WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso aumentar el gasto en defensa a 1.5 billones de dólares en su presupuesto de 2027, publicado este viernes, la mayor solicitud de este tipo en décadas, lo que refleja su énfasis en las inversiones militares de Estados Unidos por encima de los programas internos.
El considerable aumento para el Pentágono ya había sido anticipado por el presidente republicano incluso antes de la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán. El plan de Trump también reduciría en un 10% el gasto en programas no relacionados con la defensa al trasladar algunas responsabilidades a los gobiernos estatales y locales.
“El presidente Trump está comprometido con reconstruir nuestras fuerzas armadas para garantizar la paz mediante la fuerza”, se indica en el presupuesto.
Se considera que el presupuesto anual del presidente es un reflejo de los valores del gobierno y no tiene fuerza de ley. En el voluminoso documento suelen destacarse las prioridades de una administración, pero el Congreso, que se encarga de los asuntos de gasto federal, es libre de rechazarlo y a menudo lo hace.
El documento de la Casa Blanca de este año, preparado por el director de Presupuesto Russ Vought, pretende ofrecer una hoja de ruta del presidente al Congreso mientras los legisladores elaboran sus propios presupuestos y proyectos de ley anuales de asignaciones para mantener la financiación del gobierno. Vought habló con legisladores republicanos de la Cámara de Representantes en una llamada privada el jueves 2 de abril.
Antes de pronunciar un discurso a la nación esta semana sobre la guerra con Irán, Trump dio a entender que el ejército es su prioridad, preparando el terreno para un choque en el Congreso.
“Estamos peleando guerras. No podemos ocuparnos del cuidado infantil”, manifestó Trump en un evento privado en la Casa Blanca el miércoles.
“No es posible que nos ocupemos del cuidado infantil, Medicaid, Medicare, todas estas cosas individuales”, añadió. “Pueden hacerlo a nivel estatal. No se puede hacer a nivel federal”.
Aplicación de leyes migratorias, controladores aéreos y parques nacionales
Estas son algunas de las prioridades presupuestarias que la Casa Blanca pidió:
- Apoyar las operaciones de aplicación de leyes migratorias y deportación del gobierno de Trump eliminando programas de ayuda para el reasentamiento de refugiados, manteniendo los fondos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los niveles del año en curso y recurriendo a los aumentos del año pasado en los fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para seguir abriendo centros de detención, incluidos 100 mil cupos para adultos y 30 mil para familias.
- Un aumento del 13% en la financiación del Departamento de Justicia, que, según la Casa Blanca, se enfocaría en delincuentes violentos.
- Un fondo de 10 mil millones de dólares dentro del Servicio de Parques Nacionales para proyectos de embellecimiento en Washington, D.C.
- Un aumento de 481 millones de dólares en la financiación para mejorar la seguridad de la aviación y respaldar un incremento en la contratación de controladores de tráfico aéreo.
Con déficits anuales de casi 2 billones de dólares y una deuda de más de 39 billones de dólares, los balances federales de Estados Unidos operan en números rojos desde hace mucho tiempo.
Cerca de dos tercios del gasto anual estimado del país, de 7 billones de dólares, cubre los programas de atención médica Medicare y Medicaid, así como los ingresos del Seguro Social, que esencialmente crecen —junto con una población que envejece—en piloto automático.
El resto del presupuesto anual se ha dividido, en general, de manera más equilibrada entre defensa y partidas internas, casi 1 billón de dólares cada una, que es donde se desarrolla gran parte del debate en el Congreso.
El gran proyecto de ley de recortes fiscales del Partido Republicano que Trump promulgó el año pasado impulsó sus prioridades más allá del proceso presupuestario con al menos 150 mil millones de dólares para el Pentágono durante los próximos años, y 170 mil millones de dólares para las operaciones de inmigración y deportación de Trump en el DHS.
El gobierno cuenta con sus aliados en el Congreso, controlado por los republicanos, para volver a impulsar las prioridades del presidente, en particular el gasto del Departamento de Defensa, a través de su propio proceso presupuestario, como pudo hacerlo el año pasado.
Sugiere que 1.1 billones de dólares para defensa llegarían mediante el proceso regular de asignaciones, cuya aprobación por lo general requiere apoyo de ambos partidos, mientras que 350 mil millones de dólares llegarían mediante el proceso de conciliación presupuestaria que los republicanos pueden sacar adelante por su cuenta, con votaciones por mayoría partidista.
El Congreso aún pelea por el gasto de 2026
El presupuesto del presidente llega mientras la Cámara de Representantes y el Senado siguen enredados por el gasto del año en curso y estancados por la financiación del DHS; los demócratas exigen cambios al régimen de aplicación de leyes migratorias de Trump que los republicanos no están dispuestos a aceptar.
Trump anunció el jueves que firmaría una orden ejecutiva para pagar a todos los trabajadores del DHS que se han quedado sin cheques de pago durante el cierre parcial del gobierno, el más prolongado del que se tiene registro y que ya alcanzó 49 días. Los líderes republicanos del Congreso llegaron esta semana a un acuerdo sobre una vía para financiar al departamento, pero los legisladores están fuera por el receso de primavera y aún no han votado ninguna nueva legislación.
El año pasado, en el primer presupuesto del presidente desde su regreso a la Casa Blanca, Trump buscó cumplir su promesa de reducir drásticamente el tamaño y el alcance del gobierno federal, reflejando los esfuerzos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) del multimillonario Elon Musk.
Mientras el DOGE hacía recortes en oficinas federales y Vought intentaba recuperar fondos, el Congreso no siempre estuvo de acuerdo.
Por ejemplo, Trump buscó una reducción de aproximadamente una quinta parte del gasto no relacionado con la defensa para el año presupuestario en curso que termina el 30 de septiembre, pero el Congreso mantuvo ese gasto relativamente estable.
Algunos de los programas que Trump intentó eliminar por completo, como la asistencia a familias con sus costos de energía, recibieron un ligero aumento de financiación.
Otros obtuvieron financiación sin cambios, como las Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario que los estados y las comunidades locales usan para financiar distintos proyectos destinados principalmente a ayudar a comunidades de bajos ingresos mediante nuevos parques, sistemas de alcantarillado y vivienda asequible.
Los legisladores también se han centrado en garantizar que el gobierno gaste el presupuesto federal según lo ordenado por el Congreso. Los proyectos de ley de gasto de este año contenían lo que la senadora Patty Murray, la principal demócrata en el Comité de Asignaciones del Senado, describió como “cientos y cientos de niveles específicos de financiación y directrices” que el gobierno está obligado a seguir.