Unas 200 mil personas participaron este sábado en la marcha del Orgullo de Budapest, que transcurrió sin incidentes en un ambiente festivo y familiar, pese a haber sido prohibida por el Gobierno ultranacionalista húngaro.
A las 18.00 hora local (16.00 GMT), al menos 200.000 personas, según informó a EFE el portavoz del ‘Budapest Pride’, Máté Hegedűs, se congregaron frente a la Universidad de Ingeniería, tras cruzar el puente Erzsébet sobre el Danubio.
La convocatoria, la más multitudinaria en los 30 años de historia del evento, fue considerada un acto de resistencia frente a la prohibición de los derechos LGTBI que quiso imponer el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán.
Foto de EFE.
A la cabeza de la manifestación, con el lema “La libertad y el amor no pueden ser prohibidos”, estaba el alcalde de Budapest, el ecologista Gergely Karácsony, acompañado por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Diaz.
“Budapest, debido a vuestra participación hoy se ha convertido en la capital de Europa”, dijo Karácsony ante la multitud.
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“La fuerza y grandeza de Budapest está en su carácter multifacético”, agregó el primer edil, afirmando que la ciudad “siempre defenderá a los que están bajo la amenaza de que les quiten algún derecho”.
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O somos libre todos o ninguno”, dijo Karácsony ante la multitud, y aludiendo claramente a las elecciones legislativas de primavera de 2026, sostuvo que el país “se enfrenta a un gran cambio”.
Karácsony agradeció el apoyo de los alcaldes de ciudades como Barcelona, París, Atenas y Londres, entre otras, que estuvieron hoy presentes en la marcha para mostrar su solidaridad.
Foto de EFE.
Una reciente encuesta realizada por el instituto demoscópico Publicus indica que el 78 % de los ciudadanos de Budapest está en contra de la prohibición emitida por la Policía húngara, que alegó una reciente ley aprobada por el Gobierno ultranacionalista.
Esta ley, impulsada por el Fidesz, el partido del primer ministro Orbán, estipula que se pueden prohibir eventos públicos si éstos ponen en peligro el desarrollo considerado como “adecuado” de los menores de edad.
Ante la prohibición emitida, Karácsony decidió incluir la Marcha del Orgullo dentro de un evento municipal capitalino, que en su opinión no requiere permiso ni registro de parte de las autoridades.
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El propio Orbán advirtió en los últimos días que los participantes en la marcha no autorizada podrían sufrir consecuencias legales, como multas de hasta 200.000 forintos (unos 500 euros).
Un grupo de unos 40 ultraderechistas bloquearon el puente de La Libertad, por donde iba a pasar el recorrido del Orgullo.
Mientras que la marcha del Orgullo fue prohibida, las autoridades sí autorizaron esa contramanifestación de un partido de extrema derecha, a la que sin embargo acudieron muy pocas personas.
Irán expandió este sábado la reapertura parcial de su espacio aéreo para las aerolíneas extranjeras que sobrevuelan su territorio, pero mantiene cerrados los aeropuertos de la capital iraní, que no operan desde el comienzo de la guerra con Israel el 13 de junio.
El portavoz del Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano, Majid Akhavan, anunció la reapertura parcial del espacio aéreo iraní en zonas del centro y oeste del país, en un comunicado recogido por la agencia Fars.
Sin embargo, Akhavan indicó que los vuelos en los aeropuertos capitalinos de Mehrabad, que fue atacado por Israel, e Imam Jomeiní continúan cerrados hasta nuevo aviso.
El país persa ya reabrió el miércoles el espacio en algunas zonas, pero de manera muy limitada.
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Irán cerró su espacio aéreo el pasado 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque sobre instalaciones militares y nucleares en territorio iraní, lo que desencadenó casi dos semanas de intercambio de misiles y drones entre ambos países en una guerra en la que intervino Estados Unidos el pasado domingo de madrugada.
Según datos oficiales, la guerra dejó un saldo de al menos 28 muertos civiles en Israel y 627 en Irán, y concluyó con un alto el fuego mediado por Estados Unidos que entró en vigor el pasado martes.
