsados de México, de entre quienes destacan dos narcotraficantes, Abigael González Valencia “El Cuini” y Servando Gómez Martínez “La Tuta”.
“Entre los fugitivos, hoy bajo custodia de Estados Unidos, se encuentran líderes y jefes de cárteles peligrosos de la droga, tales como aquellos que han sido designados como miembros de organizaciones terroristas internacionales, incluyendo al Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el del Noroeste (antes Los Zetas)”, destacó el Departamento de Justicia por medio de un comunicado.
De la lista de los 26 criminales buscados por la justicia de Estados Unidos y expulsados a ese país por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, solamente uno no sería sentenciado a cadena perpetua en caso de ser declarado culpable de los cargos que le imputan en un juicio.
“A estos fugitivos de manera conjunta se les achaca el haber importado a Estados Unidos tonelajes de drogas peligrosas que incluyen cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína”, acota el comunicado.
Varios de los 26 expulsado están acusados en Estados Unidos de delitos relacionados con el trasiego de drogas, secuestro, toma de rehenes, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, asesinato de alguaciles federales de Estados Unidos y lavado de dinero, entre otros delitos graves.
La expulsión de estos 26 criminales es el segundo grupo de delincuentes de alta peligrosidad que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envía a Estados Unidos.
26 Fugitives Wanted for Violent and Serious Crimes Returned to the United States from Mexico Including Leaders of Foreign Terrorist Organizations and Alien Smuggling Organizationhttps://t.co/c4XnQthCPu
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 13, 2025
El primero ocurrió en febrero pasado y entre esos iban Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, por ejemplo.
Este nuevo paquete de capos expulsados ocurre a días de la publicación que hizo el periódico estadunidense The New York Times de que el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono el diseño de un plan para eliminar a los cárteles del narcotráfico etiquetados como grupos terroristas; en aguas y territorios internacionales.
El amplio reporte del New York Times no ha sido desmentido ni corroborado por el gobierno de Trump.
“Lo de hoy es el último ejemplo de los históricos esfuerzos del gobierno del presidente Trump para desmantelar a los cárteles y organizaciones terroristas extranjeras”, apuntó en el comunicado Pam Bondi, la procuradora General de Justicia de los Estados Unidos.
“Estos 26 hombres han jugado un papel para traer violencia y drogas a Estados Unidos, bajo este Departamento de Justicia enfrentarán consecuencias severas por sus crímenes. Agradecemos al equipo de seguridad nacional del gobierno de México por sus colaboración en este asunto”, concluyó Bondi.
Cuñado de “El Mencho”
Los 26 expulsados son, en orden de relevancia: Abigael González Valencia “El Cuini”, líder de “Los Cuinis” y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantez “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, miembros de Los Chapitos, Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona y reconocido traficante de personas, Leobardo García Corrales, Luis Raúl Castro Valenzuela y Juan Carlos Félix Gastelum, del Cártel de Sinaloa.
Roberto Salazar, acusado en Los Ángeles, California, del asesinato del subalguacil federal Pablo Escalante. Pablo Edwin Huerta Nuno, del Cártel de Tijuana y Servando Gómez Martínez “La Tuta”, del Cártel de Los Templarios.
El resto del grupo de los expulsados son: Enrique Arballo Talamantes, Benito Barrios Maldonado, Francisco Chávez, Baldomero Fernández Beltrán, Ismael Enrique Fernández Vazquéz, José Carlos Bernal Guzmán, Anton Petrov Kulkin, Roberto Omar López, José Francisco Mendoza Gómez, Hernán Domingo Ojeda López, Daniel Pérez Rojas, Juan Carlos Sánchez Gaytán, David Fernando Vásquez Bejarano, José Antonio Vivanco Hernández, Mario Alberto Núnez Ojeda, Jesús Guzmán Castro y Pablo Salazar.
De todos los 26 criminales solamente el ciudadano de Sierra Leona, de ser declarado culpable de los delitos que le imputan durante un juicio, sería el único en recibir una condena menor que los demás; de 45 años tras las rejas.
