El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, fue vinculado a proceso penal por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, luego de que el juez de control Luis Alberto Simental Ortega determinara que existen elementos suficientes para continuar con la investigación judicial en su contra.
Sin embargo, el juzgador resolvió no vincularlo a proceso por el delito de coalición de servidores públicos, desestimando así una de las dos acusaciones formuladas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La resolución se dictó este jueves durante una audiencia celebrada en Chihuahua, en la que Jáuregui Moreno compareció mediante videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.
El procedimiento estatal está relacionado con el operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde presuntamente participaron agentes estadounidenses sin autorización del Gobierno federal.
Durante la audiencia, la defensa del exfiscal, encabezada por el abogado Héctor Villasana, cuestionó los elementos presentados por el Ministerio Público y sostuvo que no existen pruebas directas que acrediten que Jáuregui hubiera autorizado la participación clandestina de agentes extranjeros.
Pese a estos argumentos, el juez consideró que existen datos suficientes para mantener abierta la causa penal por ejercicio ilegal del servicio público, aunque no encontró sustento para proceder por coalición.
La resolución representa un resultado parcial favorable para la defensa, al quedar descartada una de las imputaciones estatales, aunque el exfuncionario deberá continuar enfrentando el procedimiento por el delito restante.
Cabe recordar que, en una audiencia anterior, el mismo juez había rechazado imponer prisión preventiva dentro de la causa estatal y establecido medidas cautelares distintas a la privación de la libertad.
No obstante, Jáuregui permanece recluido en El Altiplano debido a un procedimiento federal independiente, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de presunta traición a la patria.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria ni determina la culpabilidad del exfiscal, quien mantiene su presunción de inocencia mientras continúan las investigaciones y se desarrolla el procedimiento judicial.