CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amnistía Internacional alertó que la revocación de permisos para que 113 organizaciones de la sociedad civil reciban donativos deducibles de impuestos, ordenada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), “es un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente”.
Este fin de semana se dio a conocer que el SAT consideró que 113 organizaciones de la sociedad civil no reunían “requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”, por lo que fueron sacadas del padrón de donatorias, entre ellas organizaciones como México Evalúa y Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción, que han documentado actos de corrupción y manipulación de datos en materia de seguridad pública durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
En su cuenta de X, la organización internacional consideró que la decisión tomada por el SAT, “no es un trámite menor”, y que sus efectos se verán reflejados en una disminución del apoyo a población vulnerable.
Para la organización en la práctica, la prohibición para que 113 organizaciones sociales reciban fondos de donantes, a cambio de recibos deducibles de impuestos, significan menos recursos para actividades como la defensa de derechos humanos, el apoyo legal a las víctimas, atención a la violencia de género y protección de territorios indígenas.
Leyes anti-ONG
La organización advirtió que lo que ocurre en México es parte de una “tendencia” en varios países del continente, como se revela en el informe reciente de Amnistía, “Rompiendo el tejido social”, que analiza la proliferación de “leyes anti-ONG” en países como Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador”, entre 2024 y 2026, legislaciones que argumentando “transparencia y seguridad nacional”, han impuesto controles desproporcionados, registros arbitrarios y cargas administrativas exorbitantes, para asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil.
Amnistía resaltó que en su informe, resalta que las organizaciones de la sociedad civil “sostienen comunidades: acompañan, documentan abusos y exigen justicia”, y que en América los gobiernos mencionados impulsan “leyes anti-ONG” con la finalidad de “silenciar voces críticas y debilitar derechos”, situación que en los hechos significa “limitar a toda la sociedad”.
Amnistía resaltó que en México “las organizaciones ya enfrentan cargas excesivas: informes duplicados, requisitos reiterados y controles previos sobre el uso de fondos”, provocando que haya “menos tiempo ayudando, más tiempo en burocracia”.
La organización, con sede en Londres, Inglaterra, resaltó que la política tributaria en México revela un “doble estándar”, pues mientras a las organizaciones de la sociedad civil “se les exige todo”, muchas instituciones públicas “siguen sin transparentar cómo usan los recursos. Más control a quien vigila, menos a quien gasta”.
Amnistía Internacional insistió en que “la sociedad civil no es el problema”, sino por el contrario “es parte de la solución”, toda vez que “documenta abusos, acompaña víctimas, vigila elecciones, impulsa mejores leyes”.
Al considerar que debilitar a la sociedad civil “es debilitar a toda la sociedad”, Amnistía Internacional alertó sobre el fondo de la decisión gubernamental.
“El debate real no es ‘control vs libertad’. Es: ¿queremos un país donde nadie vigile al poder? Porque cuando las ONG se debilitan, la corrupción y los abusos crecen”, puntualizó.
Para la organización lo que urge son “reglas claras y justas”, y pugnó por la transparencia, pero “sin asfixiar a quienes sostienen el tejido social”.
Amnistía Internacional insistió en que “un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos”.