Jurídicamente el hecho de que los 26 criminales fueron expulsados de México a Estados Unidos le permite al Departamento de Justicia solicitar a la Corte Federal que los procese la pena capital como castigo máximo en caso de ser declarado culpables de los cargos que les imputan durante un juicio.
Como expulsado quedan sujetos a las prerrogativas de los fiscales federales que los procesen, aunque debemos tomar en cuenta que la amenaza de pena de muerte es la moneda de cambio con la que amenazarían a los capos del narcotráfico para que acepten cooperar con el Departamento de Justicia.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La embajada de Estados Unidos en México celebró el operativo del pasado 26 de julio, en el que se detuvo a 27 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, y lo atribuyó a la “capacitación” de los agentes mexicanos por el Buró Federal de Investigación (FBI) y a la?Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado (INL).
Desde sus respectivas cuentas oficiales en X, la representación diplomática y la INL presumieron que, “en una operación de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG, una Organización Terrorista Extranjera, en Aguascalientes”.
“Las autoridades de México atribuyeron a la capacitación de la INL y del FBI las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales”, agregaron las agencias del gobierno de Donald Trump.
En una operación de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG, una Organización Terrorista Extranjera, en Aguascalientes. Las autoridades ???? atribuyeron a la capacitación de #INL y del @FBI las habilidades necesarias para detener a estos… https://t.co/G2BsRllSVs
— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 12, 2025
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Los cárteles podrían tener como objetivo a testigos en casos criminales tras un importante ataque cibernético a tribunales en Estados Unidos.
Existe una creciente preocupación de que los cárteles y actores extranjeros puedan utilizar los datos robados para identificar informantes y frustrar investigaciones criminales, informó el medio digital estadunidense Politico.
De acuerdo con una nota publicada en el portal especializado en política estadunidense, las autoridades temen que los cárteles de la droga latinoamericanos se encuentren entre quienes obtuvieron datos judiciales confidenciales debido a una amplia vulneración del sistema de archivo de casos del poder judicial federal.
Esto genera preocupación de que los grupos ahora puedan atacar a los testigos colaboradores involucrados en juicios penales, detalla la nota firmada por John Sakellariadis y Josh Gerstein.
“La preocupación, según tres funcionarios judiciales e investigadores con conocimiento del hackeo, es que los cárteles podrían utilizar los datos robados como arma para identificar a testigos en casos que el gobierno federal ha abierto en su contra, o para obtener información sobre investigaciones penales inminentes o en curso, como órdenes de intervención telefónica selladas y órdenes de arresto y registro”, expuso la nota publicada el pasado viernes.
El ataque cibernético fue calificado de grave a principios de julio por la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos.
Se cree que al menos una docena de tribunales de distrito en varios estados de EU se han visto directamente afectados por la vulneración continua del sistema de archivo digital de casos, conocido como CM/ECF, según las dos primeras fuentes.
Se cree que el incidente es uno de los ataques informáticos más graves al sistema de archivo de los tribunales federales en años.
No está claro si los cárteles estaban directamente relacionados con el hackeo. También es posible que los grupos criminales estén comprando los datos a otros hackers con acceso al sistema, indicó Politico.
AGUASCALIENTES, Ags (Proceso).– Las revelaciones hechas durante la audiencia de vinculación a proceso de 18 jóvenes detenidos en un operativo federal, realizado el 26 de julio último en la sierra de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, apuntaron por primera vez a la existencia de un “campamento de adiestramiento” atribuido al crimen organizado en Aguascalientes, un hecho sin precedentes en el estado.
La noticia del caso (y la ola de violencia que originó) han cimbrado a la entidad, que presume ser una de las más seguras del país.
El lugar fue nombrado expresamente como campo de adiestramiento por el Ministerio Público Federal y la defensa de los acusados durante la audiencia judicial celebrada el 1 de agosto último. Hasta entonces, las autoridades no habían detallado de qué tipo de espacio se trataba, aunque el fiscal estatal, Manuel Alonso García, dijo, vagamente, que en el campamento se realizaban labores de vigilancia por parte de un grupo criminal.
