El Tren Maya y su nuevo acceso a la zona arquelógica de Chichén Itzá está dañando la economía del poblado maya de Pisté, Yucatán, y pone en jaque los ingresos de más de tres mil familias, aseguran artesanos y guías turísticos de la zona.
Desde el primero de junio, el único acceso para los visitantes de Chichén Itzá es el Centro de Atención a Visitantes (CATVI), una de las obras contempladas del proyecto del Tren Maya.
Durante casi cuatro décadas, miles de personas que visitan el sitio arquelógico ingresaban por el parador turístico de Pisté, dejando una importante derrama económica en la localidad habitada por poco más de seis mil personas.
Te podría interesar
-
Obra de AMLO
“Lo que vemos hoy no se compara con lo que se avecina”: buzo alerta por riesgos estructurales en el Tren Maya
-
Polémica cultural
Se cometieron “crímenes de lesa arqueología” en el Tren Maya, acusa sindicato de profesores del INAH
Tras el cierre del parador, el flujo de turistas fue desviado al CATVI, dejando a la localidad al borde del colapso económico, explica Álvaro Mena Fuentes, asesor jurídico del Concejo de Gobierno Indígena de Pisté Chichén Itzá.
Este Concejo acusa que el CATVI fue impuesto por el Instituto de Antropología e Historia (INAH) y el gobierno de Yucatán sin cosulta ni autorización de los pobladores.
“El parador tradicional beneficiaba a artesanos, amas de casa que tenían ahí sus puestos de comida, a ejidatarios que habilitaban espacios de estacionamiento, mototaxistas que tenían rutas establecidas y guías de turistas que trabajaban desde esa entrada, dejando una derrama económica importante en la comunidad de Pisté”, explica Mena Fuentes en entrevista con Latinus.
Integrantes del Concejo de Gobierno Indígena de Pisté Chichén Itzá consideran que estas construcciones son un “elefanteblanco”.
“El Tren Maya está casi siempre vacío, la gente no lo usa, no lo necesita. Lo mismo pasaba con el CATVI, pero ahora para poder entrar a la zona arqueológica los turistas sí o sí deben usarlo”, asegura el artesano Pablo Euam Cen.
El INAH argumentó que el cierre del antiguo parador busca reordenar el comercio y ofreció a los artesanos reubicarlos en locales comerciales del CATVI, pero la mayoría ha rachazado la oferta porque considera que la obra fue mal planeada, carece de infraestrutura adecuada y margina a los trabajadores.
De acuerdo con datos del Concejo de Gobierno Indígena de Pisté de Chichén Itzá, hay un padrón de 680 artesanos que venden en la zona arquelógica. Hasta el 13 de junio, 22 de ellos aceptaron trasladarse al CATVI, junto con 60 de los 330 artesanos que vendían en el antiguoparador. El resto sigue en resistencia por la vía legal.
“Desde que estamos en el CATVI nuestros ingresos han disminuido. Los turistas no se animan a contratarnos porque la mayoría trae el tiempo medido y, ahora, para llegar a las pirámides deben caminar un kilómetro, que les lleva entre 30 y 40 minutos, cuando antes, desde el antiguo parador caminaban 150 metros y en 10 minutos estaban en ellas”, agrega Erick Cen Poot, guía de turistas desde hace 14 años.
Cen Poot detalla que a raíz de que la entrada a la zona arqueológica toma más tiempo, hay agencias de viajes que ya no llevan a Chichén Itzá a los turistas que llegan a la península de Yucatan en cruceros porque tienen tiempo limitado para recorrer la zona.
La exigencia del Concejo de Gobierno Indígena de Pisté de Chichén Itzá es que tanto el antiguo parador turístico como el CATVI operen simultáneamente y que se mantengan los espacios tradicionales de artesanos y prestadores de servicios.
La comunidad maya de Pisté, a través del Concejo, promovió el pasado 26 de mayo un juicio de amparo para solicitar la suspensión provisional del acto que el gobierno está imponiendo, debido a la falta de consulta a la comunidad maya, el desplazamiento forzoso y la canalización monopólica de turistas al CATVI.
Álvaro Mena detalla que el Concejo también presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por lo que considera prácticas dilatorias del poder judicial para resolver el juicio de amparo.