Reuters.- Cuando los residentes del estado de Durango voten en las primeras elecciones judiciales de México el próximo mes, Leopoldo Chávez estará en la papeleta para juez federal pese a los casi seis años que cumplió en una prisión de Estados Unidos.
Chávez fue condenado por delitos relacionados con drogas: contrabando de más de cuatro kilogramos de metanfetaminas en 2015, Durango forma parte del Triángulo Dorado mexicano, una región controlada por cárteles en la que se cultiva marihuana y amapola.
“Nunca me he vendido antes ustedes como el candidato perfecto”, dijo Chávez en un video que compartió en Facebook, aseveró que no tenía nada que ocultar y que había cumplido su condena. Declinó hacer comentarios a Reuters.
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En el cercano estado de Jalisco, Francisco Hernández se presenta como candidato a magistrado penal a pesar de que la última vez que ejerció como juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal tras una investigación por acusaciones de abuso sexual y corrupción. Dijo a Reuters que las acusaciones eran “calumnias y difamaciones”. “Que me juzgue el pueblo”, señaló.
En Nuevo León, Fernando Escamilla espera convertirse en juez federal penal y dice que el trabajo legal que hizo asesorando a abogados de miembros del ultraviolento cártel de Los Zetas no debe ser usado en su contra. Su conocimiento de la ley de extradición, sobre la que asesoró a los capos, lo convirtió en un activo, dijo a Reuters.
“¿Ser una persona asesor en temas de derecho internacional o extradición te da mala fama pública? Considero que no”, dijo. “Eso es lo único que demuestra que tienes la capacidad y el conocimiento para poder ver ese tipo de situaciones”, añadió.
En vísperas de las elecciones del 1 de junio, organizaciones civiles, asociaciones de jueces y algunos legisladores mexicanos están planteando serias preocupaciones sobre una votación que, según advierten los críticos, podría poner en peligro el estado de derecho en el país.
La polémica reforma judicial fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por su sucesora, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ambos afirmaron que acabaría con la corrupción en el viciado sistema judicial mexicano y permitiría al pueblo decidir quién debe ser juez.
Alrededor de cinco mil candidatos compiten por más de 840 cargos federales, incluidos todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Sin embargo, a poco más de una semana de la votación, la organización defensora de los derechos de los mexicanos Defensorxs afirma haber identificado a una veintena de personas que compiten por cargos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos pasados con cárteles, incluyendo una abogada que representó al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Un análisis del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), formado por organizaciones sin ánimo de lucro, también ha señalado a más de 130 candidatos con altas probabilidades de ganar en ausencia de candidatos opositores y ha criticado problemas en el diseño de complicadas papeletas que incluyen cientos de nombres y pueden confundir a los votantes.
La reforma, aprobada en septiembre de 2024, fue criticada por el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien trabajó durante la administración del presidente Joe Biden, como una amenaza a la democracia mexicana.
Críticos afirman que la reforma, una de las más amplias que se han intentado en los últimos años en cualquier país de continente, corre el riesgo de eliminar los contrapesos a Morena y de permitir a los grupos del crimen organizado una mayor influencia sobre el sistema judicial.
La reforma reduce de 11 a 9 el número de ministros de la SCJ, reduce la duración de sus mandatos a 12 años, suprime el requisito de una edad mínima de 35 años y recorta a la mitad, cinco años, la práctica jurídica necesaria.
También elimina algunos beneficios para los trabajadores judiciales y crea un tribunal disciplinario de cinco personas que, según críticos, es insuficiente para supervisar un poder judicial de 50 mil miembros.
El presidente de Defensorxs, Miguel Meza, dijo que los candidatos que su organización había señalado revelaban graves faltas en el sistema de investigación de antecedentes del gobierno, que estaba destinado a verificar los criterios de elegibilidad, incluyendo: Ciudadanía mexicana por nacimiento, licenciatura en Derecho, “buena reputación” y un historial limpio de delitos graves.
Meza dijo que su organización ha estado revisando la lista de candidatos y ha identificado otros nombres problemáticos que aún no han publicado.
Explicó que, al parecer, los aspirantes a jueces no habían sido investigados para comprobar si habían sido condenados en el extranjero o a quién habían representado legalmente. Atribuyó gran parte del problema a la premura de la elección.
“Todo lo que estamos viviendo es consecuencia de intentar aprobar esto de manera ‘fast track'”, consideró.
La oficina de Sheinbaum y el Poder Judicial federal de México no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la reforma o la investigación de antecedentes.
Tanto la coalición gobernante como la autoridad electoral han tratado de distanciarse de las cuestiones sobre la elegibilidad, diciendo que es demasiado tarde para hacer algo antes de las elecciones. Los candidatos que resulten electos tendrán que ser destituidos después de la votación, según las autoridades electorales.
Una asociación mexicana de magistrados y jueces, Jufed, dijo que la lista de candidatos controvertidos confirma su opinión de que la reforma es una amenaza para la independencia judicial en México.
“Es peligroso esto que está sucediendo con el tema de la elección”, dijo la directora nacional de la JUFED, Juana Fuentes. “El grave riesgo de que se involucraran intereses o grupos delincuenciales o gente representativa de ellos”, subrayó.
La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en funciones anunciaron que no participarían en las elecciones y que, en su lugar, presentarían su renuncia.
Los candidatos no pueden utilizar material de campaña que los vincule a un partido político, participar en actos organizados por partidos políticos ni aceptar donaciones de ningún tipo.