El presidente estadounidense Donald Trump es formalmente aspirante al premio Nobel de la paz de 2025. Su candidatura ha sido presentada ya en dos ocasiones, primero por el Gobierno de Pakistán el 21 de junio y segundo por un congresista estadounidense, el republicano Buddy Carter, quien envió una carta a Oslo el pasado martes 24.
Según los estatutos del Nobel, entre los habilitados a presentar a candidatos están los miembros de las asambleas nacionales y los gobiernos de estados soberanos, lo que se cumple en ambos casos.
Que Trump persigue el Nobel de la paz no es un secreto para nadie y según sus argumentos lo merece tanto o más que Barack Obama, que lo logró en 2009.
“Si yo me llamase Obama, me entregarían el Premio Nobel en diez segundos”, dijo Trump el pasado octubre en un discurso en Detroit, y en febrero, al lado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, abundó en su queja: “Nunca me darán el premio Nobel. Es una pena. Lo merezco, pero nunca me lo darán a mí”.
Trump ha citado cinco conflictos intratables en los que sus presuntas habilidades como mediador (‘dealmaker’) han logrado lo que parecía imposible: que terminen ‘en tablas’, aunque parezcan más bien treguas frágiles que procesos definitivos de paz, los ataques entre Israel e Irán, entre India y Pakistán, entre la República Democrática del Congo y Ruanda y entre Egipto y Etiopía.
“Se hace difícil imaginar que le den el Nobel -dice Michael Hanna, del ‘think tank’ Crisis Group-, por tratarse de alguien que no se siente sujeto a obligaciones internacionales; es más, que pone un particular interés en alterar el orden internacional”, pero admite que en la historia de los premios Nobel de la paz ha habido unos cuantos casos “pintorescos”.
Dicho esto, Hanna reconoce que Trump, por su propio carácter, ha sido decisivo en el último conflicto entre Israel e Irán porque “por la relación que tiene con Israel, tiene la capacidad de modular su toma de decisiones, algo que Joe Biden no tenía”.
Y en ese sentido, la irritación que mostró con el Estado hebreo en público por sus ataques a la nación persa horas después del anuncio del alto el fuego resultó ser decisiva, reconoce.
Fuera de ese conflicto en concreto, el analista resta importancia al papel que Trump pudo tener para poner fin al conflicto entre India y Pakistán el pasado 10 de mayo, recordando que también India desmintió indirectamente a Trump.
Y con respecto al de Congo y Ruanda, Hanna piensa que ambos países “estaban ansiosos por llegar a una tregua” y Trump les ofreció un marco perfecto: una ceremonia de fin de hostilidades que tuvo lugar ayer en la Casa Blanca por todo lo alto.
¿Es la paz lo que busca Trump, o es otra cosa?
El analista expone las motivaciones que mueven a Trump para implicarse en estos conflictos: en primer lugar “la vanidad” y “la autopercepción como negociador y como hombre singularmente cualificado para acabar conflictos”.
Pero no hay que olvidar sus intereses, que se traducen en la llamada “diplomacia transaccional”: en el caso del conflicto entre la RDC y Ruanda, no hay que descuidar su apetito por los minerales raros, abundantes en el Congo y de los que está urgentemente necesitado, Estados Unidos.
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Esa misma búsqueda de minerales raros estuvo detrás de las presiones ejercidas sobre el ucraniano Volodímir Zelenski para que aceptase lo que parecía una rendición ante Rusia.
Pero en aquel conflicto concreto, las dotes de mediador de Trump han demostrado ser insuficientes porque, aun contando con su buena relación con Putin, las exigencias de este último son inasumibles.
Y en cuanto a Gaza, la presunta mediación de Trump sorprendió al mundo entero cuando ‘ofreció’ a los palestinos el autoexilio a países árabes que los acogerían gustosos -ninguno dio un paso al frente- mientras prometía una idílica “Riviera” palestina levantada sobre los escombros de la guerra y donde florecerían los proyectos inmobiliarios en los que la familia Trump siempre se movió como pez en el agua.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la eliminación de Hakam Al-Aissa, uno de los principales comandantes de Hamás y líder del ala militar Al-Qassam.
