CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El bloque mayoritario de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bateó, una vez más, impugnaciones presentadas por candidatos a las elecciones judiciales del pasado 1º de junio, quienes denunciaron condiciones de inequidad debido a que sus rivales fueron promovidos en los llamados “acordeones”.
Los tres magistrados del bloque mayoritario, encabezado por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, resaltaron en unos casos que los denunciantes no aportaron pruebas suficientes para anular los resultados de la elección, y se negaron a dar vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que realice una investigación sobre los “acordeones”.
La Sala Superior del TEPJF se dividió en torno a seis casos derivados de la elección judicial, en los cuales el bloque mayoritario pudo imponer sus decisiones y evitar así la anulación de algunas elecciones debido al reparto de “acordeones”; los dos magistrados disidentes consideraron por su parte que existían las condiciones para al menos solicitar una investigación al INE.
“No hay elementos para determinar, como se propone en algunos casos, la nulidad de la elección”, refrendó Soto, quien aseveró que “este tribunal no es la autoridad investigadora y en este sentido no nos corresponde a nosotros ir a buscar los elementos que no fueron aportados.”
En el mismo tono, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien forma parte del grupo de Soto, sostuvo que “el tema puede ser de un pronunciamiento mediático alto, pero nosotros nos tenemos que ceñir a lo estrictamente jurídico”, y aseveró que, en su opinión, los temas partieron de una “supuesta distribución masiva de acordeones” pero no demostraron “la existencia de los hechos demostrados”.
La magistrada Janine Otálora Malassis, por su parte, consideró que resultaría difícil para un candidato investigar el origen de los acordeones y demostrar la incidencia que tuvieron en los resultados de la elección, por lo que planteó dar vista al INE para investigar “una posible inducción al voto y el consecuente posible rebase de gastos de campaña, para que el INE no esté analizando quejas de manera aislada, sino toda una temática en su contexto y en su totalidad”.
Sin sorpresa, esa opción fue desechada por el bloque de magistrados encabezado por Soto. “Hay muchos casos en los que las pruebas no traen ni meros indicios o algunos que ni siquiera por sí mismos generan convicción respecto a lo que se pretende probar, y ahí es cuando no estaríamos ni dando vista al INE ni nada, son indicios que realmente no son ni siquiera mínimos para generar una investigación que vaya más allá, porque no nos están aportando ninguna prueba”, dijo la presidenta.
