TOLUCA, Edomex. (apro).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México demandó investigar la supuesta omisión de autoridades municipales y ministeriales en la búsqueda y recuperación oportuna de Fernandito, el niño de 5 años de edad que fue secuestrado en garantía de pago por una deuda de Noemí Marcelina, su madre, en el municipio de La Paz.
Lo anterior, después de que la abogada Fabiola Villa, representante del colectivo “Amor y Rabia”, fuera revocada, intempestivamente, como defensora de la madre del menor, supuestamente por denunciar que autoridades municipales y de la Fiscalía mexiquense no respondieron de forma inmediata a la solicitud de ayuda de Noemí para recuperar al niño.
Cristina Ruiz Sandoval, presidenta del tricolor mexiquense, advirtió que este caso revela la crudeza de la negligencia institucional, discriminación y falta de protocolos para reducir o evitar riesgos. Fue, señaló, una cadena de omisiones que comenzó con una denuncia que se ignoró.
Relató que la madre de Fernandito, quien padece una discapacidad del habla, acudió el mismo 28 de julio, después de la sustracción de su hijo, a la Policía Municipal para pedir ayuda, pero no la escucharon, no la atendieron y no activaron los protocolos de búsqueda.
Los siguientes días, prosiguió, Noemí acudió al DIF Municipal, a la oficina regional de la Fiscalía, donde tampoco la atendieron. Ella misma localizó la casa en que tenían al niño, pero “nadie actuó, nadie fue capaz de comprender que se trataba de una urgencia vital”.
El 31 de julio, indicó, la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas le pidió que regresara el lunes porque no había Ministerio Público (MP) que la pudiera atender, pues era fin de semana; y fue hasta el 04 de agosto en que la Policía intervino.
En la segunda audiencia del caso, señaló, la madre del menor “fue inducida a cambiar de abogado por uno presuntamente cercano a las autoridades municipales; una defensora de derechos humanos que llevaba el caso fue apartada y denunció que detrás hay un intento deliberado de encubrir omisiones”.
La renuncia del director del DIF Municipal, Mario Cristalinas, consideró Ruiz Sandoval, lejos de aclarar el caso, dejó más preguntas.
La también senadora admitió que, al no ser parte en el proceso judicial, su partido no puede sino hacer una condena pública, exigir que los hechos no queden impunes, y visibilizarlos para que las autoridades actúen, de manera que “si hay más responsables, también tienen que ser sancionados”.
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