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Al-Aissa fue identificado como uno de los planificadores clave del ataque del 7 de octubre.
Después de este ataque la comunidad Israelí advirtió: “No hay dónde esconderse. Israel los encontrará a todos”,
Las personas LGBTIQ en América siguen viendo cómo sus derechos son negados en varios países, cuestionados en otros e incluso recortados en lugares como EE.UU. y Argentina, que desde el norte y el sur del continente lideran una acometida contra la diversidad sexual y de género.
América presenta un amplio abanico de contextos legales para las personas LGBTIQ. Desde países como Jamaica, que criminaliza la homosexualidad, hasta otros que reconocen el cambio de género. Sin embargo, una constante en toda la región es que la violencia contra las personas LGBTIQ crece incluso en las naciones con leyes más garantistas.
La violencia contra la comunidad LGBTIQ persiste
Según el último informe de la red Sin Violencia, que monitorea la situación en diez países de la región, en 2023 fueron asesinadas 364 personas de la comunidad LGBTIQ en México, Guatemala, Honduras,El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En Brasil, la ONG Grupo Gay da Bahia reporta una muerte violenta vinculada a esta población cada 34 horas.
En Colombia, donde el matrimonio igualitario es legal desde 2016, solo en los primeros cinco meses de 2025 se contaron 43 homicidios. En 2024 la cifra aumentó un 3.8% respecto al año anterior y se reportaron 689 agresiones sexuales contra personas LGBTIQ, casi dos casos por día. Las mujeres lesbianas y bisexuales sufrieron la mitad de estos ataques.
Por su parte, Brasil sigue siendo uno de los países más mortíferos, especialmente para las personas trans. En 2024, 106 personas trans fueron asesinadas, un 30% del total mundial, según la asociación Trans Murder Monitoring. El matrimonio homosexual se reconoce desde 2011, permite el cambio de género basado en la autopercepción y se han prohibido las terapias de conversión.
México registró 148 asesinatos de personas LGBTIQ en 2024, más de la mitad de ellas mujeres trans, según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. Estas cifras se dan a pesar de que el país permite el matrimonio igualitario, reconoce la adopción por parejas del mismo sexo en diez estados y autoriza el cambio de género en veinte de las 34 regiones.
Desde 2004, al menos 565 miembros de la comunidad LGBTIQ han sido asesinados en Honduras y más del 98 % de los casos siguen impunes, según el Observatorio de Violencia hacia personas LGBTIQ+.
AME8724. BOGOTÁ (COLOMBIA), 28/06/2025.- Fotografía de archivo del 10 de Mayo de 2025 de personas sosteniendo una bandera en una marcha por el Día Internacional del Orgullo LGTBI, en La Habana (Cuba). Las personas LGBTIQ en América siguen viendo cómo sus derechos son negados en varios países, cuestionados en otros e incluso recortados en lugares como EE.UU. y Argentina, que desde el norte y el sur del continente lideran una acometida contra la diversidad sexual y de género. EFE/ Ernesto Mastrascusa/ARCHIVO
Derechos LGBTIQ estancados
Desde que Argentina fue pionera en América en reconocer el matrimonio homosexual en 2010, doce países le han seguido la estela. Sin embargo, todavía hay Estados que no lo aceptan, como la mayoría de Centroamérica, Venezuela, Paraguay o Perú, donde una encuesta de 2024 de Ipsos reveló que el 66 % de los peruanos está en contra de reconocer este derecho.
Respecto a la legalización de cambio de género para personas trans, Argentina y Ecuador reconocen esta posibilidad en base de la autopercepción de quien la solicita, mientras que Cuba y Panamá todavía requieren cirugía de reasignación de género para otorgar el cambio y la mayoría de Centroamérica y el Caribe no ha legalizado la transición.
