En el documento, Gretchen Muriel Osorio Thomae sostuvo que su abuelo enfrenta desde noviembre de 2024 un proceso de presunto despojo patrimonial que lo obligó a abandonar la vivienda donde habitó durante casi siete décadas, ubicada en la colonia San Felipe II. Afirmó que actualmente el inmueble permanece arrendado por una de sus hijas, mientras que el doctor Osorio reside en un departamento rentado, lejos del hogar donde desea pasar los últimos años de su vida y separado de su esposa, Guadalupe Agüero García, con quien ha compartido 71 años de matrimonio.
La representante legal señaló que el conflicto derivó en diversos procedimientos legales promovidos por el propio doctor Rubén Osorio Zúñiga, entre ellos denuncias por presunto abuso de confianza, omisión de cuidados, fraude simple y robo simple, además de juicios civiles, familiares y un juicio de amparo que continúan en trámite. De acuerdo con la carta, la lentitud de esos procesos ha impedido que el adulto mayor pueda recuperar el control de su patrimonio y acceder plenamente a los recursos económicos que requiere para cubrir alimentación, medicamentos, atención médica especializada, el pago de su cuidadora y otros gastos indispensables para su supervivencia.
Uno de los señalamientos centrales del escrito refiere que, debido a diversas actuaciones judiciales, los ingresos provenientes de su patrimonio y de su pensión del IMSS dejaron de estar completamente a su disposición, situación que, según expuso su nieta, lo colocó en una condición de indefensión económica y emocional. Agregó que el doctor Rubén Osorio también enfrenta una profunda depresión al permanecer alejado de su hogar y de su esposa, mientras su estado de salud continúa deteriorándose.
La carta subraya que el caso trasciende un conflicto familiar y se convierte en un asunto de derechos humanos, al recordar que la Constitución mexicana, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores obligan a todas las autoridades a brindar protección reforzada y acceso oportuno a la justicia para quienes, por su edad, se encuentran en una condición especial de vulnerabilidad. En ese sentido, la representante legal sostuvo que cada día de retraso puede traducirse en un daño irreparable para una persona de 98 años.
Por ello, Gretchen Muriel Osorio Thomae solicitó que el expediente sea atendido con carácter urgente, que se adopten las medidas legales necesarias para proteger los derechos patrimoniales y personales del doctor Rubén Osorio Zúñiga y que prevalezca el principio pro persona en todas las actuaciones judiciales. Aclaró que el objetivo de la carta no es influir en las resoluciones de los jueces, sino recordar la obligación constitucional del Estado de impartir una justicia pronta, completa, imparcial y efectiva.
Como parte de su llamado, la representante legal advirtió que la mayor preocupación de la familia radica en que el tiempo juegue en contra del médico chihuahuense. “Si la justicia llega después de su fallecimiento, esa justicia habrá fracasado”, expresó en la carta, al insistir en que todavía existe la oportunidad de evitar que este caso se convierta en un ejemplo de justicia tardía y de demostrar que en Chihuahua la dignidad y los derechos de las personas adultas mayores prevalecen sobre la lentitud de los expedientes judiciales.