El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó al robo de hidrocarburos, conocido como huachicol, como la principal fuente de financiamiento lícito para los cárteles mexicanos, superando cualquier otra actividad ajena al narcotráfico. Según el informe oficial, grupos criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Jalisco Nueva Generación han sofisticado sus métodos de extracción mediante la perforación de ductos de Pemex, el robo en refinerías y el secuestro de camiones cisterna.
Esta industria ilegal genera miles de millones de dólares anuales y ha creado un mercado negro transfronterizo donde el petróleo crudo es camuflado como “aceite usado” para ser introducido y vendido con descuento en empresas energéticas del suroeste de Estados Unidos.
La operación de estas redes delictivas no solo afecta las finanzas de Pemex y de compañías legítimas, sino que ha disparado los niveles de violencia y corrupción en México, particularmente en el llamado “Triángulo de las Bermudas” en Guanajuato. Las autoridades estadounidenses han impuesto sanciones directas contra el Cártel de Santa Rosa de Lima por facilitar este mercado energético ilícito que evade controles fiscales y debilita la seguridad regional.
El esquema incluye desde el soborno e intimidación a empleados de la paraestatal mexicana hasta redes de intermediarios internacionales que lavan las ganancias para devolver el capital a las organizaciones criminales, consolidando un poder económico que rivaliza con el tráfico de estupefacientes.