Cinco países del Caribe -Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas- criminalizan las relaciones homosexuales al tener versiones de las llamadas leyes de ‘sodomía’ e ‘indecencia’, que datan de la época colonial y convierten a estas naciones en casos atípicos en el hemisferio occidental.
En Bolivia los crímenes de odio no están tipificados en la legislación y, por lo tanto, no se cuenta con cifras de la violencia por discriminación LGBTIQ, igual que sucede en El Salvador o Guatemala.
La protección para las personas intersexuales es prácticamente nula en la región: solo Colombia y Chile restringen las cirugías a las infancias intersexuales, una práctica denunciada por HRW como innecesaria y dañina física y psíquicamente.
AME8723. BOGOTÁ (COLOMBIA), 28/06/2025.- Fotografía de archivo del 10 de Mayo de 2025 de personas participando en una marcha por el Día Internacional del Orgullo LGTBI, en La Habana (Cuba). Las personas LGBTIQ en América siguen viendo cómo sus derechos son negados en varios países, cuestionados en otros e incluso recortados en lugares como EE.UU. y Argentina, que desde el norte y el sur del continente lideran una acometida contra la diversidad sexual y de género. EFE/ Ernesto Mastrascusa /ARCHIVO
La acometida de Trump y Milei
Este año se cumplió el 50 aniversario del primer desfile LGBTIQ en Washington, pero la celebración se amarga frente a la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra ese colectivo.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado al menos cuatro medidas que los activistas consideran ataques directos contra la comunidad: eliminó el reconocimiento legal de las personas no binarias al establecer que en EE.UU. solo existen “dos sexos”, retiró los pasaportes con género “X”, prohibió a mujeres trans competir en deportes femeninos y excluyó a las personas trans de las Fuerzas Armadas.
También ha arremetido contra las políticas públicas de diversidad, equidad e inclusión, provocando que numerosas empresas hayan abandonado estos compromisos o moderado sus posicionamientos para alinearse con su postura.
En la otra punta del continente, los derechos de las personas LGBTIQ en Argentina también atraviesan un marcado retroceso desde la llegada al poder de Javier Milei en diciembre de 2023. El desmantelamiento de organismos clave como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) profundizó el vacío institucional en esta materia.
Además, los discursos discriminatorios contra las identidades disidentes desde miembros del propio Ejecutivo, como las declaraciones de Milei, cuando vinculó la homosexualidad con la pedofilia, alimentan un clima de violencia y crímenes de odio.
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Según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTIQ+ de Argentina, en 2024 los ataques en la vía pública aumentaron un 53 % y los asesinatos casi se duplicaron, alcanzando los 140 casos.
Las declaraciones violentas no provienen únicamente de gobiernos conservadores: en 2024, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó a las personas trans como “aberraciones humanas”, un pronunciamiento que generó una fuerte condena por parte de defensores de derechos humanos.
Incluso en países relativamente garantistas y con un Gobierno a favor de los derechos LGBTIQ como es Chile, la organización MOVILH denunció en 2024 retrocesos como la negativa a tipificar los asesinatos de mujeres trans como feminicidios. Todo esto, con un aumento de las denuncias por discriminación de un 78.7% frente al año anterior.
Por el contrario, el Parlamento cubano contempla aprobar en julio una reforma a la ley del registro civil, que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de que un cubano pueda cambiar de género sin necesidad de una operación u orden judicial. Mientras que Ecuador cuenta con un reglamento similar aprobado el año pasado.
En Colombia, el Congreso tramita la Ley Integral Trans, que busca establecer rutas específicas de acceso a salud, educación y empleo digno para esta población.
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, planea cobrar casi mil dólares por día a los inmigrantes que incumplan intencionalmente una orden de deportación, según una regla publicada este viernes que hace parte de la iniciativa de la política migratoria de la Casa Blanca.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la nueva norma federal conjunta con el Departamento de Justicia (DOJ) que hace parte de la estrategia de la administración republicana para presionar a los inmigrantes sin estatus a abandonar el país.
