CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde, informó que la investigación por el derrumbe del inmueble ubicado en San Antonio Abad 124 —donde murieron tres trabajadores el pasado 9 de marzo— se desarrolla bajo líneas de investigación que abarcan desde fallas técnicas en el proceso de demolición hasta la posible responsabilidad penal de autoridades por omisiones en la supervisión o autorización de la obra.
La indagatoria se desarrolla en un escenario de disputa entre niveles de gobierno por la atribución de responsabilidades sobre la obra: el gobierno central, encabezado por la morenista Clara Brugada, sostiene que la supervisión correspondía a la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que la demarcación, gobernada por la opositora Alessandra Rojo de la Vega, insiste en que la autorización provino de instancias capitalinas bajo un esquema de “facilidades administrativas”
Durante su primer informe mensual, la fiscal declaró: “La investigación está avanzando, estamos haciendo una investigación muy rigurosa relacionada con distintas líneas de investigación que se requiere agotar”.
Sostuvo que la investigación se construye a partir de “distintas líneas de investigación que se requiere agotar”, entre ellas la actuación de la empresa encargada de la demolición y el cumplimiento de las condiciones legales y técnicas bajo las que operaba la obra.
“Primero, en relación a posibles fallas técnicas en el proceso de demolición”, dijo, y precisó que, hasta el momento, se sabe que la empresa “usaba un método de derribo progresivo y tenía el control sobre la demolición”, por lo que peritos ingenieros elaboran un dictamen técnico para determinar si existieron fallas en la ejecución.
Añadió que también se investigan “posibles incumplimientos en las medidas de seguridad y protección civil, omisiones normativas y de obtención de permisos o autorizaciones”, y enfatizó una línea que conecta con la actuación de autoridades: “Y no se diga también la eventual omisión en la supervisión o autorización”.
Sobre si hay funcionarios públicos involucrados, declaró: “Es una línea de investigación que vamos a agotar, para determinar si hay omisiones, de quién, y si estas omisiones están vinculadas al caso de manera causal; hay que recordar que estamos hablando de responsabilidad penal, no es responsabilidad administrativa, pero definitivamente esa es una línea que vamos a agotar”.
La disputa
La insistencia en la dimensión penal ocurre en un contexto en el que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Brugada, sostuvo públicamente que la responsabilidad de supervisar la demolición correspondía a la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que la demarcación afirmó que la obra fue autorizada por dependencias centrales a través de un acuerdo de facilidades administrativas, derivado de la política de reconstrucción tras los sismos de 2017 y aplicado en el inmueble de San Antonio Abad 124.
El 17 de marzo, el titular de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México (SEVIVIENDA), Inti Muñoz Santini, afirmó que dicho acuerdo no sustituye las atribuciones legales de las alcaldías y que sus obligaciones “son ineludibles e inobjetables”, pues la demarcación debía verificar, supervisar y, en su caso, autorizar los trabajos.
La alcaldesa opositora, Alessandra Rojo de la Vega, respondió que la demolición fue autorizada por dependencias del gobierno central, pese a que la alcaldía había negado el permiso tras detectar “10 riesgos graves”. “El edificio de San Antonio Abad 124 se derrumbó durante una demolición autorizada por el Gobierno de la Ciudad. No por la Alcaldía”, afirmó .
Aunque este 23 de marzo la fiscal no señaló de manera directa a una autoridad específica, sus declaraciones incorporan como línea de investigación la posible omisión en la supervisión o autorización, en un escenario donde el Gobierno capitalino sí ha atribuido públicamente esas facultades a la alcaldía, mientras que la demarcación ha sostenido que la autorización provino de instancias centrales.
Sobre la responsabilidad de la empresa responsable, Alcalde precisó que ya tuvo acercamientos con la Fiscalía y entregó información solicitada.
Y agregó: “Vamos a estar en muchísima comunicación con las víctimas para determinar el proceder en este caso, y vamos a buscar, más allá de lo que decidan las víctimas, si se busca un acuerdo reparatorio, si se busca judicializar el caso; cualquiera de los escenarios, esta Fiscalía va a trabajar como lo ha hecho en otros caso”.
Al ser cuestionada sobre si las obras de la denominada “calzada flotante” en Tlalpan —impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México rumbo al Mundial de 2026— influyeron en el derrumbe, respondió que no es la principal línea de investigación, pero no puede descartarse.
A dos semanas del colapso, la Fiscalía capitalina mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no ha informado conclusiones sobre las causas del derrumbe ni sobre posibles imputaciones.
¿Qué pasó en San Antonio Abad 124?
El derrumbe ocurrió la tarde del 9 de marzo último durante trabajos de demolición en el inmueble ubicado en el número 124 de la avenida San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, cuando tres losas colapsaron mientras trabajadores realizaban labores de desmontaje de puertas, ventanas y otros elementos del edificio.
En el sitio se encontraban 13 personas: una resultó lesionada y fue trasladada con politraumatismo al Hospital Rubén Leñero, tres quedaron atrapadas bajo los escombros y el resto no presentó afectaciones.
Tras varias horas de labores, los equipos de emergencia localizaron sin vida a los tres trabajadores atrapados: Marcelino Moreno, Iván Raúl Vega Montiel y Angélico Mejía.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes realizaron la remoción manual de escombros en un área aproximada de 300 metros cuadrados con apoyo de brigadas caninas.
El inmueble, con una antigüedad estimada de entre 50 y 60 años, presentaba daños estructurales derivados de los sismos de 1985 y 2017, por lo que había sido dictaminado para demolición.
De acuerdo con la titular de la SGIRyPC, Myriam Urzúa, los permisos para realizar los trabajos fueron otorgados a finales de octubre de 2025 y la demolición inició entre finales de diciembre y enero.
Tras la recuperación de los cuerpos, el inmueble quedó bajo resguardo ministerial y la FGJCDMX abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del colapso y deslindar responsabilidades. La demolición fue suspendida mientras se desarrollan las indagatorias.