Candidatos vinculados al crimen: Comité del Legislativo se defiende, y dice que Senado tiene en sus manos expedientes e informes de la FGR y SSPC

Luego que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que al menos una veintena de personas vinculadas a la delincuencia se filtraron como candidatos a juzgadores, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo respondió que evaluó a los más 4 mil aspirantes a través de información que obtuvo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad federal, información que actualmente tiene en su manos el Senado.

Entrevista por Latinus, Maribel Méndez de Lara, exintegrante del desaparecido comité, dijo estar enterada de los casos de candidatos que liberaron o defendieron a narcotraficantes, o vinculados a organizaciones religiosas como La Luz del Mundo.

Afirmó que sin desconocer la responsabilidad que pudieron tener los integrantes del Comité, la evaluación a los aspirantes y candidatos la hicieron con información que pidieron a la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sin embargo, indicó únicamente solicitaron a la FGR y fiscalías locales información de aquellas personas con sentencias firmes por delitos penales, o bajo procesos civiles como pensiones alimenticias para menores.

“Ahí fuimos muy precisos de sentencias firmes porque también hay que respetar el principio de presunción de inocencia”, sostuvo.

Destacó que los casos de candidatos que se han acusado que liberaron a delincuentes, tenían pase automático a la elección, mientras que en los casos que se acusa que defendieron a delincuentes como líderes de Los Zetas, “no se consideran responsables de algún delito”, ya que sólo ejercieron su profesión.

Respecto a la revisión de la fama pública, como planteó la reforma judicial, Méndez de Lara reconoció que “es un tema muy subjetivo”.

Por ello, dijo que en el filtrado de candidaturas se hizo con los requisitos constitucionales y legales, y argumentó que “son los riesgos que se corren”.

“Varias de estas personas se dice que liberaron a presuntos responsables, que si eran culpables y demás, son personas que estaban en funciones. Y de las otras personas que se menciona, efectivamente hay de los tres Poderes propuestos, incluido el Legislativo, pero quisiera mencionar que el número que se maneja son 20 de alrededor de 4 mil candidaturas”, dijo.

“También hay que relativizar el porcentaje que representan y más considerando que la buena fama pública es un elemento de alguna manera subjetivo; es qué opinan los demás de ti verdad y es un requisito constitucional, pero también hay que cuidar mucho que no haya mala fe para desacreditar a personas y demás”, argumentó.

Cuestionada sobre casos como Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez Nuevo León, quien es señalado de haber sido defensor legal de Miguel Ángel Treviño “El Z40”, la magistrada Méndez de Lara dijo: “nosotros consultamos a la Secretaría de Seguridad y ciertamente estas personas en estricto sentido no se consideran responsables de algún delito, están ejerciendo la abogacía. Ahí quizás nos hace falta un registro nacional del ejercicio de abogacía y los casos, pero también tenemos que ser muy cuidadosos, tengo que decirlo, en descalificar si no se tiene la información”, aseveró.

Aunque no reveló el número de casos, la magistrada dijo que durante la evaluación, el Comité rechazó aspiraciones de personas por tener sentencias firmes por delitos que ameritan prisión preventiva, o bien por no garantizar el promedio mínimo de 8 requerido en licenciatura de derecho.

Afirmó que todos los expedientes, tanto de los aspirantes como de los candidatos, así como la información de la FGR y la SSCP, la tiene en su poder el Senado.

“Fue entregado al Senado de la República el archivo correspondiente; el Comité de Evaluación del Poder Legislativo entregamos las actas y el software con datos y documentos de las personas participantes, los documentos generales, todo está ahí”, expresó.

Cabe destacar que la Cámara Alta no ha presentado, hasta las 16:16 horas de este viernes, la impugnación que anunció Fernández Noroña para pedir al Tribunal Electoral la anulación de candidaturas de candidatos vinculados a la delincuencia o el narcotráfico.