El hallazgo incluyó un arsenal de armas largas, cartuchos, cargadores, un lanzagranadas, chalecos antibalas con las siglas “CJNG” y una bolsa de plástico con un bloque de 742.5 gramos de clorhidrato de cocaína; así como objetos personales, alimentos, utensilios de cocina y mochilas. Entre los detenidos hay dos colombianos, uno de ellos, de acuerdo con su esposa, también tiene nacionalidad venezolana, así como personas originarias de municipios de Michoacán, Guanajuato y Coahuila.
Entre los detenidos también hay dos menores de edad y al menos cuatro que tenían ficha de desaparición reciente: Felipe de Jesús Hernández Valdivia, de 39 años, y Emanuel Núñez, de 28, desaparecidos el 28 de mayo de este año en circunstancias aún desconocidas; Arturo Sebastián García Yáñez, de 22 años, desaparecido el pasado 29 de mayo, y Carlos Antonio Esparza Medina, de 18 años, desaparecido el 23 de junio.
Alonso García. Subestimar el reclutamiento de jóvenes para el narco. Foto: Especial
Carlos Antonio había aceptado un trabajo como staff en una clínica de rehabilitación en Guadalajara cuando su familia perdió contacto con él, según lo señalado por Cynthia Medina, su madre, que forma parte del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia.
El sábado, cuando vi la foto de los detenidos, vi que era mi hijo –cuenta la señora Medina llorando. Tenía el ojo hinchado. Sentí felicidad por saber que estaba vivo, que está completo, no sabía todo lo que se venía, no visualicé todo el problema en el que está él ahora, que lo están tratando como un criminal. El domingo en la noche lo pude ver menos de cinco minutos, estaba muy golpeado, irreconocible de su rostro hinchado, muy sucio, muy mal, estaba llorando. Verlo así me acabó. Él me dijo que en el momento de la detención estaba desarmado.
Las versiones oficiales sobre cómo se detectó el campamento difieren: mientras el fiscal estatal asegura que se debió a “denuncias anónimas” recibidas semanas atrás, el Ministerio Público Federal expuso que el operativo se activó después de que un helicóptero de seguridad fue atacado desde el campamento.
Fuentes federales aseguraron a Proceso que el despliegue fue motivado por la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas ese mismo día.
La respuesta al hallazgo fue una ola de violencia en todo el estado que tomó por sorpresa a las autoridades. Incluyó la quema de cinco tiendas de conveniencia y un depósito de cerveza, así como una decena de automotores incendiados, entre ellos tráileres, camiones, una combi del transporte público foráneo y un camión del transporte público urbano.
Los incendios bloquearon tres carreteras federales y otras estatales. También se reportó el hallazgo de dos cuerpos calcinados en los límites entre los municipios de Tepezalá y Pabellón de Arteaga, al norte de la entidad.
Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia. “Desaparecen jóvenes tras aceptar oferta de empleo”. Foto: Facebook del colectivo
Y aunque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la fiscalía local anunciaron la detención de nueve personas por los hechos violentos, sólo dos están presuntamente implicadas con los incendios. Las siete restantes fueron detenidas por la posesión de diversas cantidades de droga.
Esa violencia, sin embargo, no es nueva. Desde 2023 (el primer año de la administración de la panista Teresa Jiménez Esquivel) la población ha vivido el recrudecimiento de la delincuencia con el crecimiento en 72.1% de la tasa de incidencia delictiva y de 28.4% en la de prevalencia delictiva, indican datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).
Los porcentajes colocaron a Aguascalientes, por primera vez, entre los tres estados del país con mayores incrementos en tasas de inseguridad.
Las desapariciones también han aumentado en el estado, así como las extorsiones y el cobro de piso.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los casos aumentaron en 2024, cuando pasaron de 39 en 2023 a 135. En lo que va de 2025 se han reportado 73 casos. La mayoría son hombres entre 15 y 49 años.
Los municipios con mayores cifras son la capital del estado, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga.
Tortura y desamparo
Yuridia Bello Camacho, jueza de distrito encargada de la vinculación a proceso, solicitó abrir una carpeta de investigación por las lesiones que presentaron los detenidos, como quemaduras y golpes en el rostro y cuerpo. Uno de ellos será examinado por posibles daños graves en el riñón y otro recibió un disparo en la pierna.