La norma establece una multa de hasta 998 dólares por día a extranjeros que incumplan intencionalmente una orden de deportación.
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Los inmigrantes que no acaten una orden de salida voluntaria enfrentarían cobros de mil 992 a 9 mil 970 dólares. Además, los extranjeros que intenten ingresar o ingresen ilegalmente al país podrían enfrentar sanciones económicas de entre 100 a 500 dólares.
La nueva regla también pretende hacer cambios en las notificaciones que se deben enviar a los inmigrantes avisando sobre las multas.
Actualmente, el gobierno debe alertar a quienes se encuentran en EE.UU. sin documentos 30 días antes de comenzar a imponer los cobros, la iniciativa eliminará el plazo de 30 días.
La norma propuesta por el DHS permitiría enviar multas a los inmigrantes indocumentados por correo postal y acortará el proceso aplicable si los afectados impugnan los castigos económicos.
“El DHS considera que la naturaleza de las sanciones por no salir del país y por entrada ilegal justifica la necesidad de procedimientos más ágiles”, dice la norma propuesta.
Por su parte, la subsecretaria del DHSTricia McLaughlindijo en un comunicado que la ley “no se aplica sola” y debe haber consecuencias por infringirla.
La funcionaria indicó que las sanciones financieras como estas son una razón más para que “antes de que sea demasiado tarde”, los inmigrantes indocumentados utilicen la aplicación CBP Home para autodeportarse.
La norma fue publicada este viernes en el Registro Federal, por ley el Ejecutivo debe permitir comentarios del público.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) comenzó a emitir multas por incumplimiento de salida nuevamente desde el pasado 13 de junio, con casi 10 mil avisos de sanciones emitidas, según cifras citadas por el Ejecutivo estadounidense.
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, se refirió al Cártel de Sinaloa y otras bandas criminales como una amenaza para la Unión Americana.
Lo anterior fue detallado por Bondi durante una conferencia en la Casa Blanca junto al presidente estadounidense, Donald Trump.
Pam Bondi: “Today marks 2,711 arrests on these terrorists and these gangs … TDA has been a huge terror to our country, as well as MS-13, as well as Sinaloa Cartel. No longer!”
pic.twitter.com/VsvC620etw
— The Post Millennial (@TPostMillennial) June 27, 2025
Bondi apuntó que van dos mil 711 “terroristas” detenidos criminal Tren de Aragua y agregó que otras organizaciones criminales como la MS-13 y el Cártel de Sinaloa, son una amenaza para los Estados Unidos.
TDA (Tren de Aragua) ha sido un gran terror para nuestro país, al igual que la MS-13 y el Cártel de Sinaloa. ¡Ya no más!”, afirmó en la rueda de prensa.
Bondi dejó en claro que la captura de criminales es “la prioridad del presidente Trump. Esa es la prioridad de este país, de Seguridad Nacional, de todos nuestros fiscales y del FBI”.
Las declaraciones la fiscal estadounidense ocurren luego de que en febrero pasado el Gobierno de Donald Trump designará como organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos.
A través de un documento del Registro Federal de Estados Unidos se anunció que el Cártel de Sinaloa (CDS), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noroeste, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos son las organizaciones del narcotráfico señaladas como terroristas.
En México, desde hace décadas, estos cárteles de la droga han generado violencia y cuentan con redes que se expanden a Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa, además de células criminales dedicadas a otros delitos como el tráfico de personas, los secuestros y la extorsión.
El Cártel de Sinaloa
También conocido como el Cártel del Pacífico y fundado en 1989, es uno de los más antiguos de México. Es considerado uno de las organizaciones criminales más grandes y el que tiene mayor presencia en Estados Unidos.
Fue dirigido por el capo Joaquín Chapo Guzmán, quien fuera considerado el narcotraficante más poderoso del mundo y fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Tras la captura de Guzmán Loera en 2016, Ismael Mayo Zambada quedó al frente de la organización hasta su detención en territorio estadounidense en 2024.
