Una médica y seis organizaciones de salud pública de Estados Unidos presentaron una demanda contra el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. por “modificar unilateralmente las recomendaciones de vacunación contra COVID-19 para niños y mujeres embarazadas”.
La denuncia fue interpuesta ante un tribunal federal del estado de Massachusetts por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), el Colegio Estadounidense de Médicos (ACP), la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA), la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (IDSA), la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) y la Alianza de Salud Pública de Massachusetts (MPHA).
La querella acusa al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y al secretario Kennedy de actuar de forma “arbitraria y caprichosa” al alterar las directrices oficiales sobre inmunización sin respaldo científico ni consenso profesional.
También lo acusa de destituir “injustamente” a 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y de sustituirlos por personas con posturas antivacunas.
“Esta administración representa una amenaza existencial para la vacunación en Estados Unidos”, declaró el abogado Richard H. Hugues IV, quien presentó la demanda y advirtió de que no se quedarán de brazos cruzados mientras se desmantela el sistema de prevención en el país.
La presidente de la IDSA, Tina Tan, advirtió que no permitirán “que un solo funcionario federal elimine efectivamente la libertad de vacunarse en EE.UU., ignorando por completo la evidencia científica y décadas de procesos federales consolidados”.
Entre las acciones denunciadas por los profesionales sanitarios figuran la cancelación de reuniones de paneles científicos, el bloqueo de comunicaciones oficiales de los CDC y la promoción de estudios que relacionan las vacunas con el autismo.
La principal demandante es además una médica embarazada, cuya identidad se mantiene en el anonimato, quien asegura haber sido privada del acceso a una dosis de refuerzo contra COVID-19 pese a estar en periodo de gestación y desempeñar funciones en un hospital con alta exposición a enfermedades infecciosas.
Las organizaciones instaron a la población a seguir confiando en los profesionales de salud y en las recomendaciones basadas en evidencia científica, y advirtieron, en palabras de la doctora y presidenta de la AAP, Susan Kressly, que “estas decisiones se basan en el miedo y no en la evidencia”.
La demanda solicita la anulación inmediata de los cambios impulsados por Kennedy y una declaración judicial que los declare ilegales.
El secretario de Salud, conocido por su escepticismo hacia las vacunas desde antes de asumir su cargo, todavía no se ha pronunciado públicamente sobre la demanda.
Con información de EFE