De acuerdo con familiares de los jóvenes, durante la primera parte de la audiencia, realizada a inicios de la semana pasada, se denunció que estuvieron privados de su libertad de dos a cuatro horas desde su detención y hasta que fueron presentados ante las autoridades judiciales.
Pese a la solicitud del abogado de uno de los detenidos para que comparecieran nueve policías estatales, nueve militares y un miembro de la Guardia Nacional que, dijo, fueron los responsables de las aprehensiones, ninguno asistió a declarar.
Los detenidos fueron vinculados a proceso por los delitos de acopio de armas, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y cargadores, asociación delictuosa y delitos contra la salud; cinco de ellos tienen agravantes por, presuntamente, haber disparado a elementos federales.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal solicitó distribuir a los jóvenes detenidos entre los penales federales de Guanajuato, Michoacán y Chiapas “atendiendo a las circunstancias de los hechos y su probable relación con un grupo delictivo, para prevenir que puedan tomar control carcelario del penal estatal”. La solicitud fue aceptada por la jueza. El plazo para el traslado vence el 18 de agosto próximo.
La reacción del narco tras el descubrimiento del campo de adiestramiento. Foto: Especial
Esa decisión generó angustia entre las familias de los detenidos, quienes enfrentan condiciones económicas precarias. Algunas madres denunciaron que sus hijos habían sido reportados como desaparecidos desde meses antes, otras que fueron engañados con ofertas de empleo como soldadores o balconeros.
“¿Cómo voy a ir hasta Chiapas? No sé ni siquiera dónde está. Apenas tenemos dinero para mantener la casa”, dijo Verónica Torres, tía de Javier Zapata Solís, de 22 años, que antes de ser detenido se dedicaba a recoger plástico y otros artículos de los contenedores de basura para luego venderlos. Ella dejó de saber de él desde mayo de este año.
Entre los argumentos para permitir el traslado a penales federales, la jueza detalló las calificaciones reprobatorias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dado al centro de reclusión de Aguascalientes en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, sobre todo desde 2022.
Entre los puntos por los cuales se han dado tales calificaciones están la falta de prevención de violaciones a los derechos humanos y de atención en caso de detección, hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y de atención a incidentes violentos, entre otras.
Esas deficiencias fueron palpables en 2023, cuando se registró el presunto suicidio de seis internos del penal. A inicios de ese año, la CNDH emitió la recomendación 252/2023 a la entidad por “deficiencias en la atención médica de personas privadas de la libertad, revisiones indignas a visitantes y falta de personal de seguridad en los tres centros penitenciarios”. Pero las autoridades estatales la tildaron de golpeteo político.
“Hasta ustedes van a estar más seguros en un centro federal, hay cámaras en todos lados”, dijo la jueza.
Reclutamiento, una realidad negada: Colectivo de Búsqueda
Desde que las madres buscadoras identificaron a sus hijos desaparecidos en las fotografías filtradas del operativo y la lista de los nombres de los detenidos, que también se filtró, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), que acompaña las labores del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, denunció que en años recientes han recibido reportes de jóvenes desaparecidos tras haber aceptado una oferta de empleo.
Ávila. “Las víctimas están siendo tratadas como victimarios”. Foto: X/@FeministAgs
“En los inicios de año reportamos el reclutamiento forzado, cobro de piso y cuota por seguridad que ha sido confirmado en lugares como el Agropecuario. Hoy las madres ya no solamente están buscando en los servicios médicos forenses, en los campos o en los anexos, también tienen que estar buscando en el Poder Judicial o en los Ministerios Públicos porque sus hijos o familiares desaparecidos, además de ser víctimas de este tipo de violencias que son responsabilidad de las autoridades, están siendo tratados como victimarios. Necesitamos una sociedad responsable y empática que proteja a las juventudes”, dijo Mariana Ávila Montejano, coordinadora del OVSGA, durante una rueda de prensa en la que participaron madres buscadoras.