Actualmente, la organización vive un enfrentamiento, desde septiembre de 2024, entre las células delictivas de Los Chapitos y Los Mayos, tras la entrega en Estados Unidos del cofundador Zambada García, lo que ha provocado cientos de homicidios en Sinaloa.
El presidente de Estados Unidos, DonaldTrump, decidió romper con efecto inmediato la negociación comercial con Canadá tras reprocharle a ese país su intención de gravar los servicios digitales a las tecnológicas estadounidenses.
“Acabamos de ser informados de que Canadá, un país con el que es muy difícil COMERCIAR, incluido el hecho de que ha cobrado a nuestros agricultores aranceles de hasta un 400 por ciento durante años sobre los productos lácteos, acaba de anunciar que gravará los servicios digitales a nuestras empresas tecnológicas, lo que es un ataque directo y flagrante a nuestro país”, dijo en su plataforma, Truth Social.
Debido a ese gravamen, según añadió, Estados Unidos da por terminadas “TODAS” las discusiones comerciales con Canadá “con efecto inmediato”.
“En los próximos siete días comunicaremos a Canadá el arancel que pagará para hacer negocios con Estados Unidos”, afirmó Trump, que reprochó a ese país estar copiando a la Unión Europea la imposición de ese arancel sobre las tecnológicas.
El plazo oficial para llegar a nuevos pactos tras la aplicación por parte de Trump de los mal llamados “aranceles recíprocos” acababa este próximo 9 de julio, pero el líder republicano ya había dejado caer este viernes que podía extenderlo o acortarlo y que no se cerrarían pactos con todos.
El ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, advirtió la semana pasada que el impuesto digital sigue en vigor en Canadá y que el primer pago, que afecta entre otras a grandes multinacionales estadounidenses como Meta, se tiene que realizar el próximo lunes 30 de junio.
El impuesto, que se aplicará de forma retroactiva desde 2022, es un 3 por ciento de los ingresos por encima de 20 millones de dólares que las empresas obtienen de servicios digitales de residentes canadienses.
Champagne también indicó que la aplicación del impuesto digital formaba parte de las negociaciones comerciales que Washington y Ottawa estaban manteniendo tras la imposición de aranceles por parte de la Administración de Trump.
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció que el Gobierno estadounidense había alcanzado un acuerdo con el G7 con el que sus grandes compañías multinacionales evitarían pagar un 15 por ciento de impuestos en los países en los que operan, tal y como establece el Acuerdo Fiscal Global de la OCDE.
“Los impuestos del Pilar 2 de la OCDE no se aplicarán a las empresas estadounidenses y trabajaremos de manera cooperativa para implementar este acuerdo en el marco inclusivo OCDE-G20 durante las próximas semanas y meses”, dijo Bessent.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que no descarta volver a atacar las instalaciones nucleares de Irán si recibe informes creíbles de inteligencia que confirmen un nuevo enriquecimiento de uranio a “niveles preocupantes”.
Preguntado en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre si consideraría bombardear nuevamente los centros de enriquecimiento iraníes de comprobarse que Teherán puede hacerse con un arma nuclear, Trump respondió: “Totalmente”.
El mandatario celebró el “éxito rotundo” de los ataques estadounidenses del fin de semana a las instalaciones de Fordó, Isfahán y Natanz que, según recordó, propiciaron un acuerdo de alto el fuego entre Irán e Israel que puso fin a 12 días de fuego cruzado y desescaló la tensa situación en Oriente Medio.
También aseguró que tanto el Gobierno israelí como Teherán están “exhaustos” después del conflicto.
“Traté con ambos, y ambos querían resolverlo (el conflicto). Hicimos un gran trabajo, pero (Irán e Israel) están exhaustos. Lo último en lo que piensan ahora es en la energía nuclear. ¿Sabes en qué están pensando? Piensan en el mañana, en intentar vivir”, agregó.
Insistió en que las instalaciones, sobre todo la clave en Fordó, han sido totalmente aniquiladas. “El sitio quedó arrasado por las bombas. Y no, no me preocupa en absoluto”, advirtió.
