Ciudad de México.- La red de huachicol en la que se involucra al exgobernador Ernesto Ruffo Appel supuestamente importó más de 2 mil 137 millones de litros de diésel y gasolina en forma ilegal durante el 2025 y uno de sus destinatarios finales era un grupo de gasolineros de Torreón, Coahuila, cuyos dueños están ahora procesados por lavado de dinero y defraudación fiscal.
Se trata de Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, accionistas de Gasolinera Faza, quienes también están acusados de alteración de los controles volumétricos de los hidrocarburos que comercializaban, según la Fiscalía General de la República (FGR).
El grupo empresarial cuenta con 33 estaciones de gasolina en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, bajo la marca Punto+.
“
Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, accionistas de la moral Gasolinera Faza, se encuentran vinculados a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y el previsto en el Artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación (variación en sus controles volumétricos) en la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIORPIFAM COAH/0000765/2024”, dice la indagatoria contra Ruffo.
“
Se les atribuye llevar acciones encaminadas al blanqueo de capitales (procedentes de delitos en materia de hidrocarburos) mediante el uso de un esquema de empresas factureras, listadas por el Servicio de Administración Tributaria como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas); así como mediante simulaciones jurídicas para dar apariencia de licitud a los recursos operados”.
Según la FGR, 11 empresas operaban esta red de contrabando, aunque identifica a Ingemar —de la que el exgobernador era socio fundador— y Servicios Aduanales JR —cuyo dueño Armando III Riestra Fernández está preso desde enero en el Penal del Altiplano— como las principales responsables.
Recibió 18 mdp
De acuerdo con la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo y otras 24 personas, el exgobernador panista recibió transferencias por 18 millones de pesos a una cuenta contratada a nombre de Ingemar, con lo que se aprovechó de recursos generados por el huachicol fiscal, refieren las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
En la acusación se explica que Ruffo Appel era “un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”. Ingemar declaraba volúmenes aproximados de 10 mil litros de combustible; sin embargo, en realidad cada carrotanque contenía más de 100 mil litros de hidrocarburo en por lo menos 163 vehículos.
Ernesto Ruffo es señalado por los probables delitos de delincuencia organizada y contrabando.
En el expediente al que tuvo acceso El Universal se menciona que es accionista mayoritario de Ingemar, lo que pone de manifiesto su participación en el aprovechamiento de los recursos generados por la actividad ilícita.
Ruffo Appel, de 74 años, desempeñaba la función de operador estratégico en el nivel corporativo de la organización criminal, actuando como facilitador estructural y legitimador institucional.
Al formar parte del órgano de dirección de la empresa, fungió como instrumento para la comisión de los delitos, aportando con su intervención la estructura jurídica, dirección corporativa y continuidad operativa.
Esto para la ejecución sistemática del esquema ilícito, actualizándose así su intervención bajo una lógica de coautoría funcional en una organización criminal.