A mi hijo lo sacaron de mi casa –agrega–, la destrozaron, se lo llevaron a rastras, golpeado. El señor fiscal no puede decir que no hay desaparición forzada, el señor fiscal no puede decir que no existe, las autoridades lo saben perfectamente porque nosotras hemos ido a ponerle la carpeta frente a su escritorio, lo saben. No podemos cerrar los ojos ante una situación que está más que vista.
Olivia Muñoz Campos, madre de Edgar Alfredo Quezada Muñoz, desaparecido el 27 de septiembre de 2022, asegura a que la desaparición de su hijo no fue por decisión propia.
Lorena Guerrero Márquez, suegra de Víctor Manuel Ocón Ramírez, desaparecido el 13 de diciembre de 2023, también denunció que hombres no identificados entraron a su casa y se lo llevaron.
“Compañeras de Michoacán, de Jalisco, hasta de Oaxaca, estuvieron preguntando los nombres de las personas que fueron detenidas. La desaparición es un problema grave en Zacatecas y en Jalisco, pero en Aguascalientes poco se habla del tema, no se reconoce. Todas las personas que llegan a ser reclutadas también son víctimas de un problema muy grave que le ocurre a México”, dijo en entrevista Javier Espinosa, vocero del Colectivo Maverick en Aguascalientes y coordinador de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas.
Pese a ello, el fiscal estatal negó la problemática argumentando que los jóvenes deciden trabajar con los cárteles y desaparecen por decisión propia, o que deciden irse de sus hogares sin que nadie los obligue.
Sin embargo, la propia fiscalía estatal había reconocido anteriormente la problemática.
En abril último, Vicente Junior Acevedo Navarro, titular de la fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas de Aguascalientes, reveló que dos jóvenes originarios del estado aceptaron una falsa oferta de empleo y los trasladaron a Nayarit, donde fueron privados de su libertad.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra “El Makabelico”, un rapero mexicano con más de un millón de seguidores en las redes por presuntamente utilizar sus conciertos para lavar dinero del Cártel del Noreste, un grupo criminal presente al este de la frontera de México con Texas designado en febrero como organización terrorista por la administración de Donald Trump.
El Tesoro también sancionó a otros tres mexicanos por vínculos con el mismo grupo criminal, según informó en un comunicado.
El artista es Ricardo Hernández Medrano, conocido como “El Makabelico” o “Comando Exclusivo”. Las autoridades estadunidenses, que lo definen como “narco-rapero”, afirman que tanto sus conciertos como el 50% de sus regalías de las plataformas de streaming van directamente al cártel.
El Cártel del Noreste, heredero de los antiguos Zetas, trafica armas, drogas y personas y se caracteriza por sus prácticas sanguinarias y de extorsión. Estados Unidos asegura que depende de ingresos alternativos como los que llegan del artista “para impulsar su empresa criminal” y diversificar su negocio.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió el miércoles en su compromiso de lucha frontal contra los cárteles “centrándose en sus líderes y en las fuentes de ingresos que les permiten cometer sus horribles crímenes”.
Las autoridades estadounidenses y también las mexicanas han intensificado sus iniciativas contra artistas y cantantes de narcocorridos que han sido vinculados a narcotraficantes o supuestamente hacen apología de su violencia.
Estados Unidos canceló visas de músicos, como los de la banda mexicana Los Alegres del Barranco, por el uso en un concierto de imágenes del líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación y México tiene abierta una investigación contra ese grupo por operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque sus integrantes se libraron del juicio por el uso de la imagen del narcotraficante.
El Departamento del Tesoro también anunció el miércoles sanciones contra Abdón Federico Rodríguez García, presuntamente segundo al mando del Cártel del Noreste e implicado en el tráfico de drogas, lavado de dinero, robo de combustible, extorsión y de ordenar ejecuciones en nombre del grupo criminal.
También contra Antonio Romero Sánchez, un expolicía de Tamaulipas, estado fronterizo con Texas donde opera el cártel, que está vinculado con numerosas ejecuciones y decapitaciones, y contra Francisco Daniel Esqueda Nieto, supuesto encargado de las operaciones tácticas del grupo criminal y responsable de agresiones al ejército mexicano.
