El juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, con sede en los juzgados federales de Almoloya de Juárez, Estado de México, ordenó reanudar la diligencia hasta las 21:00 horas de este martes 20 de octubre.
La decisión respondió a la solicitud de la defensa del exfuncionario, que pidió más tiempo para revisar a fondo el expediente integrado por la FGR. La audiencia, además, se desarrollará a puerta cerrada, luego de que la fiscalía federal argumentó que la información a exponer podía generar un conflicto diplomático entre naciones.
Los abogados José Ramón Flores y Arturo Medel Casquera solicitaron 24 horas para estudiar el expediente, integrado por cuatro tomos con numerosas constancias y anexos. El juzgador únicamente autorizó la mitad de ese plazo, lo que derivó en el receso hasta la noche de este martes.
Al salir de los juzgados federales, Flores dijo en entrevista que, hasta ese momento, la defensa desconocía los hechos específicos que la FGR atribuye a su cliente, pues la representación social todavía no había formulado formalmente la imputación. El abogado explicó que el volumen del expediente hacía necesario un plazo mayor para construir una estrategia de defensa adecuada.
El caso se originó con el desmantelamiento de una red de laboratorios de drogas sintéticas en las comunidades de El Pinal, municipio de Morelos, realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua. Las autoridades estatales carecían de facultades para ejecutar ese tipo de operativos, reservados a la Federación, y no reportaron la acción a la Fiscalía General de la República (FGR) sino hasta que el operativo había concluido.
La FGR documentó que la comunicación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) a la Federación llegó el 18 de abril, con el operativo ya planeado y ejecutado. La Ley General de Salud otorga competencia exclusiva a la Federación para investigar delitos cuando existan elementos de participación de delincuencia organizada.