Guadalajara, Jalisco .– Ante la creciente incertidumbre social por la crisis de suministro y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el gobernador Pablo Lemus Navarro salió al paso de los rumores y descartó categóricamente cualquier intención de privatizar el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).
El desafío financiero y la corresponsabilidad
El mandatario estatal reconoció que se requieren al menos 20 mil millones de pesos para resolver de raíz el problema de la distribución de agua contaminada que ha detonado diversas manifestaciones ciudadanas. Sin embargo, enfatizó que la solución no radica en la privatización, sino en una gestión compartida.
En este sentido, Lemus Navarro hizo un llamado enérgico a las administraciones municipales de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá para que cumplan con el pago de los adeudos que mantienen con el organismo, subrayando que “la responsabilidad también les corresponde a ellos” y no puede recaer únicamente en el erario estatal.
Universidad de Guadalajara se suma al esfuerzo
Como parte de las acciones para mitigar el impacto financiero del organismo, el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aprobó que sus centros culturales y entidades productivas —incluyendo el Auditorio Telmex y el Centro Cultural Universitario— regularicen y cubran el pago del servicio de agua. La iniciativa, respaldada por la rectora Karla Planter, se complementará con una campaña institucional orientada a fomentar el uso responsable del recurso hídrico entre la comunidad académica y la sociedad.
Morena cuestiona gestión y cierra filas ante nueva deuda
Por otro lado, la crisis ha generado una intensa disputa política en el Poder Legislativo. Diputados federales y locales de Morena presentaron un exhorto para que el Gobierno de Jalisco intervenga de manera urgente. La bancada guinda cuestionó la postura de las autoridades sanitarias estatales, a las que acusó de minimizar la emergencia al negarse a declarar una alerta sanitaria formal pese a reconocer que el agua distribuida no cumple con los estándares de calidad.
Los legisladores de oposición fueron enfáticos al señalar que no otorgarán su respaldo a ninguna propuesta que contemple el endeudamiento del Siapa.
” “No respaldaremos nuevos esquemas de deuda mientras no exista claridad absoluta sobre el destino de los recursos y las soluciones reales a la problemática”, sentenciaron los diputados, exigiendo transparencia total en el manejo operativo y financiero del organismo.
Mientras el debate político se intensifica, el futuro de la gestión hídrica en la capital jalisciense se mantiene como el eje central de la agenda pública, a la espera de que las mesas de trabajo entre el gobierno estatal y los ayuntamientos logren concretar una ruta financiera efectiva.