Sheinbaum presenta al Senado su estrategia nacional de seguridad pública, sin mencionar los “abrazos, no balazos”

La mandataria indicó que busca una estrategia integral basada en la prevención, proximidad social, inteligencia, investigación y la coordinación interinstitucional

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Senado de la República su estrategia nacional de seguridad pública, donde coincidió en seguir atendiendo las causas de la violencia, pero evitó mencionar la política de “abrazos no balazos” de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Se propuso generar inteligencia para detener a objetivos generadores de violencia, desmantelar redes criminales y asegurar drogas y armas.

Conforme al plazo establecido en el artículo 69 de la Constitución, la presidenta debió entregar al Senado su plan sexenal de seguridad el 5 de febrero, pero el documento fue presentado dos meses después.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que su estrategia tiene cuatro ejes rectores: atención a las causas de la violencia; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecer la inteligencia y la investigación, y coordinación absoluta entre el gabinete de seguridad federal con las entidades federativas.

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Mencionó que de esos ejes se desprenden tres objetivos generales: disminuir la incidencia delictiva, neutralizar a generadores de violencia y grupos delictivos y fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales.

La mandataria indicó que busca una estrategia integral basada en la prevención, proximidad social, inteligencia, investigación y la coordinación interinstitucional.

“No es suficiente la persecución del delito; es primordial atender sus causas, recuperar el espacio público y ampliar las oportunidades de desarrollo, educación y empleo digno para fortalecer la cohesión social. (…) Se reconoce que la seguridad debe comprender la atención a las causas de la violencia y fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia”, mencionó.

Para atender las causas, Sheinbaum Pardo planteó la consolidación de un esquema donde se puedan recibir, atender y canalizar satisfactoriamente las necesidades de las personas en materia de seguridad y la generación de políticas, programas y estrategias integrales que atiendan las causas estructurales y sociales de la violencia para su prevención.

Mencionó que para ese propósito, la Secretaría de Seguridad (que dirige Omar García Harfuch) creará la Subsecretaría de Prevención de las Violencias.

“En este eje de atención a las causas participan más de 30 dependencias y organismos del gobierno de México que ofrecen alrededor de 100 programas y acciones sociales, tales como Recorridos Casa por Casa y Sí al Desarme, Sí a la Paz, además de la atención prioritaria que se brinda en las entidades federativas con mayor incidencia delictiva como lo son Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Estado de México, Baja California y Guerrero”, detalló.

Se propuso incrementar el estado de fuerza de la Guardia Nacional para asegurar su presencia y despliegue operativo en el país, en coordinación con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El documento compromete la elaboración de productos de inteligencia y de análisis criminológico, mediante el aprovechamiento de la información para la prevención y el combate de los delitos.

En particular, se trazó implementar sistemas y procedimientos especializados, para el combate a la delincuencia, mediante el uso de herramientas tecnológicas de punta; realizar actividades de reconocimiento aéreo y de inspección, para el apoyo a las investigaciones, la recolección de evidencia, la obtención e integración eficiente de pruebas y la persecución de delitos.

También colaborar con las instancias competentes en el rastreo, análisis y preservación de evidencia digital, que contribuya a la prevención e investigación de delitos cibernéticos, así como mejorar los métodos de consulta de registros y bases de datos en materia de seguridad pública, para contribuir en las labores de inteligencia, investigación y operación.

También se planteó crear y consolidar las áreas de inteligencia penitenciaria y criminal encargadas de detectar y desactivar actos planificados o ejecutados dentro de los centros penitenciarios, que conlleven riesgos y amenazas.

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