La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alcanzó un acuerdo estratégico para limitar las exenciones fiscales otorgadas a la FIFA, las cuales originalmente se extendían hasta 2028 según el convenio firmado en 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. A través de una norma habilitante incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, el gobierno federal estableció que estos beneficios serán exclusivos para el ejercicio fiscal 2026 y aplicarán únicamente a los actores directamente involucrados en la organización del torneo.
Con este ajuste, las entidades o proveedores que realicen actividades fuera del marco estricto de la Copa del Mundo deberán cumplir con sus obligaciones tributarias ordinarias, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta (ISR), garantizando así que la soberanía fiscal del país no se vea vulnerada por compromisos de administraciones pasadas.
El acuerdo también facilita la logística del evento mediante un procedimiento simplificado para la importación temporal de mercancías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de agosto de 2025. Estas medidas, vigentes hasta diciembre de 2026, exentan del derecho de trámite aduanero a los bienes autorizados por “FIFA México” y permiten el uso de formatos administrativos ágiles para acelerar la infraestructura necesaria en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Con una expectativa de recibir a más de 5.5 millones de turistas extranjeros y generar una derrama económica superior a los 3 mil millones de dólares, México se prepara para hacer historia como el único país anfitrión de tres mundiales, manteniendo un equilibrio entre el cumplimiento de sus compromisos internacionales y la responsabilidad en la recaudación tributaria nacional.