En mayo del 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó que la violencia vicaria se tipifique como un delito, con graves penas para quien cometa este ilícito, hecho que según los promoventes permite a las mujeres alzar la voz al ser víctimas de este delito. Refirió que, además, es un paso más en la lucha por los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes de la capital.
Con todo, a más de dos años de la aprobación de este dictamen para castigar que el agresor utiliza a los hijos e hijas para amenazar, controlar o causar un dolor profundo a la madre, no existe ninguna sentencia condenatoria emitida por el Poder Judicial hacia este crimen en la Ciudad de México, así como alguna denuncia presentada en la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, donde se ubica la Agencia Especializada en Violencia Vicaria.
A través de transparencia, el Poder Judicial de la Ciudad de México respondió que no cuenta con información de sentencias emitidas por este delito.
Para madres víctimas de violencia vicaria, no es que este delito no suceda en la capital, si no que, acusan, aún con la creación de una agencia para la denuncia de violencia vicaria, los servidores públicos que laboran ahí desconocen el significado de ese ilícito, así como su seguimiento para integrar una carpeta de investigación y posteriormente judicializarla.
En el cuarto piso de la Agencia 50 “búnker” en la colonia Doctores, se colocó una oficina para recibir las denuncias, sin embargo, acusan madres víctimas de este delito, que en reuniones con Ruth Zenteno López, titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, se les comunicó que la agencia para iniciar carpetas de investigación por violencia vicaria no tiene presupuesto asignado, así como personal especializado.
En los registros de incidencia delictiva de la Fiscalía capitalina, no existe algún rastro de carpeta de investigación por violencia vicaria, pero por violencia familiar, en el 2025 se abrieron 10 mil 534 denuncias y en 2026, hasta agosto, se abrieron cinco mil 554 carpetas por ese delito, aunque, relatan víctimas, muchos de estos expedientes fueron clasificados de esta manera debido a la inoperancia y desconocimiento de servidores públicos para indagar la violencia vicaria.
Para las madres, uno de los principales problemas para denunciar la violencia vicaria se encuentra en los propios Ministerios Públicos y fiscalías, ya que, según su experiencia, las autoridades suelen argumentar que es difícil demostrar que existe un delito que pueda ser perseguido. Por esta razón, afirman que en muchas ocasiones se desalienta a las víctimas para que no presenten una denuncia por violencia vicaria y se les indica que lo hagan por violencia familiar, debido a que este delito ya cuenta con un procedimiento establecido para integrar las carpetas de investigación.
Asimismo, denuncian que existe un problema en la forma en que jurídicamente se reconoció la violencia vicaria, pues no se estableció como un delito independiente, sino como una modalidad de violencia contemplada dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde su perspectiva, esta situación representa una limitación legal importante, porque dificulta que las víctimas puedan identificar y denunciar directamente los hechos bajo la figura de violencia vicaria.
La ausencia de denuncias específicamente clasificadas como violencia vicaria no significa que este tipo de violencia no exista, sino que los propios obstáculos legales y administrativos impiden que las víctimas puedan demostrarla ante las autoridades.
Cuando se reconoció la violencia por interpósita persona, las mujeres que habían exigido su reconocimiento consideraron que se trataba de un avance; posteriormente, durante las campañas electorales, también se les prometió la creación de una Fiscalía especializada para atender estos casos.
Sin embargo, aunque posteriormente se creó dicha agencia, ésta no funcionó como esperaban las víctimas, dado que su establecimiento fue utilizado públicamente para mostrar un supuesto avance en la atención de la violencia vicaria, pero que en la práctica no se contó con los Ministerios Públicos necesarios para atender los casos.
Al cuestionar a la fiscal Ruth, encargada de violencia familiar, sobre esta situación, se les explicó a las madres que no existe presupuesto para asignar Ministerios Públicos a la agencia especializada en violencia vicaria. Víctimas relatan que únicamente hay una Ministerio Público que recibe y abre las carpetas, pero que, cuando las víctimas acuden con ella para denunciar violencia vicaria, nuevamente se les informa que no existe una forma de encuadrar jurídicamente los hechos bajo ese delito.
Por ello, sostienen que las investigaciones terminan iniciándose como casos de violencia familiar, lo que, desde su perspectiva, mantiene el problema de fondo: que las víctimas no pueden denunciar los hechos y lograr que sean investigados formalmente como violencia vicaria.