CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una juez federal aceptó dar entrada al concurso mercantil presentado por TV Azteca, con el que busca reorganizar sus deudas para evitar declararse en quiebra.
La juez Primero de Distrito en materia de Concursos Mercantiles en la Ciudad de México, Nataly Pérez Hernández, notificó este lunes el inicio del proceso judicial en el expediente 22/2026.
“Se advierte que la comerciante manifiesta haber incurrido en el incumplimiento generalizado de sus obligaciones, SE ADMITE a trámite, por encontrarse ajustada a derecho”, indica el acuerdo publicado en estrados judiciales.
“Con copia del escrito de solicitud y desahogo, gírese oficio al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, a efecto que designe visitador”.
El pasado 1 de marzo, luego de que TV Azteca anunció que solicitaría el inicio del concurso mercantil, en entrevista con Proceso, Carlos Olvera Ferrer, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana explicó que como parte del proceso un especialista visitador revisará si la empresa realmente está en un momento de insolvencia como para que el juicio avance.
Una vez que esté confirmado, la juez dictará su sentencia y TV Azteca tendrá un año para reorganizar sus finanzas.
Por ello, la juez también ordenó notificar a Hacienda, al SAT, Finanzas de la Ciudad de México, el IMSS, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y al Infonavit.
De igual modo, ordenó avisar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que los trabajadores y sindicatos estén enterados del inicio del concurso mercantil.
Olvera Ferrer precisó que los trabajadores no tienen ningún riesgo ni se les pone en peligro con el concurso, sino que el procedimiento busca evitar que la empresa siga endeudándose o que lo haga de manera que no pueda controlar sus deudas pues actualmente está en una situación comprometida pero no crítica.
En el anuncio de que acudiría voluntariamente a concurso mercantil, TV Azteca refirió que desde el año 2018 enfrenta problemas económicos por el pago de licencias, la pandemia de Covid-19 y el pago de la millonaria deuda fiscal con el SAT que recién fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).