Trump además pidió al líder supremo iraní, Ali Jameneí, que “diga la verdad” después de que este asegurara ayer jueves que los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares no lograron “nada significativo”.
“Tienes que decir la verdad. Te dieron una paliza, e Israel también fue golpeado”, dijo en una aparente apelación directa al ayatolá.
El presidente estadounidense y su alto mando militar han criticado duramente un informe preliminar de inteligencia filtrado a la prensa estimara que tras los ataques el programa nuclear de Irán se vería demorado por unos seis meses, no años, como ha asegurado Trump.
Trump ha afirmado también que Teherán parece haber perdido el acceso a sus reservas de uranio enriquecido al 60 % tras el ataque y ha asegurado que Irán “no sacó nada de las instalaciones”, en referencia a las reservas que el país supuestamente mantenía en las instalaciones atacadas.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió linearse con la petición de la Administración de Donald Trump de levantar los bloqueos en tribunales menores al intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un fallo que otorga una victoria para el mandatario y que podría repercutir en decenas de demandas contra las políticas del republicano.
Con una mayoría conservadora de seis votos contra tres, la decisión no se refiere a los méritos del decreto en sí, que busca restringir el derecho automático de ciudadanía estadounidense establecido en la Constitución y negarlo a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.
En su lugar, el fallo se limita a la jurisdicción de los juzgados menores y la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo.
Específicamente, evalúa los bloqueos nacionales temporales a la orden de Trump por parte de tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron en decisiones separadas que el presidente no tiene la autoridad de cambiar o restringir la Constitución.
En la opinión de la mayoría, la jueza conservadora Amy Coney Barrett escribió que “los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el poder ejecutivo”, sino que “resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso”.
“Cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder”, indicó Barret, uno de los votos clave en esta decisión porque durante la presentación de argumentos en mayo cuestionó el porqué el Gobierno pidió al Supremo evaluar cuestiones técnicas y no los fundamentos del decreto en sí, algo sobre lo que el Supremo no se pronunció hoy.
La jueza afirmó que la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento – cuya aplicación está en pausa temporal en todo el país mientras se revisan los casos – “no entrará en vigor hasta 30 días después de la fecha de esta opinión”.
Según expertos, este retraso podría ofrecer un margen para que los querellantes consideren presentar demandas colectivas en lugar de individuales como otra vía de impugnar la orden ejecutiva de Trump.
Unos 255 mil bebés al año podrían quedar afectados por estas limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute. Detractores de Trump y expertos legales señalan que este es un derecho constitucional entronizado en la Enmienda 14 y no puede ser derogado por una orden presidencial.
La jueza liberal Sonia Sotomayor anunció su voto discrepante desde el estrado este viernes, un movimiento visto como muy inusual, en señal de su profundo desacuerdo con la mayoría.
“El Estado de derecho no se da por sentado en esta nación, ni en ninguna otra. Es un precepto de nuestra democracia que solo perdurará si quienes tienen el coraje suficiente, en cada rama (del Gobierno), luchan por su supervivencia. Hoy, la Corte renuncia a su papel vital en ese esfuerzo”.
En su opinión de disenso, la liberal Ketanji Brown Jackson insistió por su parte en que el fallo permitirá al Ejecutivo violar los derechos constitucionales de todas las personas que no estén nombradas en las demandas, algo que en su opinión, representa una “amenaza existencial para el Estado de derecho” en EE.UU.
Brown advirtió que al traer frente al Supremo estas cuestiones técnicas sobre la autoridad de las cortes y no el mérito de la orden ejecutiva en sí, el Gobierno buscar poner “una cortina de humo” para ejercer “el poder arbitrario e incontrolado que los Padres Fundadores de Estados Unidos buscaron erradicar con la Constitución”.
Limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares era una de las promesas de campaña del republicano, que regresó al poder el 20 de enero con una redoblada política migratoria de mano dura. Trump firmó la orden el mismo día en que asumió su segundo mandato.
