Chihuahua, Chin.– El gobierno del estado de Chihuahua solicitó formalmente la intervención urgente del gobierno federal en el municipio de Guadalupe y Calvo, en plena Sierra Tarahumara, tras registrarse el desplazamiento forzado de numerosas familias —principalmente indígenas— debido a la disputa territorial entre grupos criminales.
Durante una conferencia de prensa, Enrique Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, señaló que aunque la administración estatal ha asumido la atención humanitaria de las víctimas, la magnitud de la violencia rebasa la competencia local, por lo que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum debe asumir un papel más activo.
Los cinco puntos exigidos a la Federación
Ante este escenario crítico, el funcionario estatal planteó una exigencia de cinco puntos clave para que la federación los incorpore en su estrategia:
– Coordinación de seguridad: Incorporar el desplazamiento interno como un tema de atención permanente en las mesas de construcción de paz a nivel federal y fortalecer la estrategia de seguridad en los municipios serranos para desarticular a los grupos delictivos.
– Bienestar social: Integrar el fenómeno a la agenda del gabinete de Bienestar para garantizar apoyos prioritarios en alimentación, salud, vivienda y educación.
– Restablecimiento institucional: Reactivar los servicios federales suspendidos en las comunidades afectadas y destinar recursos presupuestales específicos en el Presupuesto de Egresos para hacer frente al desplazamiento forzado interno.
Acciones de atención a víctimas
Por su parte, la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Cárdenas, junto con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma, informaron que ya se activaron los protocolos de acompañamiento integral.
Las dependencias estatales han habilitado albergues temporales dotados de artículos de primera necesidad, además de proporcionar asistencia psicológica, restitución de documentos de identidad y asesoría jurídica con el objetivo de lograr un retorno seguro a sus comunidades. El gobierno estatal reiteró que, independientemente de la respuesta federal, mantendrá la presencia institucional y la protección a las familias afectadas en la sierra.
Con información de LATINUS